La represión del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo trasciende sus propias fronteras y alcanza a sus críticos en el exilio, según denuncian expertos de la ONU, que instan a otros Estados a exigir responsabilidades a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya.
Un informe sobre la represión transfronteriza de ciudadanos nicaragüenses, presentado este martes por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, recuerda los cientos de personas privadas de su nacionalidad por orden judicial.
Por ello, este grupo- formado por tres juristas- ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional a exigir responsabilidades al régimen nicaragüense por posibles violaciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Reducción de los Casos de Apatridia de 1961.
Los casos documentados indican que al menos 452 personas sufrieron esta privación entre febrero de 2023 y septiembre de 2024, aunque los expertos han advertido de que muchas otras fueron despojadas de su nacionalidad sin proceso legal alguno.
Además, ciudadanos nicaragüenses en el extranjero se convirtieron de facto en apátridas al denegarles la renovación del pasaporte y otros documentos oficiales, agregó la comisión tripartita.
Según uno de sus miembros, el húngaro Reed Brody, «se ha extendido un clima de miedo entre la diáspora nicaragüense, ya que ningún lugar en el mundo parece seguro para los que se oponen a Ortega y Murillo».
«Una mano invisible persigue a los exiliados dondequiera que vayan, les niega pasaportes, les amenaza a ellos y a sus familias, y los aleja de su país», ha denunciado.
Por su parte, el alemán Jan-Michael Simon, presidente del grupo, ha señalado que la vida de estos exiliados «se desmantela sistemáticamente, comenzando con su desarraigo y la erosión de su identidad legal, lo que deriva en un colapso económico, aislamiento social y vigilancia omnipresente».
La comisión destaca asimismo el asesinato en junio de 2025 del mayor retirado del ejército Roberto Samcam en Costa Rica, y advierte de que aunque las investigaciones están aún en curso y no se ha establecido vínculo entre el suceso y las autoridades nicaragüenses, es ya al menos el cuarto ataque violento contra un exiliado en los últimos años.
El grupo de juristas, que completa la experta uruguaya Ariela Peralta, también expresó su preocupación por el deterioro de la situación de los derechos humanos dentro de Nicaragua, con un aumento de las detenciones masivas y decenas de arrestados en paradero desconocido.
En este sentido, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha documentado hasta junio la detención de al menos 75 personas por motivos políticos, 16 casos de tortura (incluida violencia sexual) y 31 desapariciones forzadas.
Además, según la directora de la División de Operaciones Globales de la oficina de la ONU, Maarit Kohonen, en los meses estudiados, continuaron las cancelaciones de personalidad jurídica de organizaciones- 5.535 cerradas desde 2018-, mientras «la libertad de religión sigue golpeada», con 850 asociaciones religiosas canceladas, siete sacerdotes expulsados, un pastor evangélico detenido arbitrariamente y dos laicas en situación de desaparición forzada.
«Nuestra oficina insta al Gobierno a liberar de inmediato a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad y a esclarecer el paradero de aquellas en situación de desaparición forzada» urgió Kohonen.
El Gobierno de Ortega y Murillo se ha retirado este año de numerosos organismos internacionales, incluyendo el propio Consejo de Derechos Humanos, motivo por el cual su delegación no participó en el debate de este martes.
Ginebra / EFE
