Este miércoles concluyeron los dos días de audiencias de apelaciones del Estado venezolano en contra la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya sobre continuar las investigaciones por crímenes de lesa humanidad. Según organizaciones de defensa de Derechos Humanos y voceros políticos de oposición, el balance final de ambas jornadas habría sido desfavorable para la administración de Nicolas Maduro, cuya intención era frenar el proceso.
Para Provea, la representación de Venezuela desarrolló una estrategia desplegada en tres puntos. El especialista en Derechos Humanos de la Organización No Gubernamental (ONG), Calixto Ávila Rincón, indicó que el primer objetivo fue descalificar el fallo de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI que autoriza al Fiscal Karim Khan a seguir las indagaciones, argumentando que la instancia internacional no habría tomado en cuenta la información suministrada por el país, principalmente, porque habría descartado traducir del español al inglés o el francés gran parte de los documentos consignados.
Según la Corte, se habría entregado 25 mil documentos, los cuales debieron haber sido traducidos por el propio Estado.
La delegación de Venezuela encargada de presentar los alegatos, encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, y los abogados Bob Emmerson y Aitor Martínez, acusaron a la Fiscalía de usurpar funciones al decidir qué documentos traducidos transmitió a los jueces de la CPI. Asimismo, pusieron en duda los testimonios de las víctimas de violaciones de DD.HH.
En segundo lugar, Provea señaló que el Estado insistió en negar que se habían cometido crímenes de lesa humanidad de manera sistemática contra la población civil. Y, en tercer lugar, se intentó presentar el caso como un proceso político, que buscaba atacar al país y al Ejecutivo.
En declaraciones a un portal web, el especialista de Provea descartó que la CPI acepte esta última argumentación, ya que ello abriría la puerta para que no se puedan seguir remitiendo casos de víctimas, en la medida que otros estados también podrían alegar que los procesos tienen motivaciones políticas.
El pasado 27 de junio la CPI dio luz verde al Fiscal Khan, para pasar a una nueva fase de investigaciones por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El órgano judicial había publicado en abril el informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones, en el cual se recopilaban más de 1 mil 800 solicitudes que apoyaban la reanudación de las indagaciones. El resumen publicado señalaba que se habían recibido relatos y testimonios de aproximadamente 8 mil 900 víctimas y testigos de torturas, asesinatos, desapariciones forzadas, violaciones y/u otras formas de violencia sexual, desplazamientos forzados y persecución, entre otros delitos.
El gobierno nacional reaccionó haciendo uso de su derecho de apelación para tratar de frenar el proceso que apuntaba a develar la responsabilidad de toda la cadena de mando, incluyendo altos funcionarios de Estado, en las ejecución de delitos contra los Derechos Humanos.
Provea destacó este miércoles la intervención de la Oficina de Defensa Pública de las Víctimas, que “dio voz” a las personas afectadas por ataques y atropellos, a pesar de que no hubo declaraciones públicas de estas en las sesiones.
En las conclusiones de la audiencia de ayer, la representante de la Oficina de Defensa de las Víctimas, Paolina Massidda, pidió continuar con la investigación.
“Esta es la primera vez que las víctimas tienen la oportunidad de dirigirse a una sala de la CPI. No puedo enfatizar lo suficiente la importancia de esta audiencia para las víctimas (…) Venezuela no está investigando ni enjuiciando, ni lo hará en un futuro inminente, los crímenes que sus familiares y amigos sufrieron. Mientras hablamos, en Venezuela se siguen cometiendo crímenes con impunidad”, dijo Massidda.
Agregó que las víctimas han sido sometidas “a actos inimaginables de violencia, persecución y abusos contra los Derechos Humanos” sin que haya investigaciones por parte del Estado venezolano.
La Plataforma Unitaria Democrática apuntó, a través de su cuenta en la red social X, que el “régimen de Nicolás Maduro sigue demostrando que es incapaz de hacer justicia”.
“La CPI presentó pruebas de que no ha investigado ningún crimen de lesa humanidad y que no tiene intenciones de hacerlo. Todos los que anhelamos un cambio político seguiremos denunciando y siendo eco de cientos de víctimas”, subrayó la agrupación opositora.
Por su parte, la presidenta del partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solorzano, calificó lo ocurrido este miércoles, como “un nuevo triunfo” para las víctimas de violación de DD.HH.
“Se impone la verdad sobre la opresión. La CPI ha reiterado lo que tenemos años señalando: en Venezuela se comenten crímenes por parte del Estado y no se están investigando”.
La dirigente agregó que también había quedado claro que “los funcionarios del régimen que actúan ante la Corte, han trabajado sólo para dilatar, mentir y evitar la posibilidad de que haya justicia”.
“Por fortuna, en la CPI si hay independencia y las tácticas dilatorias de la dictadura no surtirán efecto”, acotó.
Caracas / Rodolfo Baptista
