Las recientes excarcelaciones de presos políticos por las manifestaciones poselectorales han sido cuestionadas por las familias de los detenidos, debido a que no abarcan la totalidad de las causas, no se liberaron a todas las personas con patologías o los adolescentes. Ahora piden audiencias a la Fiscalía General para exponer nuevos casos o que se les entregue el listado completo de revisiones, ante el anuncio de una nueva tanda de medidas cautelares.
El Ministerio Público informó el 15 de noviembre que iban a revisar 225 casos de detenidos por las protestas poselectorales. Ese número, aseguró el fiscal Tarek William Saab, fue excarcelado entre el sábado 16 y domingo 17 de noviembre. Pero organizaciones de derechos humanos y el Comité por la Libertad de Presos Políticos tienen cifras distintas. El Foro Penal verificó 146 excarcelaciones hasta el jueves 21, mientras que el Comité contabilizó 140 personas puestas en libertad con medidas cautelares, entre ellos 10 adolescentes.
Familiares a las afueras de los penales de Yare III, Tocuyito y Tocorón comentaron que la orden era excarcelar primero a los detenidos con patologías pero esa regla, aseguraron, se cumplió a medias. Ponen como ejemplo el caso de un joven operado con peritonitis, adultos con problemas hipertensivos, jóvenes con discapacidades o adultos mayores con patologías.
Las ONG Justicia, Encuentro y Perdón y Fundehullan destacaron los casos de Alí Ángel Rodríguez, un joven boxeador de 17 años diagnosticado con trastorno bipolar y esquizofrenia tipo II, y Karla Daniela Suárez, quien está embarazada con siete meses y actualmente se encuentra hospitalizada por presentar contracciones y riesgos en su gestación.
Uno de los patrones que se ha incrementado en las detenciones luego del 28 de julio, señalan desde el Comité por la Libertad de Presos Políticos, son las detenciones de dos o más miembros de una sola familia. «Ciertamente esto sucede desde hace mucho tiempo, el caso más emblemático es de la familia Baduel, pero luego de las elecciones vemos familias con tres o más personas detenidas».
Ese es el caso de María Auxiliadora Román, la madre de Kevin José (25) y Keiber Alejandro (26) D’ Freitas. Ambos hermanos fueron apresados cuando iban a su casa luego de una jornada laboral, el primero como encargado de una panadería y el segundo como trabajador en una cadena de supermercados, a dos cuadras y media de la sede del CNE en Barcelona, estado Anzoátegui, el pasado 29 de julio.
«Mis hijos no son terroristas ni ningunos delincuentes. Nos han pedido pruebas, documentos, pero mis hijos no tienen nada (que los inculpe) ni siquiera antecedentes policiales. No tienen nada que ver con esto. No son de problemas o bochinches», asegura María Auxiliadora.
Los hermanos D’ Freitas están recluidos en la cárcel de Yare III desde el pasado 27 de septiembre, luego de haber pasado por un comando policial y Puente Ayala. «Desde ese momento estamos viviendo las penumbras», afirma su madre.
En la audiencia preliminar, el pasado mes de octubre, a sus hijos les reafirmaron cargos por terrorismo pero les concedieron una medida cautelar de presentación cada 30 días. La directiva de la cárcel dice que no han recibido la boleta de excarcelación. «Las boletas de excarcelación están en Yare desde hace una semana. ¿Por qué no los sueltan? Si ya revisaron los casos por qué no los sueltan».
Según la explicación que le dieron a ambos hermanos, la presentación debía ser en Caracas, pues Barcelona no cuenta con tribunales con competencia en terrorismo. «¿Cómo hace uno también para trasladar a dos muchachos desde Barcelona para acá a presentarse sin necesidad? No son terroristas. Yo quiero que me muestren vídeos, que me muestren algo donde mis hijos salen en actos terroristas. Que me lo demuestren, pero no tienen ningún video, ninguna grabación que demuestre eso. Ahora los están obligando a grabar vídeos porque el fiscal no tiene pruebas».
María Auxiliadora Román exige al fiscal Tarek William Saab que le muestre las pruebas para encarcelar a sus hijos
María Auxiliadora, a pesar de ser paciente oncológica, tuvo que abandonar su tratamiento para «dar la batalla» por la libertad de sus hijos, «porque eso es lo único que tengo». Se mudó a los Valles del Tuy, donde fue recibida junto a otras madres de presos poselectorales por una señora que les abrió la puerta de su casa.
Al igual que sus chamos, que la llamaron a inicios de semana pidiendo algún dinero para comprar comida dentro de Yare porque tenían dos días sin comer, a las madres o hermanas también les toca pasar hambre en algunas ocasiones, como el jueves 21 cuando un grupo se trasladó desde los Valles del Tuy al centro de Caracas para unirse a la protesta frente al Ministerio Público.
