Desde la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) avanza la estructura de una nueva Carta Magna, cuyo contenido no ha sido expuesto de manera formal ante el país. Lo que se conoce, hasta ahora, lleva a varios abogados a considerar el texto como una muestra de mayor centralización del Estado y el retroceso en materia de derechos humanos.
Alí Daniels, coordinador de Acceso a la Justicia, indicó que según las propuestas difundidas, contrario a la Constitución de 1999, “el texto se aparta de la descentralización y evidencia el control del Estado a través de los consejos comunales”.
Esta apreciación es compartida por el constitucionalista José Vicente Haro, quien denuncia la pretensión de la ANC, compuesta por oficialistas, de imponer la visión de un Estado omnipotente y poderoso.
“El proyecto, el papel que se ha presentado, que está circulando, transforma el Estado federal, desde la Guerra Federal en el siglo XIX, en un Estado centralizado y desconcentrado. A pesar de que se dice que es un Estado federal, popular, políticamente centralizado y administrativamente desconcentrado, se está destruyendo totalmente la noción de federalismo. De manera que estamos asistiendo a la consolidación, no solamente de un Estado socialista, sino a un Estado comunal”, dijo.
Haro agregó que la propuesta plantea, además, la noción de Estado popular, de democracia y de derecho que está incluido en la Carta Magna de Cuba. Subrayó que se avizora un retroceso en la estructura del Estado y en la descentralización que fue una de las grandes conquistas del país desde 1989.
Añadió que del texto que trabajan las comisiones de la ANC se conocen unas pinceladas y lo anunciado por el presidente de la Comisión Constitucional, abogado Hermánn Escarrá.
Daniels y Haro señalan que los planteamientos difundidos por el momento reflejan que el nuevo texto constitucional es una radiografía del Plan de la Patria.
“La propuesta descrita por Escarrá va en contra del concepto moderno de Constitución, según el cual esta existe para limitar el poder estatal mediante el Estado de Derecho y garantizar la libertad individual, no necesariamente para aumentar derechos, lo que puede ser incluso contrario a esos dos objetivos si implica dar más poder al Estado.
La estructura comunal del chavismo es centralista y elimina la elección mediante el voto de cargos públicos, la reelección presidencial permite la concentración y perpetuación del poder en las mismas manos. Las alusiones a un eventual reconocimiento del matrimonio igualitario u otros derechos similares en modo alguno mejoran la propuesta, que por demás no tiene ninguna legitimidad ni validez jurídica.
Es un acto de fuerza impulsado por una ANC de facto, irrita y totalitaria”, indicó el constitucionalista Luis Alfonso Herrera.
Más persecución
Alí Daniels cuestionó que en la propuesta de Carta Magna, según Escarrá, se pretenda incluir los tipos penales relativos al delito de traición a la Patria y hacer más severas las penas en este caso.
“Rechazamos que con esta norma se pretenda aumentar la persecución a la disidencia porque también se habla de incrementar el castigo a quienes cierran vías, como ocurrió durante las protestas de 2014 y 2017 contra el Gobierno”, afirmó. Destacó que con esta disposición se afianzaría la doctrina del derecho penal del enemigo.
Otro aspecto que preocupa a Daniels es que, hasta ahora, no hay condena a la obediencia debida en el ámbito de los derechos humanos. Indicó que en la nueva Carta Magna podría acentuarse la vulneración de la voluntad popular y atentar contra la propiedad privada.
El director de Acceso a la Justicia señaló que en el borrador se habla de propiedad social, propiedad colectiva y propiedad particular.
“Eliminan la libertad económica, y la libertad económica fue un logro de la Constitución de 1999. El artículo que establece nuestra Constitución, que desapareció en este borrador, es el 112, según el cual todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia. ¿Cómo se traduce esto? Usted tiene su empresa y la quiere vender, bueno necesita autorización del Estado”, acotó José Vicente Haro.
Período presidencial
El constituyente Hermann Escarrá ha informado que sobre la duración del periodo presidencial hay diferentes opiniones que ubican la gestión entre cuatro y siete años. El también jurista es partidario de que sea de 4 años con reelección.
“La discusión sobre el período presidencial es irrelevante en el contexto actual. El régimen político que detenta y ejerce el poder de manera autoritaria en Venezuela no se concentra en la figura del Presidente, quien es sólo una pieza más de un sistema más complejo, en sustancia militarista y colectivista, que se apoya fuertemente en el control del CNE y la Sala Constitucional.
Quizá en el caso de la propuesta de Escarra de reducir a cuatro años el período se asoma para embaucar de nuevo a la dócil oposición electoralista de modo que ésta estime que en esa eventual reducción del período de Maduro en el cargo haya una salida electoral al horror. Eso es ignorar el régimen de control total instalado en Venezuela”, consideró el constitucionalista Luis Alfonso Herrera.
Agregó que detrás de este debate, que aún es incipiente, se esconde “la consolidación del proyecto totalitario que el chavismo, con instrucciones del castrismo, necesita adoptar para acelerar la destrucción de Venezuela y el control más cruel de la población”.
A puertas cerradas
Herrera cuestionó que la propuesta de una nueva Carta Magna se geste sin que el país tenga claro de que se trata. El abogado cree que, dado el origen ilegítimo de la ANC, no debería considerarse una posibilidad participar en un referéndum consultivo sobre el texto.
“La Constituyente no tiene origen democrático y es un instrumento del régimen tiránico chavista y su patrón, el régimen castrista de Cuba, y el tipo de documento que se elabora a todas luces es totalitario, lo contrario a un documento constitucional. Es necio e irresponsable por incapacidad política reconocerlo como un proyecto o futura Constitución de la República de Venezuela.
Y absolutamente incoherente proponer enfrentar esta acción totalitaria del régimen acudiendo a un nuevo fraude electoral, con la insulsa esperanza de que si somos mayoría no se aprobará ese documento. ¿Olvidan lo ocurrido con la reforma de 2007, rechazada en referéndum y hoy aplicada por diferentes vías?”, argumentó.
El diputado Luis Barragán (Vente Venezuela) advirtió sobre la opacidad del texto en construcción: “La Constituyente ni siquiera cumple con las más mínimas formalidades para simularse, convertida en tribuna de opinión de sus más aventajados miembros. A nadie le consta el número de sus sesiones, niveles de asistencia, supuestos debates, sincerada como una oficina subalterna de Miraflores”.
Caracas / Sofía Nedder
