El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó en su cuenta de la red social Twitter que imputaron a cinco funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), implicados presuntamente en el asesinato de Daniel Alejandro Lezama Ramírez, de 20 años, ocurrido el 7 de este mes en Carúpano, estado Sucre.
El representante del Poder Moral manifestó que formularon cargos contra los inspectores Julio Isava Espinoza y Maikel Malaver Hernández; los detectives Yoel Jesús Colmenares, Cristender Javier González y William Belisario Natera, por cometer supuestamente los delitos de homicidio calificado con alevosía y motivos fútiles, así como uso indebido de arma orgánica y simulación de hecho punible.
El tribunal de la causa dictó medida privativa de libertad contra estos funcionarios.
Un pariente de Lezama relató al medio digital Alertas 24 que el joven, junto con una prima, se hallaba en el restaurante Thiago de Carúpano. Luego, la chica se levantó para buscar otra mesa que estuviera más apartada.
"Cuando Daniel fue a sacar su portachequera del bolsillo, para ponerla en la mesa del establecimiento, oficiales del Cicpc sin identificación, ni vestimenta institucional, le dispararon en el corazón porque pensaron que iba a sacar un arma de fuego", dijo el familiar.
El pariente aseveró que al comprobar que Daniel estaba desarmado, los policías lo llevaron al hospital, donde fue ingresado sin vida. Los oficiales pidieron refuerzos, y notificaron al Cicpc que se trataba de un enfrentamiento.
El director institucional de la Fundación de Derechos Humanos de Anzoátegui (Fddhhanz) con extensión en Sucre, Monagas y Nueva Esparta, Alcides Magallanes, exigió en un boletín que se investigue la muerte de Daniel Lezama, pues enluta a una familia venezolana.
“Además evidencia el atropello policial hacia los ciudadanos y la vulneración del derecho a la vida por parte de los organismos del Estado”.
Este abogado informó que denunciaron el hecho ante los organismos nacionales, y que todos los detalles ya son de conocimiento en la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) en Caracas.
En la nota de prensa, Magallanes afirmó que Anairys Ramírez denunció ante esta Organizaciòn No Gubernamental (ONG) que su hijo fue víctima de una injusticia, que no murió en un enfrentamiento como lo intentaron hacer creer los policías.
También que él era un muchacho sano, trabajaba para la Alcaldía del municipio Andrés Eloy Blanco, lugar en que residía, no usaba ni tenía armas.
"¿En qué cabeza cabe que Daniel iba a enfrentarse con seis funcionarios armados? Ahora nos sorprende que según la Fiscalía son cinco, queremos que todos los involucrados sean investigados", enfatizó.
Ramírez dijo que aunque no le han permitido ver el video en el que se presencia lo ocurrido, está segura que su hijo Daniel no era un delincuente. Exigió al fiscal general, Tarek William Saab, que el caso no quede impune.
Igualmente, la señora solicitó a los tribunales que conocen de la causa, que sentencien con todo el peso de la ley a los oficiales del Cicpc involucrados en la muerte de su muchacho, pues no hubo enfrentamiento, sino una ejecución extrajudicial.
Carúpano / Yraida Núñez
