En Venezuela, se estima que de 4.3 millones de hogares con televisión por suscripción, el 25% accede a contenido «pirata», y de 1.5 millones con banda ancha, el 42.5% descarga contenido ilegal, de manera que el consumo de este tipo de contenidos en el país supera los promedios en América Latina, informó el sitio web La Mañana.
«En Latinoamérica, de los 78.9 millones de hogares con televisión por suscripción, el 23% consume contenido pirata, y del total de 98.2 millones con banda ancha, el 40% descarga contenido ilegal. Estos esfuerzos conjuntos son sumamente valiosos y necesarios para poder hacerle frente a este desafío de la piratería digital”, indica del doctor Francisco Escutia, abogado mexicano con postgrado de especialización en Propiedad Intelectual.
Las pérdidas por piratería en América Latina superan los US$10.3 billones y se reducen más de 75,000 empleos.
Por estas razones, Simple sigue desarrollando distintos esfuerzos para hacerle frente a la piratería audiovisual, que afecta no solo a las empresas de telecomunicaciones del país, sino también a los consumidores.
La piratería se refiere a la reproducción o distribución de material protegido por derechos de autor sin contar con la autorización del titular de dichos derechos. Esto abarca diversas formas de contenido, como música, películas, software y libros.
Esta práctica es riesgosa para el consumidor porque, además de violar la ley, puede exponerlo a la descarga de archivos infectados con virus o malware, así como a la falta de soporte y actualizaciones para el software, lo que compromete la seguridad de su información personal.
Durante la Feria Internacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Fitelven), la marca presentó un encuentro titulado “Cazadores de piratas: desenmascarando el cibercrimen” con la participación del doctor Francisco Escutia, abogado mexicano con postgrado de especialización en Propiedad Intelectual en América Latina y Europa, con más 25 años de experiencia en Propiedad Intelectual en la industria del entretenimiento y CEO de Latin America Anti-Piracy & Intellectual Property Consulting (LAAPIP) y Rafael Ortín, abogado y magíster en Propiedad Intelectual, Socio del Despacho de abogados especializados en Derecho de Propiedad Intelectual Bolet & Terrero.
De acuerdo con Escutia, “La piratería audiovisual representa un riesgo significativo para la privacidad del consumidor. Al acceder a contenido protegido, de manera ilegal, los usuarios a menudo se ven obligados a interactuar con plataformas poco seguras y aplicaciones maliciosas. Estas pueden recopilar información personal sin el consentimiento del usuario, poniendo en peligro datos sensibles como contraseñas, información financiera, imágenes y demás datos personales.”.
En este sentido, Ortín añade: “La piratería audiovisual inserta la idea en el público consumidor de que es inofensivo y aceptable consumir de forma gratuita o a muy bajos costos esos contenidos. Sin embargo, el hecho de no pagar por la plataforma o el producto, o pagar precios insignificantes, solo significa que estas organizaciones se lucran del consumidor directamente, utilizándolo como producto y la mayoría de las veces, tomando data privada, sensible y personal y comercializando con ella”.
Simple continuará trabajando junto al organismo regulador, expertos en propiedad intelectual y otras empresas de telecomunicaciones para promover un consumo responsable y continuar ofreciendo a los usuarios alternativas legales y seguras.
En un contexto donde la piratería audiovisual representa un desafío significativo para la industria del entretenimiento; no solo en Venezuela, sino en el mundo, diversos países de la región han unido fuerzas para afrontar este fenómeno de manera efectiva.
Operativo
Recientemente, un operativo de gran envergadura en Argentina y Brasil desmanteló 675 sitios web y 14 aplicaciones ilegales de streaming, incluyendo Magis TV.
La operación contó con la colaboración de instituciones judiciales y civiles de varios países, como Estados Unidos, Reino Unido y Perú.
El resultado fue la detención de nueve personas y la emisión de 30 órdenes de allanamiento e incautación en Brasil y Argentina.
Puerto La Cruz / Redacción El Tiempo
