Para el abogado penalista, Alberto Arteaga, el sistema de justicia no se reforma con una ley. Extraña los tiempos cuando los jueces desafiaban el poder político y la corrupción, mientras que hoy, subraya, “dan pena muchos que se atribuyen la especialidad de penalistas”.
–Especialistas denuncian que en Venezuela rige una dictadura judicial. ¿Cómo se enfrentan estas dictaduras?
–Debe regir la dictadura de la ley en manos de un verdadero Poder Judicial autónomo e independiente.
–¿El golpe judicial más artero de los últimos tiempos?
–Sin duda, hace 29 años la destitución de Carlos Andrés Pérez, quien se sometió a la justicia, aunque “hubiera preferido otra muerte”.
–¿Qué opina de la reforma de la Ley del Sistema de Justicia aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional?
–Las reformas incesantes de leyes son la mayor demostración de su ineficacia. El sistema de justicia no se reforma con una ley.
–¿Lo mejor del actual sistema judicial?
–Lo mejor, con respecto al actual “sistema judicial” es el cuestionamiento del propio oficialismo sobre el grave estado de la justicia, lo cual, reconocido, se queda en declaraciones retóricas.
–¿Lo peor?
–Lo peor es que el ciudadano no cree en el “sistema de justicia” y se conforma con apelar a la justicia divina.
–¿Una nostalgia judicial?
–Los jueces que han desafiado al poder político y no se han prestado a la corrupción.
–¿La falla en democracia que llevó a este llegadero?
Inmadurez, inestabilidad del gobierno temeroso de acciones en su contra.
–¿El colmo de la impunidad?
–Que no se sancione a quienes delinquen y que se castigue a quienes denuncian graves hechos que afectan a toda la colectividad.
–¿Han pasado inadvertidas ante el mundo las denuncias de tortura en Venezuela?
–No han pasado inadvertidas, aunque los malos tratos y torturas pretenden ocultarse con el cierre de prisiones, con el traslado de presos, con procesos que se olvidan con el paso del tiempo y con “la casa por cárcel” como consuelo.
–¿Han cedido las presiones de la Corte Penal Internacional?
–Los organismos internacionales son de respuestas tardías, las investigaciones son lentas y una justicia que no se manifiesta a tiempo es la negación de la justicia
–¿Es ciega y sorda la justicia en Venezuela?
–Solo ve hacia un lado, no oye porque las audiencias se difieren; y cuando habla, nadie la entiende por la jerga leguleyesca.
–A pesar de estar simbolizada por una dama, ¿por qué la justicia es tan golpeada?
–Porque no tiene quien lo defienda.
–El Gobierno pregona que nunca hubo tanta presencia femenina en el ámbito judicial. ¿Ha traído ello mejoras?
–La presencia femenina, con su fuerza, no ha podido aplicar el peso de la ley que entre nosotros no tienen peso.
–¿Reformaría el derecho penal?
–Hay que reformar a los hombres y mujeres del derecho penal.
–¿Qué ha pasado con la Ley de Amnistía?
–Que estando destinada al olvido de los delitos políticos, los políticos se olvidaron de ella.
–¿El artículo constitucional más violado?
–El que dispone que todos somos iguales ante la ley.
–Pese al artículo 214 de la Constitución, el régimen no libera a los presos políticos…
–No los libera porque quien gobierna los considera una amenaza para la “estabilidad institucional” que se traduce en la permanencia en el poder.
–¿Qué le falta a un preso político para llegar a ser un político preso?
–Que cometa un verdadero delito… lo de “políticos presos” es una invención política, un macabro juego de palabras.
–¿La injustica judicial más célebre?
–Lavarse las manos y pretender acallar la conciencia de la injusticia de condenar sin demostrar culpa en el acusado.
–¿Quién controla al TSJ?
–Al Tribunal Supremo de Justicia lo controla el poder, temeroso de un “descuido” o un autogol con alto costo político.
–¿Al fiscal?
–El fiscal parece tener muy lejos lo de “parte de buena fe “.
–¿Quién controla al contralor?
–El contralor, lamentablemente, se ha hecho notar, no por controlar, sino por las inhabilitaciones a cargos de elección en contra de la Constitución, mientras la corrupción se ha extendido sin límite alguno.
–¿Vale la pena denunciar en Venezuela?, 70% de la población no lo haría…
–Denunciar en Venezuela y defender los derechos humanos es tarea que implica graves riesgos y muy probables acciones por difamación, vilipendio o instigación al odio.
–¿Son interpelados los funcionarios públicos hoy?
–Las interpelaciones de los funcionarios públicos, si las hay, se quedan en secretos de confesión.
–¿Entre el poder judicial de la democracia y el de la “revolución”?
–Hay diferencias, pero también vicios que permanecen enquistados. La autonomía judicial es una materia pendiente y, una y otra vez, quedamos raspados.
–¿Da pena el Derecho Penal?
–Dan pena muchos que se atribuyen la especialidad de “penalistas”.
–¿Qué será de las ONG ante las amenazas del Gobierno?
–Las ONG seguirán luchando por la democracia y el respeto a los derechos humanos.
–¿La paradoja de la justicia nacional?
–Que tengamos “palacios de justicia”.
–¿Incentiva la delincuencia el populismo?
–El populismo siempre ofrece la reforma del sistema de justicia, la lucha contra el delito y el fin de la corrupción… y todo se queda en promesas.
–¿Penaría por igual a un delincuente y al juez que lo libera?
–Un juez que merece ser juzgado condena a toda una sociedad.
–¿Qué puede y qué no puede hacer un juez honesto en este país?
–Un juez honesto debe tener conciencia de que sus días en el cargo judicial están contados y su carrera está en riesgo si enfrenta el poder económico o político.
–¿Garantizan la Fanb la paz en el país?
–La Fanb no garantizan la paz. Esta se garantiza por el respeto a la ley y a los derechos humanos.
–¿Un temor?
–A que nos acostumbramos al imperio de la arbitrariedad o cedamos ante los halagos de la violencia, la venganza o el odio.
–¿Una esperanza?
–La fe sencilla de nuestro pueblo, los valores cristianos, el espíritu solidario del venezolano.
–¿La salida constitucional?
–El dialogo y la exigencia de un liderazgo renovado que se haga acreedor a la confianza del pueblo.
De perfil
Alberto Arteaga Sánchez (1938) es abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en 1965. En 1967 cursó estudios de Postgrado en la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), donde se especializó en Derecho Penal. En 1973 culmina sus estudios de especialización en la Universidad Degli Studi Di Roma. Se ha desempeñado como profesor en el Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas de la máxima casa de estudios. Fue Jefe del Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas y Jefe de la Cátedra de Derecho Penal, en 1979; Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, en 1984, reelecto para el período 1987-1990. Se ha destacado como ponente en diversos seminarios, cursos y conferencias. Es autor de obras jurídicas y artículos de opinión en materia jurídico-penal. Como individuo de número, ocupa un sillón en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.
Caracas / Jolguer Rodríguez Costa
