La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó el 27 de abril de 2026 la Resolución 32/2026, mediante la cual concedió medidas cautelares a favor de Germán Darío Giuliani, al considerar que enfrenta una situación de gravedad y urgencia que pone en riesgo sus derechos a la vida, integridad personal y salud en Venezuela.
De acuerdo con la solicitud, Giuliani, de nacionalidad argentina, permanece privado de libertad desde mayo de 2025. Se indicó que enfrenta restricciones en la comunicación, lo que ha impedido a sus familiares obtener información oficial sobre su estado de salud, condiciones de reclusión o ubicación exacta dentro del Complejo Penitenciario de Yare. La CIDH señaló además que el Estado no proporcionó información sobre el caso.
Tras evaluar los elementos presentados, la Comisión concluyó que, dada su condición de detenido, la falta de contacto con sus allegados y la ausencia de datos oficiales sobre su situación, existe un riesgo latente de daño irreparable. También advirtió que no cuenta con información estatal que permita determinar si se están adoptando medidas para mitigar dicho riesgo.
En este contexto, el organismo solicitó a Venezuela adoptar acciones inmediatas para proteger los derechos fundamentales de Giuliani, incluyendo la confirmación formal de su ubicación y la garantía de condiciones de detención acordes con estándares internacionales. Asimismo, pidió facilitar la comunicación con familiares, abogados y autoridades consulares, además de otorgar acceso al expediente judicial, en caso de existir.
La resolución también insta a las autoridades a informar si el ciudadano ha sido imputado y presentado ante un tribunal competente, así como a garantizar su integridad dentro del centro de reclusión. Entre las medidas adicionales, se incluye la realización de una evaluación médica urgente, el acceso a atención sanitaria adecuada, agua potable y alimentación suficiente.
La CIDH subrayó que el otorgamiento de estas medidas cautelares no implica un prejuzgamiento sobre posibles violaciones de derechos humanos. El organismo, adscrito a la Organización de los Estados Americanos, tiene el mandato de promover y proteger los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo en esta materia.
Washington / Redacción web
