El sol apenas salía cuando Yurladis Rojas y su hija comenzaron a recorrer una de las veredas ilegales convertidas en un peligroso salvavidas para los venezolanos que ya no pueden cruzar los puentes fronterizos cerrados.
Al llegar ambas al turbio río Táchira se sumaron a decenas de otros estudiantes de Venezuela que subían a balsas improvisadas de madera para cruzar a Colombia con el fin de lograr un sencillo objetivo propio de su edad: ir a la escuela.
“Nosotros no lo merecemos y ellos también que son niños tampoco”, aseguró Rojas, ama de casa, después de que varios hombres empujaran la balsa para transportar a la menor con uniforme escolar gris al otro lado del río, cuyas aguas tienen unos 50 centímetros (20 pulgadas) de profundidad. “No tienen que estar pagando estas consecuencias de lo que está pasando”.
El cierre de la frontera de Venezuela con Colombia está pasando un alto costo a miles de venezolanos que dependen para todo de la nación vecina, desde quimioterapias hasta alimentos en medio del agravamiento de la crisis humanitaria en su país.
En un día típico, más de 30.000 venezolanos solían cruzar los puentes fronterizos hacia la bulliciosa ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta, pero los dos fueron cerrados desde el fallido intento de la oposición para llevar hacia Venezuela camiones llenos de asistencia donada por Estados Unidos hace poco más de una semana.
El líder venezolano Nicolás Maduro rechazó la asistencia y la describió como un intento respaldado por Washington para sacarlo del poder y en respuesta rompió relaciones con Colombia, donde se encuentran almacenadas las toneladas de asistencia no entregada. La secuela es una tensa ampliación de la crisis política en Venezuela, donde miles de venezolanos, desde pacientes a escolares, buscan rutas alternativas peligrosas para cruzar a Colombia.
Complica el calvario la falta de comunicación entre las autoridades venezolanas y colombianas debido a la disputa diplomática.
El presidente colombiano Iván Duque se ha sumado a otras 50 naciones en reconocer al dirigente opositor Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela, pero las fuerzas armadas venezolanas siguen apoyando a Maduro y los puentes continúan cerrados. Felipe Muñoz, gerente en Colombia para asuntos fronterizos con Venezuela, dijo que las autoridades no han tenido comunicación con el gobierno de Maduro en torno al cierre limítrofe.
Los dirigentes de la oposición venezolana consideran recurrir a organizaciones internacionales como la Cruz Roja para solicitar su asistencia a fin de garantizar el tránsito seguro de menores y adultos vulnerables, así como la reapertura de la frontera.
“Lo que están poniendo en juego aquí son vidas”, dijo la legisladora exiliada Gaby Arellano.
Colombia y Venezuela tienen una frontera porosa de 2.200 kilómetros (1.370 millas) donde grupos delictivos armados cobran a la gente por pasar. Numerosas organizaciones defensoras de los derechos humanos han documentado casos en los que los venezolanos han sufrido robos o asaltos en su intento por transitar la zona. En ocasiones el Táchira aumenta de nivel a tal grado que las corrientes se han llevado a quienes llevan cargas pesadas de artículos de contrabando, incluida carne cruda.
Unos 3.200 escolares venezolanos cruzan la frontera para ir a la escuela en Colombia porque muchos padres creen que sus hijos tendrán en ese país una educación de mejor calidad, sin mencionar que recibirán al menos una comida, en ocasiones la única del día.
Las alumnas, muchas tomadas de la mano, sobresalen por sus uniformes a cuadros y calcetas altas entre la muchedumbre que carga bultos de artículos como arroz y papel sanitario, o maletines con pertenencias.
“Más que todo es una afectación humanitaria contra los niños, contra los enfermos, contra la gente de Venezuela”, declaró Muñoz.
No es la primera vez que la frontera está cerrada. Maduro ordenó en 2015 el cierre de los principales cruces debido a lo que describió como un intento para combatir el contrabando sin control, y desde entonces ha dispuesto en forma intermitente la apertura y clausura de pasos fronterizos.
Víctor Bautista, director en Colombia para el Desarrollo y la Integración Fronteriza, dijo que el actual cierre es considerablemente más grave debido a que las autoridades no han logrado negociar el cruce de estudiantes y enfermos como en 2015.
Una pequeña delegación que incluyó a un funcionario de la Defensa Civil colombiana se acercó a una fila de efectivos de la Guardia Nacional venezolana destacados la semana pasada cuando los puentes estaban programados para reabrirse después de que se frustrara la entrega de la asistencia humanitaria.
Bautista dijo que la delegación les preguntó sobre la reapertura de la frontera o de que permitieran a grupos neutrales de derechos humanos facilitar la comunicación, pero señalaron que todas las órdenes deben provenir de Caracas.
“La disposición de ellos no es facilitar el paso de esas personas”, declaró Bautista.
Organizaciones humanitarias como el Comité Internacional de Rescate dijeron haber visto una caída en el número de personas venezolanas que acuden a servicios como orientación psicológica y exámenes médicos para embarazadas.
Marianne Menjivar, directora del grupo para Venezuela y Colombia, consideró preocupantes los artículos periodísticos sobre violencia sexual contra personas que pasan por trayectos ilegales conocidos como “trochas”, más aún debido al tránsito de muchas menores.
“Esta no debería ser una decisión que tome un menor”, agregó.
A falta de una solución, madres como Yorley Carrillo dijeron estar dispuestas a correr el riesgo para asegurar que sus hijos tengan una educación.
“A medida que van pasando los días vamos sumando más niños, más niños”, apuntó.
Cúcuta / AP
