Mediante un documento consignado ante la sede local de la Defensoría del Pueblo, miembros de la sociedad civil en El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, expusieron que las fallas eléctricas han dejado de ser un problema técnico para transformarse en una vulneración directa a los derechos humanos.
Los ciudadanos integraron una comisión, designada durante una asamblea general previa que se desarrolló en la sede de la Cámara de Comercio e Industrias de la localidad, para representar a los diversos sectores del municipio.
Ramón Quiñones, presidente de la Cámara de Comercio, reseñó que la calidad de vida de los pobladores y comerciantes de la ciudad se ve trastocada desde marzo de este año, con racionamientos diarios que oscilan entre cinco y más de 12 horas continuas.
Consecuencias múltiples
En el comunicado, los denunciantes señalaron que la falta del servicio eléctrico genera una ola de afectaciones en la operatividad de centros asistenciales, distribución de agua potable, actividades comerciales, laborales y educativas, además de severos daños en electrodomésticos y pérdida de alimentos perecederos.
Amparados en los artículos 19, 23, 25, 27, 29, 30 y 280 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los voceros civiles instaron a la Defensoría a ejercer sus atribuciones de vigilancia, defensa e intermediación frente a las autoridades del sector eléctrico.
La exigencia principal se centra en la publicación inmediata y transparente de un cronograma oficial de cortes programados que permita a la población tigrense tomar previsiones frente a la contingencia, así como un balance técnico que precise los tiempos estimados para la solución estructural de la crisis.
El Tigre / Damary Díaz