«Son una causa de 132 muchachos, puede imaginarse, ¿quién nos da tanta comida para tanta gente? ¿Quién nos resuelve con los muchachos? A ellos nunca los debieron trasladar para acá, ellos estaban bien en su zona. Los podíamos ver, les pasábamos comida. Aquí lo único que les dejan pasar es un paquete de pan, un paquete de catalinas. Allá adentro lo que están pasando es hambre hereje», reclama María Auxiliadora.
Román también cuestiona que en las excarcelaciones no se haya liberado a todos los presos enfermos o con patologías. «Todavía está preso el hijo de una compañera que operaron hace unas semanas de peritonitis. No le pararon a los dolores, le dieron largas y largas hasta que el muchacho se puso mal, a ella en ningún momento le avisaron que su hijo estaba siendo operado. Se enteró porque le avisó un tercero. Ahora pusieron a grabar un vídeo al muchacho para desmentir todo lo que dijo su madre».
El fin de semana se registraron las excarcelaciones de al menos 24 adolescentes en los estados Sucre (1), Lara (1), Anzoátegui (3), Falcón (5), Carabobo (5), La Guaira (5) y Guárico (4).
En el caso de este primer lote de jóvenes excarcelados en Carabobo se les prohibió la salida del país, obligación de escolaridad y presentación cada 30 días; mientras que José David Crespo, el único adolescente excarcelado en Lara, también deberá presentarse en tribunales de Caracas los días 30 de cada mes, no puede salir del país, manejar moto o estar fuera de casa a altas horas de la noche.
Además, al joven José David, que tiene a su padre Israel detenido en Tocorón por las protestas, se le prohibió acercarse al lugar de su detención pese que está cerca del lugar donde ve clases. Esa situación, le dijo la jueza, sería discutida en la próxima audiencia.
Justicia, Encuentro y Perdón señala que la situación de los adolescentes detenidos «nos inquieta enormemente», por lo que exhortan a entregar medidas cautelares «que les permitan su retorno a casa y poner fin a la zozobra que los afecta a ellos y a sus familias».
Mencionan los casos específicos de Héctor Pinto, Cristian Pérez y Ángel Ramírez, de 17 años; Chelsea Venero y Mariana González, de 16 años; y Aliángel Rodríguez, de 15 años.
Según el Foro Penal, más de 1.700 personas permanecen detenidas por motivos políticos en el país.
Jaime Fidel Cadenas cumplió 61 años el 28 de julio. Un día después, salió de su casa a un supermercado a comprar algunas cosas para celebrarlo. De regreso se detuvo a hablar con personas del Farmatodo en el sector de La Vaquera, Guatire, cuando a las 6:00 de la tarde lo detuvieron funcionarios de la PNB.
«Las personas del Farmatodo le hicieron señas a los policías que él no estaba protestando, que no estaba metido en nada. Sin embargo, hicieron caso omiso, lo golpearon en las costillas, lo montaron en una unidad de la PNB y se lo llevaron», cuenta su hermana María Eugenia Cadenas.
Jaime estuvo un mes en un comando policial de Guatire. Cuando lo trasladaron a Yare III estuvo otro mes desaparecido. «No sabíamos si estaba allí porque desde un inicio nos habían dicho que estaba en Tocorón. Después de ese tiempo le permitieron una llamada y me dijo que estaba en Yare. Dos días después recibí una llamada del penal donde me informaban que tenía visita y un cuadro de asma bronquial, que debía llevarle los medicamentos».
María Eugenia Cadenas solicita a las autoridades que detengan la incertidumbre sobre las excarcelaciones y revisen cada una de las causas
A diferencia de otras familias, los hermanos Cadenas sí pudieron abrazarse y hablar por los escasos 10 minutos que le han dado en cada visita desde entonces. A simple vista se notaba su deterioro. «Una persona adulta mayor que no está consumiendo líquidos adecuados, que no está comiendo adecuadamente, ha perdido mucha masa muscular. Está muy delgado, tiene hipertensión, se le ha subido la tensión a 195. Aparte de eso tiene una hernia discal y el dormir en las condiciones en las que lo hace le ha empeorado más la situación».
El pasado 17 de octubre, el jubilado tuvo su audiencia preliminar y pasó a juicio por los presuntos delitos de incitación al odio, terrorismo, obstrucción de la vía pública y uso de menores para delinquir. El defensor público le dijo a su hermana que había tomado nota del sitio de detención y dio a entender que la información la iba a recabar él.
«Resulta ser que no. La que debía hacer el trabajo, buscar un abogado que me asesorara, ir a las oficinas de Farmatodo para ver cómo se hacía con las grabaciones, eso no se hizo porque pasaron los 45 días. No nos dan información adecuada, no hay defensa», recuerda María Eugenia con desazón.
