La Justicia argentina dictaminó este viernes que la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) siga en su actual lugar de prisión domiciliaria, que continúe portando una tobillera electrónica y que deba pedir autorizaciones especiales para recibir visitas por fuera del listado de familiares y personas esenciales presentado al comienzo de su prisión domiciliaria el mes pasado.
La Cámara Federal de Casación, considerada una segunda instancia judicial, respondió a los planteos del fiscal Mario Villar, quien había expresado la semana pasada que la modalidad de prisión domiciliaria debía proseguir, pero propuso disponer otro domicilio distinto al de la calle San José 1111 del barrio de Constitución en la ciudad de Buenos Aires, donde Fernández se encuentra recluida desde el 17 de junio.
Los jueces del tribunal, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, coincidieron en que la locación de la condena de Fernández no debería cambiar, a pesar de las habituales manifestaciones de militantes peronistas que, desde el inicio del encierro, ocupan las calles aledañas para mostrar su apoyo, lo que podría considerarse un perjuicio para el barrio y los vecinos.
Los magistrados consideraron terminadas "las situaciones que afectaron al barrio en momentos posteriores al 10 de junio, cuando la Corte Suprema confirmó la condena".
El fiscal Villar había expuesto argumentos contrarios a los de sus colegas en la primera instancia, Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pocos días después del comienzo de su prisión habían solicitado que Fernández fuera trasladada a una cárcel del Servicio Penitenciario Federal.
En paralelo, este viernes Casación se expidió sobre dos planteos de la defensa de la dos veces presidenta: que se anule el régimen de visitas vigente -que la obliga a pedir autorización judicial especial cada vez que desea recibir a alguien distinto de su entorno más cercano- y que se le retire la tobillera electrónica, al considerar que no existe riesgo de fuga.
Sobre ambas cuestiones, el tribunal dividió su voto: Hornos y Barroetaveña impusieron por mayoría que el uso de tobillera y el régimen de visitas se sostenga igual, mientras que Borinsky concedió en minoría lo contrario, y argumentó que esa modalidad de control constituye “una restricción desproporcionada de los derechos personales, sociales y políticos de la persona condenada”.
La Corte Suprema de Argentina rechazó el pasado 10 de junio un recurso presentado por la expresidenta y ratificó así su condena de seis años por irregularidades en la concesión de obras viales en la provincia de Santa Cruz durante su Gobierno y el de su difunto esposo, Néstor Kirchner (2003-2007).
Buenos Aires / EFE
