Paradójicamente, pese a la disminución del índice de protestas en el último cuatrimestre, las acciones de represión por parte de organismos de seguridad del Gobierno y colectivos se han mantenido y en algunos casos reforzado, según afirman ONG y activistas de derechos humanos.
El coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas, relató que cuando los vecinos llegan a manifestar a una plaza pública en el centro de la capital, son agredidos y desalojados por colectivos armados.
El 23 de julio de 2020, el dirigente social fue detenido cuando acompañaba una protesta de trabajadores jubilados y pensionados del Seguro Social en el centro. En aquel entonces, los adultos mayores intentaron desplegar la bandera nacional al momento de dar declaraciones a los medios, pero fueron reprimidos por efectivos de la GNB, con el apoyo de colectivos. Rojas estuvo detenido por 10 horas.
Durante los primeros cuatro meses de 2020, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó al menos 36 protestas reprimidas en 16 entidades del país, dejando un saldo de 23 detenidos, seis heridos y una persona fallecida. El 13 de enero fue asesinado Tomás Eduardo Romero Castillo (38), por herida de arma de fuego, en el municipio Ricaurte del estado Cojedes, durante un intento de saqueo contra un camión transportador de pollos. Testigos señalaron como responsables a funcionarios de la Guardia y las policías Nacional Bolivariana y del estado Cojedes.
La defensora de Derechos Humanos, Tamara Suju, alertó recientemente sobre la creación de las llamadas Cuadrillas de Paz (Cupaz), una nueva policía destinada al control de sectores sociales y a evitar manifestaciones públicas.
Según Suju, la misión de esta organización es inhabilitar toda acción de protesta con grupos de choque armados y en motos, funcionando “como espías del malestar social para evitar estallidos”.
La nueva “policía” estaría conformada por al menos 1 mil 500 hombres y mujeres que a su vez son trabajadores de distintas organizaciones públicas. Solo en Caracas habría más de 800 personas integrando las Cuadrillas de Paz.
El director del OVCS, Marco Ponce, expresó que mientras los ciudadanos buscan la fórmula de sobrellevar la crisis, la gestión gubernamental insiste en utilizar el control social para que los ciudadanos no exijan sus derechos, y sobre todo, tengan miedo a la hora de expresarse en las calles.
“Ese control social se manifiesta con hechos cuando vemos a nuevas agrupaciones que buscan reprimir las manifestaciones, como el caso de las Cupaz, creadas para evitar presuntos ‘estallidos sociales’, o legislaciones que intentan anular a la sociedad civil representada en las ONG, que a su vez sirven de acompañamiento en el tema de derechos humanos de la población. Más allá de la represión tradicional, vemos que la respuesta institucional es anular al ciudadano para que no exija sus derechos”, agregó Ponce.
Caracas / Corresponsalía
