Los feriados por Carnaval y las reiteradas suspensiones de actividades laborales y académicas por las fallas eléctricas a nivel nacional trajeron como consecuencia que en el mes de marzo los alumnos en todos los niveles educativos sólo hubieran visto ocho días de clases. A ello se suma la imposibilidad de que el periodo escolar sea extendido. Al menos así lo dejó claro la presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) en Anzoátegui, Maira Marín.
La dirigente gremial aseguró que, legalmente, los docentes comienzan las vacaciones a partir del 31 de julio y duda que estas puedan ser interrumpidas de mutuo acuerdo, tomando en cuenta la inconformidad del magisterio con los salarios y las condiciones en las que laboran.
“Lamentablemente, este será el año escolar más atípico por el franco deterioro en que está la educación y la misma situación del país. El Gobierno nacional es el único responsable, aquí no hay otro, porque de acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Gobierno es quien debe garantizar la educación, la salud, la seguridad, los servicios y la estabilidad económica y social”.
Agregó que a las autoridades se les ha venido diciendo cómo se deben mejorar, por ejemplo, los espacios educativos, pero los reclamos están sin respuesta no sólo a nivel nacional, sino también regional.
Marín manifestó que el Ejecutivo pudiera realizar una reprogramación de forma administrativa. Sin embargo, no se podrá recuperar el tiempo perdido por las contingencias, y más cuando este fin de semana culmina el segundo lapso del periodo académico.
“No hay tiempo desde ningún punto de vista. Yo pudiera hacer una reprogramación de asignar tareas de autoaprendizaje, por ejemplo, pero si el muchacho no avanza de manera presencial porque presenta una serie de condiciones a las que se les suma lo académico, cómo lo podrá hacer a distancia”.
Reclamos sin respuesta
Entre los reclamos que ha venido haciendo el gremio, la dirigente sindical recordó que desde agosto del año pasado, el sector de jubilados ha acudido ante la dirección de Recursos Humanos de la Gobernación de Anzoátegui para exigir la actualización de los salarios, que están por debajo de la tabla impuesta por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), pero no ha recibido respuesta.
“Hay un salario promedio de 24 mil bolívares mensuales. Estamos claros que los salarios no son una gran cosa, pero tienen que pagar lo que corresponde. Hay más de tres mil 400 jubilados afectados”.
A esto, Marín también le sumó la reconducción del presupuesto de 2018, lo que significa que no hay reclasificaciones y titularidad para los cargos. Ello ha agravando más la situación de los educadores.
“La seguridad social tampoco existe. Entonces ante esta situación, cómo le pides a los docentes activos que sacrifiquen parte de su periodo vacacional para reprogramar el año escolar, cuando es responsabilidad del Gobierno nacional”.
Barcelona/ Elisa Gómez
