Acción Democrática en Resistencia emitió este lunes un comunicado, en el cual, además de expresar su pesar por la muerte del exgobernador Alfredo Díaz, fallecido este fin de semana en detención en el Helicoide, señala que fue encarcelado injustamente hace más de un año, sin las garantías de debido proceso, “permaneciendo en condiciones que jamás debieron vulnerar sus derechos fundamentales”.
Agrega que la muerte de Díaz ocurrió en custodia del Estado y en medio de una lucha en instancias nacionales e internacionales, para exigir su liberación y la de todos los presos políticos. “Lo sucedido nos hiere, a su familia, a nuestra organización, a todos quienes creemos en la dignidad humana como fundamento indeclinable de la vida republicana”.
El secretario general de AD en Resistencia en Cumaná, Robert Alcalá, en el exilio, señaló que la muerte de Díaz causa consternación, frustración e impotencia, porque “ni Alfredo, ni los otros 16 presos políticos que han muerto desde el 2016 hasta ahora, en las cárceles del régimen, merecían morir de esa manera”.
Alcalá señaló que la Constitución Bolivariana garantiza el derecho a la vida de los privados de libertad, de los que están bajo custodia del Estado y más aún, “casos como el de Alfredo, que han sido secuestrados y los mantienen en cautiverio de manera ilegal e inconstitucional a venezolanos que no han cometido ningún delito, solo por defender el triunfo del 28 de julio de 2024, cuando Edmundo González ganó la Presidencia de la República”.
Vínculo
Resaltó que Díaz, desde su acción como dirigente político, mantuvo un vínculo constante con el estado Sucre, “son muchos los sucrense que recibieron una muleta, una silla de rueda, una andadera, un equipo médico de parte de Alfredo Díaz, que le metía la mano a los sucrenses”.
Denunció que el dirigente fue cambiado de celda sin razón y que fue llevado a Nueva Esparta sin permitir la autopsia de ley. “Todavía están funcionarios del Sebin, acechando la casa de los padres del Alfredo donde está siendo velado”.
Alcalá señaló que el gobierno no permite que se realice una autopsia privada, independiente. “Lo cierto es que Alfredo murió bajo custodia del Estado venezolano y son responsables quienes hoy gobiernan”.
Agregó que tampoco se permitió el debido proceso en su caso, porque ni designar abogado podía, no había sido presentado en tribunales y no había elementos de convicción en los delitos que se le imputaban, dijo.
Sucre / Corresponsalía
