El juez peruano Rafael Martínez resolvió este sábado, tras casi tres meses de una audiencia maratónica, abrir un proceso penal contra el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) por el caso de las esterilizaciones forzadas cometidas durante su mandato a más de 1.300 mujeres, en su mayoría pobres e indígenas.
En la decimoquinta sesión de la audiencia de lectura de resolución, que comenzó el 14 de septiembre, el titular del Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio de la Corte Superior Nacional desveló finalmente su fallo y acabó así con la incertidumbre de las víctimas, que llevan 25 años a la espera de Justicia.
Martínez decidió investigar en sede judicial a Fujimori y a sus exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, quien actualmente es congresista del partido fujimorista Fuerza Popular, como autores mediatos (con dominio del hecho) del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones graves, seguidas de muerte, en un contexto de grave violación de derechos humanos.
El exmandatario de Perú, de 83 años, ya cumple una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad como autor mediato del asesinato de 25 personas en las masacres de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas a cargo del grupo militar encubierto Colina.
Lima / Redacción Web
