El objetivo fundamental de las zonas económicas especiales (ZEE) es la de atraer inversiones. No obstante, el proyecto de ley que plantea la administración de Nicolás Maduro debe ser lo más transparente posible en cuanto a los requerimientos, beneficios y operatividad, dicen analistas. Al mismo tiempo, el Estado debe garantizar servicios e infraestructura públicas a nivel de estándares internacionales, reseñó TalCual.
Es justo por esto último que sobre este tema surgen dudas, temores e interrogantes: ¿Los servicios públicos en el país están preparados para ello? ¿Habrá garantía de la mano de obra venezolana? ¿Cuál será la calidad de los inversionistas? Y principalmente ¿Cuál será el origen de los fondos? ¿Se está preparado para hacer la vigilancia correcta al ingresos de esos recursos?
Analistas sostienen que para crear ZEE deben darse un conjunto de condiciones que ahora no parecen estar presentes en Venezuela, entre ellas, una economía sana sin altos niveles de inflación y devaluación, una infraestructura de servicios solida, un mediano desarrollo productivo y una flexibilización impositiva. Tienen dudas sobre el verdadero objetivo de este proyecto, si será transparente el ingreso de los capitales al país, si será una excusa para vender activos estatales a empresarios amigos o si será una imitación del modelo chino basado en una apertura económica controlada solo por el gobierno.
Hasta la fecha, se han presentado tres proyectos de ley de ZEE. El último contempla seis capítulos y pretende regular la creación de actividades productivas, proyectos de desarrollo, estímulos económicos, fiscales, laborales y medios alternativos de producción como cripto-activos, entre otros.
"Las primeras inversiones serán efectuadas por venezolanos que tienen recursos en el exterior y desean repatriarlos. Es más, muchos empresarios venezolanos que se fueron y quieren volver, retornarán de la mano de inversionistas internacionales en un esquema de empresas mixtas", dijo recientemente Juan Arias Palacio, viceministro para el desarrollo de las ZEE al portal Sputnik.
Recalcó que en Venezuela ya existen ocho ZEE creadas por decreto, pero los avances aún son débiles, por lo que desarrollarlas requiere mucho más que un decreto de creación. Dijo además, que esperan captar inversionistas de Europa, África, Vietnam y Japón, que permitan generar un nuevo modelo de formación y producción para generar proyectos, así como dinamizar las áreas de desarrollo.
"Necesitamos un marco legal con robustas garantías jurídicas; un ecosistema institucional funcional y confiable, con trámites simples y ágiles; los abundantes recursos económicos que exigen los procesos productivos; el talento humano capacitado, así como el sistema educativo que satisfaga su permanente demanda; las redes viales, férreas, portuarias y aeroportuarias que faciliten el transporte de bienes de capital, materias primas, insumos y mercancías; telecomunicaciones; sistemas de seguridad, además de todos los múltiples servicios que demandarán estas zonas, llamadas a convertirse en las ciudades productivas de nuestro futuro", comentó Palacio.
Venezuela cumplirá en 2021 ocho años en recesión y en medio de un proceso hiperinflacionario y de devaluación, que ha generado crisis económica y una emergencia humanitaria compleja. La disminución de los ingresos en divisas debido a la caída de la producción petrolera que se profundizó tras las sanciones de Estados Unidos contra Pdvsa, desató un grave problema de flujo de caja del Estado. En este entorno, la administración de Maduro busca alternativas para atraer inversiones.
"Como no les ha funcionado la ley antibloqueo ya que muy pocos han querido invertir en el país por temor a las sanciones, ahora quieren relanzar el tema de las zonas económicas especiales para tratar de ver si consiguen hacer las operaciones con divisas que más les convenga", acotó una fuente que prefirió mantener su anonimato.
Para el profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV) Paulino Betancourt, resulta cuesta arriba pensar quién querrá invertir en la economía venezolana en las actuales condiciones, y especialmente cómo se van a incorporar los industriales venezolanos en la cadena de valor pensado en su limitada capacidad de producción y reducción en el mercado interno.
"Con cuál tecnología competirán nuestros empresarios en esa cadena de valor. El conocimiento y equipos serán traídos por las compañías extranjeras. En la propuesta de ley no se establece per se cómo se va a modernizar la industria nacional, esto se debió contemplar. La ley es un riesgo que va a frenar aún más el desarrollo del país, se dependerá de una mano de obra calificada que no existe. Son altos costos de transportes muy altos, por lo que subcontrataciones internacionales serán complejas y esto limitaría las negociaciones. Necesitaríamos una ZEE para todo el país", comentó Betancourt.
Caracas / TalCual
