En momentos en que Venezuela entra en el cuarto día del mayor apagón de su historia, se espera la llegada de una comisión de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que sostendrá reuniones con el gobierno, la Asamblea Nacional, organizaciones de la sociedad civil y víctimas de presuntas violaciones a los derechos humanos.
En tanto, la Asamblea Nacional se apresta a declarar el estado de alarma nacional para elevar la presión contra Nicolás Maduro ante el apagón que ha desatado protestas y saqueos de comercios en Caracas y otras ciudades.
Aunque no tendrá un efecto concreto, con la declaración de la alarma nacional la mayoría opositora del Congreso buscará presionar al gobierno para que permita el ingreso de ayuda internacional. La mayor parte del país permanece con apagones intermitentes y algunas regiones están sin luz desde hace cuatro días, lo que agrava las dificultades que afronta la población causadas por la profunda crisis económica y social.
Por su parte se espera que la comisión de la ONU, que visitará la capital y otras regiones entre el 11 y 22 de marzo, elabore un informe que sirva de base para una posible visita de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, quien fue invitada por el gobierno venezolano.
“Todos los sistemas de recuperación están activados”, afirmó Maduro en un video que difundió la víspera en su cuenta de Twitter en el que reiteró que el prolongado apagón es consecuencia de varios “ataques” que ha sufrido el sistema eléctrico en los últimos días.
Mientras daba instrucciones por una radio desde el palacio de gobierno, el mandatario izquierdista dijo que con las acciones contra el sistema eléctrico se busca llevar a la población a la “desesperación y al enfrentamiento”.
En dos barriadas pobres del municipio de Baruta, en el este de la capital, se registraron la tarde del domingo saqueos de comercios. En los incidentes fueron detenidas unas 57 personas, según reportaron medios locales.
El canal local de internet Vivo Play difundió imágenes del momento en el que decenas de presuntos saqueadores permanecían acostados en una autopista mientras eran detenidos por guardias nacionales armados.
En el municipio de Baruta también se reportó la noche del domingo una explosión e incendio en una subestación que afectó el suministro de luz en esa zona.
“El régimen usurpador sigue abordando esto de manera irresponsable. Prefieren poner en riesgo la vida de venezolanos que asumir la magnitud de la crisis”, afirmó el lunes el líder opositor y jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, al referirse al incidente.
Guaidó, quien es reconocido como presidente interino de Venezuela por más de medio centenar de países, anunció en su cuenta de Twitter que la Asamblea Nacional se reunirá al mediodía para discutir el “colapso eléctrico” que aseguró es generado por la “negligencia del régimen”.
De acuerdo con un reporte de la organización civil Médicos por la Salud, vinculada con la oposición, hasta la noche del domingo habían fallecido unas 21 personas en los hospitales del país como consecuencia del apagón. La cifra no ha podido ser corroborada por The Associated Press de manera independiente.
Las autoridades han descartado que como consecuencia del prolongado apagón la situación en los hospitales del país se haya complicado y no han reportado muertes hasta el momento.
Los hospitales públicos y clínicas privadas de Venezuela enfrentan una compleja situación por una severa escasez de insumos y medicamentos y una fuga masiva de médicos que se ha agravado en los últimos años, lo que ha llevado a organizaciones humanitarias y opositores a exigir al gobierno que declare una emergencia humanitaria para permitir el ingreso de ayuda internacional.
El mes pasado fracasó una operación que impulsó la oposición para ingresar al país varias toneladas de ayuda luego de que las fuerzas policiales y militares bloquearon los pasos fronterizos por Colombia y Brasil.
Maduro rechazó la iniciativa opositora alegando que era una excusa para una intervención militar en Venezuela.
Caracas / AP
