El gobierno de Nicolás Maduro configura un andamiaje legal legal para sacar del juego político a la disidencia, acentuar el miedo en el ciudadano y aumentar la presión sobre los medios de comunicación.
El mandatario ejecuta esta estrategia mientras se aproxima el 10 de enero, fecha en la que planea tomar posesión, pese a los señalamientos de supuesto fraude que giran en torno a los resultados de las presidenciales del 28 de julio, pero también preparando el terreno para los eventos electorales previstos para 2025: comicios regionales y elecciones de la Asamblea Nacional.
La jugada más reciente del oficialismo fue la aprobación de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar. Expertos consultados por TalCual consideran que al mejor estilo del régimen de Daniel Ortega, en Nicaragua, el instrumento llega con la amenaza de cerrar aún más el espacio cívico y con la implementación de acusaciones y penas sesgadas y bajo discrecionalidad del gobierno.
El instrumento da a las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro facultades para sacar del juego políticos a quienes ellos consideren que «avalan» sanciones o «medidas coercitivas», con una pena accesoria de hasta 60 años a quienes considere culpable. También establece hasta 30 años de prisión contra quienes participen en hechos que atenten contra la paz del país. Lo antes expuesto está establecido en los artículos 11 y 12.
Para las fuentes consultadas, el gobierno de Maduro ha sido hábil en preparar el terreno para cerrar el espacio cívico ahora que se sabe «amenazado».
Lo primero que hay que decir es que la aprobación de la Ley Orgánica Simón Bolívar no es un hecho aislado y tampoco improvisado. La Asamblea Nacional (AN) de 2020 lleva rato moviendo sus hilos para apretar la tuerca no solo a la oposición, sino también a los sectores de la sociedad civil que disienten de sus políticas.
Este año, el parlamento -controlado por el oficialismo-, aprobó la ley que regula las organizaciones no gubernamentales; la ley contra el fascismo y la ley por la defensa del Esequibo: todas han sido objetadas por defensores de derechos humanos, por considerar que vulneran derechos políticos y civiles.
«Lamento que tenga el nombre del Libertador Simón Bolívar una ley tan represiva como esta. Esto se enmarca en lo que conocemos en la doctrina jurídica como populismo punitivo», afirma a TalCual Juan Carlos Apitz, decano de la facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
A su juicio, la denominada Ley Libertador Simón Bolívar está acompañada de la Ley Contra el Odio que, opina, trata de lo mismo, «perseguir a la disidencia, inhabilitar a cualquier opositor, perseguir a medios y tratar de limitar las redes sociales».
Apitz subraya que la sanción de la mencionada norma forma parte de un plan «muy bien orquestado» de control social. Explica que, como otras leyes, esta también tiene como objetivo tratar de instaurar la verdad oficial y gubernamental y «aniquilar» cualquier cosa que vaya en contra. «Se busca imponer la verdad electoral que el gobierno propugna y que los venezolanos conocemos tras la exhibición de las actas. Esa es la información que no quieren que se siga propagando», comenta.
Juan Carlos Apitz es claro al señalar que la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar arremete contra los derechos políticos civiles de la población y no solo de la dirigencia política. Alerta que es también un zarpazo a la libertad de expresión.
«Esta ley acentúa el miedo en la gente porque muestra el talante de este gobierno. Todos saben que no tiene escrúpulos a la hora de violar derechos humanos», expresa. Lo anterior, según comenta, «hará que la gente retroceda si quisiera protestar, incluso por alguna política pública en la que se sienta afectado».
Aunque la norma, según lo expuesto en la AN-2020 durante los debates, habla de que su bandera principal es la paz, para el abogado el instrumento está lejos de propiciar este valor. Recalca que con el articulado queda en evidencia cómo una «minoría» que ejercer el poder «pretender someter» a la mayoría.
Advierte que la ley recrudece la discrecionalidad entre los poderes Ejecutivo, Judicial y Ciudadano para favorecer a una parte específica. En este sentido, recuerda que la norma contempla la creación de un registro en el que serán incluidos quienes el gobierno considere que han apoyado sanciones.
«Esto tiene por antecedentes la lista Tascón, con la que se amedrentó a los venezolanos que firmaron por el referendo durante años. Tendrán estos criterios sin que nadie pueda defender o cuestionar las razones por las que están incluidos en esta lista», dice.
Por lo anterior, insiste que la ley se constituye en una amenaza permanente y en una «espada de Damocles que pende sobre cualquier venezolano que intente expresar su opinión».
