El vicepresidente de Bolivia y presidente del Legislativo nacional, David Choquehuanca, convocó a los titulares de ambas cámaras y los representantes de las tres fuerzas políticas con representación parlamentaria a dialogar la próxima semana sobre el curso de las elecciones judiciales que debían realizarse en 2023.
La reunión, prevista para el lunes 29 de enero en la tarde, fue anunciada en un comunicado de prensa difundido este miércoles por la Vicepresidencia boliviana que busca «abordar la situación de la preselección de candidatos para las Elecciones Judiciales», un proceso que está trabado en el Legislativo desde el año pasado.
Al diálogo están convocados el presidente del Senado, el oficialista Andrónico Rodríguez, y el titular de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, también del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).
Rodríguez pertenece a la facción oficialista cercana al exmandatario y líder del MAS Evo Morales (2006-2019) y Huaytari es del sector leal al presidente Luis Arce.
Choquehuanca también llamó a dialogar a los representantes del MAS y las opositoras Comunidad Ciudadana (CC), del expresidente Carlos Mesa (2003-2005), y Creemos, del gobernador de la región oriental de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y a los titulares de las comisiones parlamentarias de Constitución y Justicia Plural.
«Se convoca al diálogo bajo las reglas de la democracia, la Constitución y el respeto a los derechos humanos como el único camino para viabilizar los consensos», señala la nota enviada a los legisladores, según la Vicepresidencia.
La Constitución vigente en Bolivia desde 2009 introdujo los comicios para elegir cada seis años a las máximas autoridades de los tribunales Supremo de Justicia (TSJ), Agroambiental, Constitucional Plurinacional (TCP) y del Consejo de la Magistratura, con candidatos preseleccionados por dos tercios en el Legislativo.
En las elecciones judiciales de 2011 y 2017, la mayoría de electores votó nulo y blanco en rechazo a los procesos, al considerarlos manipulados por la mayoría legislativa del MAS para elegir a jueces afines al oficialismo.
Los nuevos comicios debían celebrarse en diciembre de 2023, pero el proceso de preselección de candidatos se trabó en el Parlamento, de mayoría oficialista, ante lo cual, el TCP decidió prorrogar su mandato y el de otros magistrados para evitar un «vacío de poder».
El Gobierno de Luis Arce ha defendido la prórroga y asegura que no es inconstitucional, mientras que Evo Morales, que está distanciado del mandatario, ha criticado la decisión del Constitucional, al igual que la oposición.
Sectores afines al exgobernante cumplen en esta jornada tres días de bloqueos de carreteras en contra de la prórroga de los magistrados.
El descontento de los seguidores de Morales también se debe a la Sentencia Constitucional dictada por los magistrados, en la cual se inhabilita a Evo Morales como candidato presidencial, ya que el fallo menciona que la reelección indefinida «no es un derecho humano».
Los cortes de rutas se concentran sobre todo en la región central de Cochabamba, en particular en el Trópico de Cochabamba, el bastión sindical y político de Morales.
El ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, responsabilizó este miércoles a Morales por los conflictos y perjuicios que provocan estos bloqueos y le acusó de buscar «que haya derramamiento de sangre y muertos».
La Paz / EFE
