La carta enviada la semana pasada al presidente de EE.UU., Joe Biden, por 25 venezolanos identificados con la oposición -entre ellos economistas, académicos, periodistas y miembros de la sociedad civil-, parece haber marcado un punto de inflexión en la realidad política del país.
Inicialmente, la misiva desató un intenso debate en las redes sociales en torno a las credenciales de los firmantes y sobre si estos podían abrogarse la atribución de solicitar el alivio de las sanciones económicas impuestas por la Casa Blanca desde 2017; el regreso de las compañías petroleras occidentales al país y el restablecimiento de las negociaciones con el Gobierno.
Pero más allá de la diatriba sobre si estas 25 personas tienen o no la autoridad para realizar tal petición, lo que queda claro es que abiertamente un sector social del país está levantando la voz para promover una posible recuperación de la economía -y de algunos espacios democráticos-, sin necesidad de sacar al presidente Nicolás Maduro de Miraflores.
Hasta hace al menos tres años este parecía un objetivo, sino imposible, si difícil de defender dentro de la oposición venezolana, agrupada en torno al mantra de “cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”. Esta “hoja de ruta” enarbolada en 2019 por el interinato de Juan Guaidó, anteponía incluso la salida de Maduro a unos comicios presidenciales.
La realidad terminó siendo otra. A la rápida erosión del liderazgo antichavista, ahora atomizado y sin objetivos claros, se sumó un leve repunte en la economía -principalmente en el área comercial-, y un alza en los ingresos petroleros -la producción de crudo en el país se ha incrementado 104% en los últimos 18 meses según la firma Ecoanalítica.
Es en este contexto que se abre la propuesta de la carta dirigida al presidente Biden y a altos funcionarios del Congreso norteamericano.
Al menos así lo explica el expresidente de Fedecámaras, Ricardo Cusanno, uno de los firmantes. Cusanno puntualiza que “la razón de ser de la carta” es lograr beneficiar a la población, sin importar que algún sector político considere que el hecho de flexibilizar las sanciones de EE. UU. -y, en particular, otorgar licencias a empresas foráneas para extraer crudo-, signifique darle más poder a Maduro.
“El (actual) crecimiento de la economía, pequeño e inestable (…) Aquí hay gente que está poniéndole cariño y buscando formas de sobrevivir. Todas estas realidades necesitan ser profundizadas y darle estructura sustentable para la gente. Porque además está comprobado que en la medida en que la gente tenga mejor calidad de vida, va tener un poco más de tiempo para pensar en política y para poder dar las luchas democráticas que tanto anhelamos, para tener un país donde tengamos una coexistencia democrática”, señaló Cusanno en una reciente entrevista.
Los abajo firmantes
Entre las 25 personas que firmaron la carta dirigida al presidente Joe Biden, se encuentran los economistas Luis Oliveros, José Guerra, Luis Vicente León (también presidente de Datanálisis); el empresario y expresidente de Fedecámaras, Ricardo Cusanno; el sociólogo José Gil Yepes; el gerente general de El Nacional, Jorge Makriniotis, y el dirigente sindical Pablo Zambrano.
La lista también incluye a Alejandro Sucre, Alfredo Padilla, Andrés Rojas, Blanca Vera Azaf (estos dos últimos periodistas de larga trayectoria); Feliciano Reyna, Francisco Rodríguez, Jorge Botti, José Manuel Puente, Juan Ernesto Aguilera, Leída Marcela León, Manuel Sutherland, Marianela Herrera, Mariela Ramírez, Michael Penfold, Rafael Quiroz, Reinaldo Quintero, Tamara Herrera y Víctor Álvarez.
El documento respaldado por los 25 opositores fue publicado en redes sociales por el periodista de la agencia Associated Press (AP), Joshua Goodman, el 14 de abril. El texto comienza haciendo un llamado al gobierno de Estados Unidos para “que continúe promoviendo negociaciones sustantivas y productivas para resolver la crisis venezolana”.
El texto continúa señalando que las sanciones económicas y políticas de máxima presión aplicadas por Washington “no lograron sus objetivos”, es decir, impulsar la salida del jefe de Estado venezolano, por lo que piden su flexibilización.
“Exhortamos a llegar a acuerdos que permitan el regreso de las empresas petroleras occidentales y otras empresas privadas para rejuvenecer el sector petrolero venezolano, lo cual generará empleo y promoverá la producción local (…) Con el regreso de las empresas occidentales, la producción de petróleo venezolano puede aumentar significativamente en unos meses y más todavía en el próximo año”.
Según ha señalado Ecoanalítica, las sanciones financieras aplicadas por EE.UU. desde 2017, “espantaron” a las empresas mixtas de capital extranjero, las cuales llegaron a aportar 60% de la producción de crudo. Adicionalmente, el país tuvo que buscar otros mercados -principalmente China-, para vender con descuento su petróleo, perdiendo a EE.UU como su comprador natural.
En la actualidad el país está produciendo 728 mil barriles diarios, cifra que podría incrementarse con el retorno de las trasnacionales, esto a pesar de las menguadas condiciones de la infraestructura que tiene Pdvsa.
Otro punto polémico de la misiva ha sido el referido al rechazo de la población venezolana al tema de las sanciones.