Piero Trepiccione ve con preocupación las jugadas de Maduro y su cúpula de funcionarios para atornillarse más en el poder. A su juicio, el andamiaje legal que el oficialismo ha impuesto se asemeja al caso Nicaragua, país en el que, argumenta, su presidente, Daniel Ortega, lleva años aprobando leyes que criminalizan la participación política distinta a sus ideales.
Trepiccione sostiene que una vez más el gobierno de Maduro busca hacer de la política que le incomoda un crimen.
«Salvaguardando distancias y dimensiones y con sus particularidades hay similitudes» dice a TalCual. Pone como ejemplo la Ley Contra las ONG, que junto con otros instrumentos «configuran un cuadro de restricción masiva».
En Nicaragua, desde el 2018 hasta agosto de este año se contabilizaban 5.200 ONG anuladas por el gobierno de Daniel Ortega. Todo comenzó por las protestas ciudadanas que se suscitaron hace seis años. El mandatario canceló personería de las asociaciones que funcionan como organismos sin fines de lucro, entre ellas organizaciones católicas, defensoras de la diversidad sexual, educativas, sociales y de militares retirados.
El caso Nicaragua, contrastado por Trepiccione, es largo y tendido. En 2022, Daniel Ortega expulsó a la OEA del país y tomó posesión de cinco alcaldías que habían sido dirigidas por opositores.
Este año, la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el gobernante Frente Sandinista, aprobó una serie de reformas constitucionales impulsadas por Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. La propuesta fue denominada «Ley de protección de los nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas». La reforma afectó a más de 100 artículos de la Constitución que el gobierno de Ortega ya ha enmendado en 12 ocasiones desde 2007, incluida una que le permitió ser reelegido de forma indefinida en el cargo.
«Toda Nicaragua está bajo arresto. Incluso los nicaragüenses que piensan que pueden caminar libremente están privados de su libertad. Nicaragua se ha convertido en una gran prisión», ha dicho a la BBC el opositor Félix Maradiaga, quien estuvo preso por 611 días y luego fue desterrado.
Para Fernando Spiritto, también politólogo, no hay dudas del «tinte totalitario» que se le imprimió a la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar. Advierte que la norma, en el plano político, «niega todos los derechos que puede tener un ciudadano en una democracia moderna», entre ellos libertad de expresión, asociación y de ser elegido para ostentar cargos públicos.
«Deja al gobierno a total discreción el castigo para los que no estén en cónsonos con sus puntos de vista y dominación. No me cabe dudas de que es una vuelta más a la tuerca que el gobierno da para presionar, desde el 28 julio», dice.
El experto argumenta que esta «vuelta al tornillo» obedece a que es sabido por los funcionarios del oficialismo que la ciudadanía no los reconoce como «legítimos». Agrega que ahora mismo no tiene otra forma de mantenerse al frente de la administración, sino a través de la fuerza. Apunta que esta norma persigue negar el pluralismo inherente que tiene cualquier sociedad.
Coincide en el hecho de que las jugadas políticas del gobierno cada vez más se parecen al «libreto» que ha ejecutado el gobierno de Daniel Ortega. Agrega que las autocracias se apoyan unas a otras porque están aisladas en el escenario internacional.
Juan Carlos Apitz, y Trepiccione coinciden en la idea de que la jugada del gobierno busca hacer que la participación quede circunscrita a factores políticos que se muevan en una misma línea y con poco margen de maniobra distinto al que pregona el Estado.
Para Trepiccione, las acciones del gobierno responden a eventos puntuales que evidenciaron el debilitamiento del control social del Estado hacia la ciudadanía. Comenta que uno de esos eventos fueron las elecciones primarias de octubre de 2023, en las que, según la oposición, participaron más de tres millones de ciudadanos, incluso en zonas que eran catalogadas como oficialistas.
Posteriormente, añade, fue el referendo del Esequibo del 3 de diciembre de 2023, el que dejó ver que el fanatismo por la propuesta oficialista decayó. A lo anterior se sumó toda la movilización ciudadana que se logró antes de las elecciones y el mismo día de los comicios.
A los hechos descritos por el experto, podrían añadirse las elecciones regionales de 2021 en las que la oposición le ganó dos veces al aspirante chavista.
Para el experto, en cada uno de esos eventos, la población demostró cuál es la tendencia de opinión pública. Ante eso, que para Piero Trepiccione es un riesgo para la administración de Maduro, el gobierno busca restringir la participación política y el pluralismo para reducir los costos que la libertad de opinión le podrían generar.
Para el politólogo, la ley significa una contradicción, pues aunque el gobierno denuncia el fascismo, los instrumentos que sanciona y la discrecionalidad que se le otorgan en el articulado son conductas que “realmente son fascistas”.
