Este domingo 27 de octubre, familiares del abogado de la líder opositora, María Corina machado, asesor jurídico de la coalición opositora de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), y representante del Comando de Campaña Con Venezuela, Perkins Rocha, exigieron este domingo “libertad plena” para el jurista, detenido el 27 de agosto por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas.
El 29 de agosto, tras una audiencia en la madrugada donde fue presentado por un defensor público, Rocha fue imputado por presuntos delitos de terrorismo, traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir e instigación al odio, de acuerdo a su esposa, María Costanza Cipriani.
“Exigimos su libertad plena porque Perkins no es un delincuente, luchar por los valores establecidos en la Constitución no es un delito”, manifestó Cipriani en un video publicado en la red social X por su esposa.
Rocha se encuentra recluido en la sede del Sebin en El Helicoide. Cipriani denunció que hasta la fecha no ha podido ver a su esposo y este no ha tenido acceso a la defensa privada.
El hijo del abogado, Santiago Rocha también exigió poder ver a su padre, así como su “inmediata liberación”, y añadió que “la liberación de los presos políticos (…) nos corresponde a todos los venezolanos, porque todos los venezolanos de bien hemos sido privados de nuestras libertades”.
El 3 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) le otorgó medidas cautelares a Rocha “tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos“.
El partido Vente Venezuela (VV) hizo un llamado “por la justicia y la liberación” de Rocha y otros activistas detenidos desde las elecciones presidenciales del 28 de julio.
El día anterior, la organización Súmate también exigió la liberación de su coordinadora nacional de Formación, Nélida Sánchez, tras dos meses de su detención por el Sebin y posterior traslado a El Helicoide.
Súmate indicó que Sánchez “es inocente”, por lo que el Estado debe “garantizarle el goce y ejercicio de todos sus derechos, entre ellos su libertad personal, como lo establece el artículo 19 de la Constitución”.
A Sánchez también le imputaron presuntos cargos de asociación para delinquir, terrorismo, conspiración, incitación al odio y traición a la patria. El 7 de septiembre. el Cidh le concedió medidas cautelares de protección.
“Nélida Sánchez padece condiciones médicas importantes, incluyendo una afección cardíaca, fibromialgia y asma, que requieren atención constante. Su reclusión representa un riesgo real y tangible para su salud. La falta de atención adecuada puede agravar aún más sus condiciones, poniendo en peligro su vida y bienestar”, advirtieron ONG defensoras de los derechos humanos.
