El presidente del Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, el diputado Giuseppe Alessandrello, descartó la existencia de irregularidades en el proceso de selección de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Frente a las alarmas encendidas por un miembro del comité evaluador, el parlamentario aseveró que el impasse responde únicamente a un malentendido que fue aclarado oportunamente durante la jornada matutina. La controversia surgió tras las observaciones formuladas por la abogada Raquel Sánchez, representante de la sociedad civil dentro del comité, quien advirtió sobre la presunta inclusión de candidaturas procedentes de un proceso anterior que había sido anulado.
Sánchez denunció además severas limitaciones en el acceso a los expedientes de las postulaciones, un factor que frena la revisión exhaustiva de los requisitos legales exigidos a los aspirantes, entre los que destaca la obligatoria renuncia a cualquier militancia político-partidista.
En declaraciones prestadas a los medios de comunicación en la sede del Poder Legislativo, Alessandrello negó rotundamente las acusaciones y tildó de falsa la existencia de postulaciones irregulares.
El parlamentario precisó que en la sede parlamentaria reposan carpetas con documentos de ciudadanos que aspiraron al TSJ en la convocatoria previa, pero aclaró que dichos folios carecen de todo valor operativo o incidencia en la contienda actual.
Explicó que la institución conserva esos caudales probatorios en consideración a los profesionales del derecho que residen fuera de la capital venezolana.
Subrayó que tales recaudos no han sido objeto de evaluación ni de análisis en la presente etapa. Asimismo, detalló que aquellos aspirantes que deseen medirse en este nuevo proceso no están obligados a consignar nuevamente su expediente académico y laboral ante la secretaría, aunque enfatizó que resulta indispensable que manifiesten formalmente y por escrito su voluntad de participar en la renovación del máximo tribunal del país.
La activación de esta convocatoria se produce luego de que el Parlamento abriera oficialmente el periodo de inscripción para renovar la directiva del Supremo, un organismo duramente cuestionado por sectores de la oposición que lo señalan de actuar bajo la línea del partido de Gobierno.
Para coordinar la selección, la Cámara juramentó a una instancia conformada por 11 diputados y 12 representantes de la sociedad civil. El equilibrio de esta instancia evaluadora ha sido objeto de análisis por parte de organizaciones independientes.
Un informe de la Organización No Gubernamental (ONG) Transparencia Venezuela reveló que dos de los miembros asignados en representación de la sociedad civil poseen vínculos directos con el chavismo, lo que eleva a 10 el número de perfiles afines al oficialismo al sumarse a los ocho parlamentarios gubernamentales. El grupo lo completan nueve ciudadanos sin afiliación política conocida, tres diputados de la bancada opositora y un integrante del cual no se dispone de registros.
El proceso de renovación de los magistrados del TSJ no constituye un hecho aislado, sino que responde a uno de los acuerdos políticos alcanzados el pasado agosto entre una fracción de la oposición venezolana y el Gobierno en la mesa de negociación que cuenta con la mediación y respaldo de Estados Unidos.
Caracas / Redacción Web
