La designación y ratificación de los funcionarios que encabezan los órganos del Poder Moral de Venezuela, en un proceso calificado como ilegítimo y carente de transparencia, ha suscitado la condena de diversas organizaciones defensoras de derechos humanos.
La Organización Civil Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento emitió un comunicado en el que destaca que los recientes nombramientos de Tarek William Saab como fiscal general de la República, Alfredo Ruiz como defensor del Pueblo y Gustavo Vizcaíno como contralor general, son “un claro retroceso que agrava la situación de los derechos humanos en el país y subraya la impunidad que han gozado sus responsables”, según el comunicado.
Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento en su informe explica que la historia reciente del Poder Moral se encuentra marcada por un constante debilitamiento de las instituciones y una evidente falta de independencia ante el Poder Ejecutivo.
Señala que la designación de Tarek William Saab en 2017, tras la destitución arbitraria de Luisa Ortega Díaz, significó el inicio a un ciclo de violaciones sistemáticas de derechos humanos, señalado por la ONU y diversas organizaciones internacionales de derechos humanos.
A Saab se le acusa, según el informe, de perpetuar la impunidad, al no actuar ante las violaciones evidentes del debido proceso que han afectado tanto a prisioneros comunes como a opositores políticos.
“El pronunciamiento de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela pone de relieve cómo el Ministerio Público, bajo el mando de Saab, se consagra como cómplice en las detenciones arbitrarias y en la sistemática represión de voces opositoras”.
Estos casos suscitan un debate nacional sobre la necesidad de reformas que garanticen una mayor independencia y transparencia en el sistema judicial, indica la ONG.
Este organismo, respaldado por la ONU, señaló que la Fiscalía ha dejado de ser un garante de justicia, convirtiéndose en un aparato más de represión del Estado.
Cadal (Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina) exige una revisión exhaustiva de las prácticas actuales y propone medidas concretas para proteger a los jueces y fiscales de presiones externas.
Según el informe, la ratificación de Alfredo Ruiz al frente de la Defensoría del Pueblo despierta también severas interrogantes. Las organizaciones no gubernamentales refieren en el comunicado que durante su gestión anterior se caracterizó por la omisión y la falta de independencia.
Tales aseveraciones por parte a Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (Ganhri por sus siglas en inglés) llevaron a degradar la categoría de esta institución.
De acuerdo con lo expresado en el informe, “la Defensoría, que debería ser un bastión de defensa para los derechos humanos, suele permanecer en silencio y se muestra incapaz de investigar las numerosas denuncias de tortura y otros abusos cometidos por el Estado, lo que exacerba la crisis de confianza entre la población y sus instituciones”.
Por su parte, la designación de Gustavo Vizcaíno como contralor general inicia un nuevo capítulo preocupante en la gestión pública venezolana.
El informe revela que Vizcaíno mientras estuvo al mando del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) destacó por “las constantes represalias significativas a periodistas y defensores de derechos humanos, donde se le acusa de anular pasaportes sin justificación legal”. Una situación que plantea serias dudas sobre su capacidad para garantizar la rendición de cuentas y la transparencia.
El informe reza que “bajo su dirección, la opacidad en la administración pública se mantiene y, lejos de construir un paisaje financiero claro y justo, perpetúa la incertidumbre para los ciudadanos”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos califica las acciones del Estado como un “terrorismo de Estado”, una realidad que se agrava con el aval que estos nuevos nombramientos representan a la impunidad.
En consecuencia, la organización civil considera que la renovación del Poder Moral en Venezuela, con la ratificación de figuras ampliamente criticadas y cuestionadas por su gestión, no solo es un revés para las víctimas de abusos, sino que también refleja un alarmante distanciamiento del proyecto democrático que necesita el país.
Pese a esto, Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento también hace un llamado a las ONG a seguir presionando para recuperar la separación de poderes y el estado de derecho en Venezuela: “En un contexto donde la protección de los derechos humanos es más incierta que nunca, es crucial que las voces de la sociedad civil y las organizaciones internacionales sigan alzándose en defensa de la justicia y la dignidad”.
Bolívar / Correo del Caroní
