El Comité de Postulaciones Judiciales, conformado por 11 diputados de la Asamblea Nacional (AN) y 12 representantes de la sociedad civil, quedó formalmente instalado este viernes con el objetivo de iniciar la evaluación de los perfiles de los aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El presidente de la instancia y diputado oficialista, Giuseppe Alessandrello, informó que durante el encuentro inicial se aprobó por unanimidad el reglamento de funcionamiento interno y el cronograma de actividades.
Asimismo, anunció que el comité se reunirá el próximo lunes para definir aspectos operativos antes de abrir oficialmente el proceso de postulaciones.
"Todo lo que elaboramos lo decidimos de manera unánime y los auspicios con el trabajo del comité son positivos", aseguró Alessandrello a través de los canales oficiales del Parlamento, donde detalló que se diseñará de forma colectiva un baremo técnico para ponderar el mérito académico, la trayectoria laboral y las aptitudes profesionales de los candidatos. Recordó, además, que los magistrados actuales tienen impedimento legal para postularse nuevamente al mismo cargo.
Por su parte, el politólogo Guillermo Tell Aveledo, en representación de la sociedad civil, destacó que la elaboración del reglamento se desarrolló bajo un clima de transparencia, colaboración y rigurosidad.
La juramentación de los 12 representantes ciudadanos se llevó a cabo el jueves, tras superar una fase de evaluación conducida por los 11 parlamentarios designados en septiembre. El grupo está compuesto mayoritariamente por mujeres y profesionales del derecho, postulados de manera independiente o respaldados por gremios, ONG y asociaciones civiles.
No obstante, una investigación de la organización Transparencia Venezuela advierte sobre la composición política del comité: dos de los representantes civiles tendrían vínculos con el oficialismo. Sumados a los ocho diputados del partido de gobierno, el sector afín al chavismo cuenta con 10 integrantes, frente a nueve ciudadanos sin adscripción partidista conocida, una persona sin registros públicos determinantes y tres diputados de oposición.
Como mecanismo complementario para garantizar equilibrios, operará en paralelo un consejo de siete juristas —cuatro de ellos designados por consenso con la oposición—, concebido como un filtro adicional para promover la independencia y equidad en el máximo tribunal.
Esta reestructuración forma parte de los acuerdos alcanzados en el marco del proceso de diálogo político orientado hacia una transición institucional.
Caracas / Redacción web
