El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) confirmó el fallecimiento de Osgual Alexander González Pérez (43) quien se encontraba recluido en el Internado Judicial de Tocuyito, estado Carabobo, desde el pasado 1 de agosto.
González Pérez sería la segunda persona aprehendida en el contexto de la crisis política postelectoral que muere bajo custodia del Estado en este recinto carcelario en menos de una semana.
El jueves pasado se produjo el deceso de Jesús Rafael Álvarez (44) quien, días después, fue enterrado en la localidad de Anaco, estado Anzoátegui.
La Organización No Gubernamental (ONG) apuntó que González Pérez -quien habría fallecido la noche del domingo 15-, fue privado de libertad “arbitrariamente” y trasladado a Tocuyito hace cuatro meses y medio, junto a su hijo, Oswual González, de 19 años -quien todavía permanece encarcelado.
“Los primeros días de reclusión, Osgual presentó síntomas de depresión y durante el mes de diciembre fue hospitalizado por presentar un fuerte dolor abdominal. En el penal indicaron que se trató de un cólico nefrítico, pero todo parecía indicar que se trataba de una hepatitis. Su familia denunció que la atención médica fue tardía y que además no daban la información precisa sobre el padecimiento”, detalló el OVP a través de la red social X.
Desde las inmediaciones del penal, la esposa de González Pérez exigió la liberación de su hijo.
“Mi hijo nunca fue un delincuente (…) No me lo quiten”, dijo.
La ONG indicó que además Osgual González y Jesús Rafael Álvarez, existe un tercer fallecido detenido también luego de los comicios presidenciales del 28 de julio.
Se trata de Jesús Manuel Martínez Medina, cuyo deceso se produjo en Anzoátegui el 14 de noviembre.
Luego de las dos muertes registradas en menos de cinco días en Tocuyito, el Observatorio de Prisiones instó a las autoridades a intervenir este recinto carcelario.
También solicitó que el Ministerio Público y los órganos competentes inicien una “investigación penal inmediata exhaustiva e imparcial”.
“Estas investigaciones deben realizarse con lo contenido en el protocolo de Minesota que tiene como finalidad indagar sobre muertes bajo custodia”, agregó la ONG.
El organismo recordó que la “vida de las personas en custodia son responsabilidad del Estado”.
Caracas / Rodolfo Baptista