“El 75% de los venezolanos rechaza contundentemente las sanciones sectoriales y apenas el 10% quiere que se mantengan. Es claro que este tipo de sanciones no han beneficiado al pueblo venezolano”, reza la carta. Al respecto, el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), Benigno Alarcón Deza se pronunció para calificar de “falsa” esta afirmación.
“Es lamentable ver a algunas personas que uno considera serias, firmando una carta pidiendo el cese de las sanciones al Presidente de los EEUU, donde además se miente al decir que solo un 10% de los venezolanos las apoya (…) Nosotros medimos la opinión pública y es falso que el 80% rechaza las sanciones. Todos queremos prosperidad, pero también estamos conscientes que las sanciones, con todos sus problemas, es lo único que genera presión al Gobierno (…) ¿Cuál es la intención de una carta tan cuestionable dirigida a tan alto nivel? ¿Cuáles son las agendas políticas y los intereses que se mueven aquí?”, apuntó Alarcón a través de su cuenta en Twitter.
La efectividad y las consecuencias reales de las sanciones -restricciones en el manejo de cuentas y activos del Estado en el exterior y la prohibición de realizar transacciones comerciales-, han sido objeto de debate a los largo de los últimos cinco años.
Algunos sectores las defendieron -y las siguen defendiendo- como medida de presión para lograr condiciones de transparencia en los procesos electorales o frenar las violaciones de Derechos Humanos.
Otros dirigentes opositores han levantado su voz para cuestionar las intenciones de la carta enviada a Biden, señalando que abrir las compuertas para que más recursos financieros ingresen a las arcas del Estado, llevará a avivar los vicios de corrupción y malos manejos que ha arrastrado el madurismo en la última década.
El diputado de 2015 por Primero Justicia (PJ), Alfonso Marquina, considera que las sanciones internacionales son la “consecuencia y no las causas” de la crisis política, social y económica del país.
“Amnesia retrógrada o memoria selectiva, no sé cómo calificar lo sufrido por quienes han firmado un documento en el que señalan que, levantando las sanciones impuestas por el mundo civilizado y democrático, al régimen violador de derechos humanos, autoritario y represivo que encarna Nicolás Maduro, se soluciona la crisis venezolana y se alivia el sufrimiento que hoy agobia a los venezolanos”, dijo Marquina.
En un documento de cuatro páginas, el dirigente enumero una lista de compañías expropiadas y “destruidas en 20 años de revolución”, sin que en ello tuvieran que ver las sanciones. Apuntó que “1 mil 350 empresas (fueron) estatizadas por expropiación y confiscación y (actualmente) ninguna funciona”. “Yo les preguntaría a estos destacados venezolanos (que firmaron la carta) si las sanciones fueron las que expropiaron más de 4 millones de hectáreas de tierras productivas”.
Igualmente, atribuyó la ya crónica crisis eléctrica a los malos manejos administrativos. “No es posible un verdadero crecimiento económico sin la energía eléctrica. Hoy, después de que se robaron más de 100 mil millones de dólares que se debieron invertir en su mantenimiento y en su ampliación, Venezuela está sometida a racionamientos inhumanos del servicio eléctrico”, agregó el dirigente.
La situación en cuanto a la rendición de cuentas podría ser peor que antes de la aplicación de las sanciones, en caso de que estas se flexibilicen. Y es que la opacidad en el manejo de recursos no sólo se ha convertido en la norma sino en casi una exigencia del Gobierno, a instancias de la Ley Antibloqueo aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en octubre de 2020.
Distintos economistas han apuntado que las operaciones “trianguladas” en la venta de crudo, la exportación de oro y otros minerales, o las nuevas privatizaciones y contratos firmados con operadores del sector privado, se han hecho posibles precisamente por el silencio administrativo y la falta de rendición de cuentas.
Alarcón alertó que quitar las sanciones no generará bienestar, sino que en cambio pondrá “más recursos en manos de quienes los roban y usan para corromper y mantenerse en el poder”. “Una cosa es revisar y rediseñar un esquema de sanciones inteligente y otra es eliminarlas”, agregó. Mientras Cusanno, uno de los firmantes, dijo que generar más recursos para el país, por vía de la flexibilización de las sanciones, hará necesario tener un monitoreo y vigilancia de organismos internacionales para evitar que sean malversados por funcionarios corruptos.
Por el lado del respeto a las ganarías ciudadanas, el dirigente de Acción Democrática (AD), Williams Dávila, también se pronunció en contra de la carta enviada a EE.UU., apuntando que la misma busca responsabilizar las sanciones de la crisis humanitaria compleja que atraviesa el país y no al presidente Maduro quien es “exculpado” por los firmantes, al no dejar “constancia de que es la dictadura la que acabó con el orden constitucional”.
“Las causas del autoritarismo y el populismo en el mundo se basan en pensar en términos económicos y no en el bien común”, agregó Dávila.
Para algunos sectores, la transparencia en el manejo de recursos y la defensa de los Derechos Humanos y garantías ciudadanas, son algunos de los elementos que quedarían en el limbo ante una eventual flexibilización de las sanciones. Pero, por el momento, si algo ha dejado claro la carta, es que la oposición parece dividida entre los que creen que mejorando las condiciones económicas se pueden impulsar estos cambios -aún con Maduro en la presidencia-, y lo que piensan que eso es imposible.
Caracas / Rodolfo Baptista
