Acceso a la Justicia rechazó la detención de cinco miembros de la Organización No Gubernamental (ONG) Azul Positivo, ocurrida el pasado 12 de enero.
El abogado Alì Daniels, director de Acceso a la Justicia, subrayó que los delitos que le fueron imputados no tienen base legal. “Se trata de otro ataque de la Administración de Maduro contra quienes ayudan a los más necesitados”.
Hace una semana efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Servicio de Investigación Penal del Estado Zulia (Sipez) allanaron la sede de la ONG ubicada en Maracaibo, con el objetivo de realizar un presunto procedimiento administrativo relacionado con el programa humanitario.
Detenidos
Entre los detenidos se encuentra Juan León, director general de la organización. Azul Positivo busca ayudar a la población VIH positiva en el estado Zulia, pero recientemente, extendió su acción a otros grupos vulnerables.
Dentro de los delitos imputados figura el de legitimación de capitales. “De acuerdo con el artículo 4, numeral 15 de la misma Ley de Legitimación de Capitales, este es el proceso de esconder o dar apariencia de legalidad a capitales, bienes y haberes provenientes de actividades ilícitas.
Es decir, que este delito tiene 2 supuestos, primero que el origen de los fondos sea ilícito y en segundo lugar que se pretender esconder o aparentar que esos capitales o bienes son legales”, indicó Daniels.
Añadió que en el caso de Azul Positivo no existe legitimación de capitales porque los fondos provienen de la cooperación internacional. Además, “el dinero no se mantiene en manos de los responsables de la organización, sino que termina como alimentos para los beneficiarios, de modo que no queda nada que legitimar”, expresó.
Más argumentos
Por otra parte, Daniels subrayó que en el caso de Azul Positivo no hay asociación para delinquir. “No hubo actividad delictiva alguna, ni intención de delinquir”, señaló.
El abogado también rechazó, en información enviada a los medios de comunicación, la acusación por el uso fraudulento de tarjetas inteligentes. Daniels argumentó que el programa ejecutado por Azul Positivo se ejerce en zonas populares con familias en riesgo de no cubrir sus necesidades vitales se escogen aquellos casos que estén más comprometidos, previo estudio socioeconómico: “Se les da unas tarjetas para que adquieran alimentos de la canasta básica en abastos de la zona”.
“El caso de Azul positivo no tiene base legal alguna y no es más que otro ataque contra las organizaciones humanitarias que dan comida y otros insumos de primera necesidad a quienes los necesitan y que tristemente son las primeras víctimas de la paralización de estos programas por la persecución oficial. Por todo lo expuesto, debemos concluir entonces que la detención de los trabajadores humanitarios no sólo es injusta, sino que es, sobre todo, inmoral”, aseveró el director de Acceso a la Justicia.
Caracas / Corresponsalía