Al igual que otras familias, critica la falta de información de las autoridades. «Nos habían dicho que venían unas nuevas excarcelaciones ese fin de semana. Nos quedamos durmiendo en las aceras, en el piso, pero esas excarcelaciones no llegaron. Yo entiendo la situación de que son más de dos mil privados de libertad, pero jugar con las emociones de los familiares y de los presos no se hace. La incertidumbre es el peor estado para un ser humano».
A Julio Manuel Tiamo lo detuvieron funcionarios de la Guardia Nacional en el Puente Monagas (Barcelona, estado Anzoátegui) el pasado 29 de julio cuando regresaba a su casa junto a un grupo de amigos. Formó parte del grupo de trasladados a Yare III en septiembre, luego del periplo por un comando policial y la cárcel de Puente Ayala.
«Él está angustiado, resignado. Hace poco me llamó y me dijo que quería que me fuera a la casa, que está resignado que se va a quedar ahí (en Yare). Yo le dije que se quedara quieto, que no perdiera la fe y la esperanza, que siguiera pidiendo a Dios con fuerza porque pronto van a salir de allí», dice Vanessa, su madre.
Vanessa es una de las cientos de madres que se han movilizado desde el estado Anzoátegui para estar cerca de sus hijos en Yare III
Al igual que otras madres, en las audiencias no se les permitió presentar ningún tipo de pruebas que los exculpen de los cinco delitos que, presuntamente, cometieron. El 16 de octubre fue pasado a juicio.
Vanessa dice que en caso de que su hijo sea excarcelado, espera que ahora sí le permitan entregar elementos pertinentes a su caso. «Le pedimos que revisen los casos. Mi hijo no es ningún terrorista o delincuente. Que se pongan las manos en el corazón porque ellos son padres y madres de familia. Esto que hacen es una injusticia con él y el resto de los jóvenes. Exigimos libertad».
El caso de Jordan Sifuentes (municipio Mejía, estado Sucre) es uno de los cuatro alcaldes opositores que permanecen detenidos en el país. Fue arrestado el 2 de agosto en el estado Anzoátegui, cuando iba de camino a Cumaná.
«Nosotros pasamos 75 días sin verlo hasta que le concedieron la visita. Ha sido una situación muy triste e incómoda porque no tiene nada que ver con los delitos que se le están imputando. Su único delito ha sido trabajar para su municipio», explica su pareja, Krisel Ávila.
El Tribunal 3 de Control con competencia en Terrorismo lo pasó a juicio por los presuntos delitos de incitación al odio e incitación a la rebelión. «En su expediente no se encuentra ninguna evidencia para sostener los cargos que le están imputando. Hemos podido medio ver los informes, pero no nos dan una copia del expediente ni nada», señala Krisel.
La madre y la pareja del alcalde Jordan Sifuentes aseguran que el canal de Youtube por el cual lo inculpan fue creado luego de su detención
La madre del alcalde, Joaida Rivas, también señala que ellas entregaron las pruebas para responder a los delitos que le imputaban, por lo que pide a las autoridades que revisen este caso. «Nos han cambiado la vida por completo (…) No me he ido y me iré con él, Dios mediante».
«Revisen para una pronta rectificación de eso. Dicen que él tenía un canal de YouTube donde ponía cosas del gobierno, mensajes de odio, pero ese canal de YouTube no existe. Yo pedí una prueba técnica ante Fiscalía para que comprobaran la existencia de ese canal, pero no me la aceptaron. Lo otro es un collage de fotos, que las pudieron haber tomado en otro lugar, pero eso no lo veo como prueba. Son recortes de fotos, no sabemos de dónde son», insiste Rivas.
Al igual que Sifuentes, el exdiputado Américo de Grazia también fue enviado a juicio el pasado 28 de octubre por presunta instigación a la rebelión e incitación al odio. Una de sus hijas, Rayce de Grazia, cuestiona el aislamiento al que lo han sometido desde su detención desde el pasado 8 de agosto.
Rayce De Grazia desconoce desde el 8 de agosto el estado de salud de su papá
«Con el defensor hemos podido hablar una sola vez y nunca está, no nos da información, no nos da el expediente. Solo sabemos lo que él nos puede leer. Después de tres días fue que nos enteramos que le hicieron la audiencia preliminar», señala.
De Grazia comenta que la negativa de visitas proviene directamente del director de El Helicoide, como sucede en los casos de Freddy Superlano, Perkins Rocha o Roland Carreño. «Exigimos libertad plena, que se respeten sus derechos humanos, derecho a la defensa y a su libertad. Él es inocente, ya basta de arbitrariedades. La forma en la que se lo llevaron fue un secuestro».
Caracas / TalCual