Agrega que “si se estudian conductas del fascismo italiano y alemán, resulta que esto es lo mismo: una estrategia en la que el Estado transmite a los ciudadanos que están siendo vigilados las 24 horas”.
Con respecto a las sanciones contra medios de comunicación que, según el gobierno, invoquen sanciones, destaca que lo que se busca es que circule la información que mejor le convenga. “Quieren que no haya pluralismo, sino que los medios repliquen los temas que a ellos (el poder) les interesa, que se repitan”.
En el artículo 21 de la mencionada ley se establece que los prestadores de servicios de radio y televisión que difundan publicidad, propaganda o mensajes promoviendo la imposición de sanciones serán multados con la revocatoria de la concesión y un monto en bolívares equivalente a entre 100.000 y un millón de veces el tipo de cambio de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela. A petición de la diputada Tania Díaz se aprobó la inclusión en la norma de los medios digitales para ser sancionados, con una prohibición de operar en la nación y la suspensión de la emisión de las cuentas o plataformas en el territorio nacional.
En el artículo 13 de la Ley Orgánica Simón Bolívar se establece que el juez o jueza «impondrá en la sentencia condenatoria por los delitos la pena accesoria de inhabilitación política hasta por 60 años», un revés a la petición expresa del presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, quien inicialmente aseveró que la medida sería de por vida.
En esta misma línea, el artículo 9 establece que no podrán postularse a cargos de elección popular las personas que antes de la elección hayan promovido, invocado, favorecido o participado en la adopción o ejecución de medidas contra la población, los poderes públicos o autoridades por parte de los otros Estados. Tampoco lo podrán hacer quienes hayan obtenido lucro o beneficio alguno en la ejecución de las sanciones o quienes actúen, invoquen o respalden acciones armadas que afecten a la soberanía, a ataques cibernéticos.
El instrumento jurídico establece que el proceso aplicable para la investigación y sanción de los delitos previstos en esta normativa se desarrolla conforme a lo previsto en el Código Orgánico Procesal Penal. Se dejó claro que «en caso de que el procesado o acusado en estado contumaz se niegue a asistir a la audiencia preliminar o a las audiencias del juicio oral y así conste en autos se entenderá que no quiere hacer uso de su derecho a ser oído por lo que se procederá a hacer la audiencia respectiva con su defensa, si asiste o en su defecto con la defensa que se le asigne».
Juan Carlos Apitz, decano de la facultad de ciencias jurídicas y políticas de la UCV, emplaza a la AN a derogar la ley. Destaca que es inconstitucional y argumenta que el artículo 42 de la Constitución establece que a nadie se le puede arrebatar sus derechos políticos. Afirma que esta es una ley “discriminatoria”.
Sostiene que es irregular que la inhabilitación política parezca la pena principal en lugar de la accesoria.
«La privación de la libertad comienza a ser ahora un elemento secundario. Lo que de por sí es un absurdo jurídico. Consagraron la inhabilitación por vía administrativa, que va a ser de manera libérrima la Contraloría y una inhabilitación que la llevará adelante el TSJ», añade.
Afirma Apitz que, partiendo de la premisa de que «no hay separación de poderes, terminará pasando que esos poderes acatarán lo que les dicte el Poder Ejecutivo».
Por otra parte, rechazó los juicios en ausencia, pues estos están impedidos según el Código Orgánico Procesal Penal. «Todo esto está dirigido a reprimir a la disidencia política a toda costa y sin importar si eso cuesta echar por la borda el ordenamiento jurídico».
Agrega que «esta ley, lejos de respetar el derecho a la defensa, la conculca, pese a que es un derecho humano. Por muy delincuente que sea considerado alguien, se le permite defenderse».
La idea la complementa Piero Trepiccione, quien dice que no solo perjudica a partidos y liderazgo políticos, sino a toda persona que tenga intenciones de quejarse por alguna razón. «Esto implica un menoscabo de los derechos políticos y civiles, entre ellos el de la protesta», detalla.
Explica que una simple manifestación, aunque esta no tenga carácter partidista puede ser objeto de la ley, si se toma en cuenta el artículo 12, que establece que toda persona que participe o aúpe actos violentos en el país. En este sentido, recuerda el precedente del contexto poselectoral en el que más de dos mil personas fueron detenidas y acusadas de terrorismo.
«Esto tiene relación con el tema del relanzamiento del Estado Comunal que hace el gobierno», dice Trepiccione, quien explica que «se trata de una distribución del poder que se hace por cooptación, una estrategia usada en sistemas no centralistas que hacen sufragios asamblearios. De alguna manera se les imponen cortapisas a los ciudadanos y las formas de participación, lo que aumenta el riesgo de que la gente no exprese opiniones contrarias a las expresadas por las cúpulas dominantes».
