El Gobierno de Venezuela informó este jueves que ha dejado sin efecto una resolución que se dio a conocer esta semana, que había fijado el cobro del 1 % sobre todos los servicios de encomiendas a domicilio que se concretaran a través de aplicaciones digitales.
En un comunicado, el Ejecutivo explicó que sostuvo una reunión con representantes de las empresas de este sector "con el propósito de avanzar en un plan conjunto de trabajo", para lo que acordaron conformar dos comisiones, una de ellas para "enlazar" al servicio de encomiendas con un plan de seguridad del Ministerio de Interior.
"En este encuentro, el Ejecutivo acordó dejar sin efecto la resolución (...), decisión que fue acogida con gran beneplácito por parte de las empresas prestadoras", indica el texto, que no precisa si se ha tomado a solicitud de los empresarios, cuyas quejas comenzaron nada más anunciarse dicho cobro.
Además, las partes acordaron "mantenerse en constante diálogo, en aras de mejorar su impacto y relacionamiento".
La normativa derogada creaba un registro obligatorio, manejado por el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (Ipostel), en el que las empresas iban a tener que pagar un coste de 300 dólares para obtener una licencia que les permita hacer entregas a domicilio.
Asimismo, la providencia establecía un pago anual de 240 dólares por el mantenimiento del permiso y un sistema de sanciones, que incluía una multa de 6.000 dólares a los operadores que reincidieran en el incumplimiento de los lineamientos.
En este sentido, Ipostel tenía previsto crear una aplicación móvil que serviría "de plataforma única de la prestación del servicio de entregas a domicilio a nivel nacional", lo que dejaba sin certezas a las empresas que ya explotan el servicio de encomiendas en el espectro digital.
Caracas / EFE
