De acuerdo con el vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, desde el pasado 20 de septiembre está en marcha el XV Censo de Población y Vivienda en una primera etapa que consiste en una visita inicial, por “oleadas”, a 11 millones de inmuebles en todo el país para la asignación de un código QR que remitirá a una cédula inmobiliaria. Este documento virtual, resaltó el ministro sin dar mayores detalles, permitirá la simplificación de trámites a la ciudadanía mediante un sistema de información integrado.
Pero algunos elementos del anuncio oficial han causado inquietud entre vecinos y comerciantes -por cuanto el levantamiento estadístico, además de las viviendas, busca recabar la data de las propiedades de uso comercial en el territorio nacional-, así como en las cámaras inmobiliarias nacional y metropolitana. El adelanto de la consulta, debió hacerse en 2021, y la participación de integrantes de la Milicia Nacional Bolivariana como empadronadores, en apoyo al personal técnico del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Instituto Geográfico Nacional, despertó el temor de que el censo tenga fines expropiatorios.
“¿Por qué este anuncio del censo ha causado tanta perturbación? Porque cinco millones y medio de venezolanos están fuera del país, entonces, en un apartamento donde sólo está el abuelo porque su hijo con la esposa y los nietos se fueron a vivir al exterior, cabe la pregunta ¿le doy esa información de habitaciones y espacios libres o viviendas no habitadas a un Gobierno que ha hecho de la palabra expropiación una de sus claves fundamentales?”, expresó el director de la organización vecinal MiCondominio.com, Elías Santana.
Ante los rumores, Menéndez recalcó recientemente que el sondeo no afectará la propiedad privada ni durante ni después del proceso y acusó a ciertos voceros de oposición de querer sembrar el pánico en la población al difundir información falsa. También dijo que tras la colocación del código a través de una etiqueta en cada puerta de los hogares o locales que habría comenzado en 14 parroquias de Caracas no especificadas, se producirá la visita de los empadronadores mediante cronogramas que serán notificados hasta cubrir la totalidad del territorio nacional. Acotó que la población no está obligada a abrirle la puerta al personal del censo pero advirtió que quien no lo haga quedará excluido del sistema de información.
Pero la invasión, días atrás, de algunos apartamentos del edificio Cuatricentenario en la avenida Victoria al sureste de Caracas y del Hotel Puerto Escondido en el centro por parte de un grupo que, según denunciaron vecinos, portaba carnets de la Alcaldía de Libertador, no respaldaron las palabras del ministro. Cabe recordar que en 2006, el exalcalde metropolitano Juan Barreto dictó medidas de expropiación sobre más de 449 edificaciones de la capital de la República que luego fueron adjudicadas a personas que previamente los ocuparon de manera forzosa y se conoció que sólo 17 fueron pagados a sus dueños.
“Recibimos reportes de amenazas de invasiones en 15 zonas de Caracas, no son más que vulgares invasiones en nombre de un censo, porque esas personas que eran entre colectivos y milicianos que forzaron cerraduras de viviendas desocupadas o al cuidado de alguien dijeron que como estaban vacías serían asignadas a otras personas sin viviendas luego del censo”, aseguró el coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas.
Ante este panorama, Santana indicó que la postura de condominios y asambleas de vecinos desde el este hasta el oeste caraqueño es no abrir la puerta de los hogares y locales comerciales al personal que realice el censo. La organización vecinal sugirió a los ciudadanos no enfrentar a los empadronadores y de manera pacífica expresarles por qué no les van a proporcionar información, puesto que no es obligatorio y no supone sanciones de ningún tipo por parte del Estado.
Cipriana Ramos, expresidenta de Consecomercio y dirigente vecinal, confirmó lo dicho por Santana: la decisión ha sido recibir a los empadronadores sean del INE o no en las puertas de las residencias y urbanizaciones y no se les permitirá el ingreso a las instalaciones de los edificios ni a las casas, ni mucho menos revelarles qué viviendas están desocupadas ni cuántos propietarios salieron del país.
“Hasta los residentes de los edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela deben estar alertas porque como nunca les dieron títulos de propiedad de los apartamentos que les entregaron la intención puede ser verificar si los adjudicatarios viven allí o si se fueron del país para despojarlos y dárselos a otro, pero la realidad es que todos tenemos carencias, nadie se va al exterior y deja su casa sola o cuidada por familiares o conocidos porque les guste sino porque se ven forzados a buscar una vida mejor”, acotó.
Según cifras de Fedecámaras entre 2007 y 2012 fueron expropiados en el país alrededor de 1.500 empresas.
Llamado a la calma
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Carlos Alberto González, recordó que el censo es una actividad que tiene lugar cada 10 años, aunque en esta oportunidad se adelanta pues el último fue en 2011, y que de la información que de allí se recabe el Gobierno elabora políticas para áreas como la salud y la educación. De los datos que aporte el sondeo también depende el Situado Constitucional, por lo que el vocero pidió no rechazarlo per se, aunque sí sugirió a los propietarios de inmuebles estar alerta pero sin dar crédito a ninguna cadena de mensajes que busque crear zozobra sobre la base de rumores. Aseguró igualmente que las invasiones registradas son hechos aislados no masivos.
“Ningún funcionario tiene derecho a exigirle a un propietario o a quien esté al cuidado de una casa o un apartamento la desocupación, la única vía es la expropiación producto de un proceso legal y una sentencia firme, cualquier otra forma es abuso de poder, un delito con sanciones según el artículo 471 A del Código Penal. Los dueños de esos inmuebles que estén fuera del país tienen derecho a dejarlos solos u ocupados, la propiedad privada está consagrada en el artículo 115 de la Constitución”, apuntó por su parte el presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, Roberto Orta.
El dirigente gremial añadió que las asociaciones de vecinos, si así lo creen conveniente, pueden organizarse y tomar medidas de prevención ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante la encuesta y que tanto la policía como la Fiscalía General de la República deben responder y actuar ante cualquier llamado.
Rojas igualmente sugirió contactar a los dueños de los hogares que están fuera del país para tener a la mano algún documento de propiedad y denunciar, si es necesario con protesta de calle, cualquier exceso de quienes realicen el censo o de grupos que se tomen atribuciones que no deben.
“Si la política pública derivada con respecto a los inmuebles censados pudiera ser de expropiaciones y confiscaciones por supuesto que expresaremos nuestro desacuerdo y rechazo porque no avalamos este tipo de ataques contra la propiedad privada, todo lo contrario, buscamos la defensa de la propiedad en el marco de una economía de libre mercado donde privilegie la ley de oferta y demanda. El tema no son los aspectos técnicos, son las acciones de las personas y los funcionarios”, señaló el presidente de Consecomercio, Felipe Capozzolo.
Dudosa calidad
Un miliciano, que prefirió omitir su identidad, dijo que a principios de septiembre de este año fue convocado a un taller teórico práctico sobre el registro de cédula inmobiliaria en la Escuela Venezolana de Planificación, ubicada en La Rinconada, durante tres días. La finalidad fue formarlo, junto a otras 259 personas, en el proceso de asignación del Código QR.
“Entre otras cosas nos dijeron que el registro no se haría manualmente con planillas sino con un software instalado en un teléfono Android y que acompañaríamos a personal de la Alcaldía de Caracas porque les hacía falta gente. Yo no seguí en el proceso porque trabajo en una institución del Estado e iba a necesitar una comisión de servicio para estar por ocho meses en el levantamiento”, indicó.
Confirmó que la Milicia también estaría presente en el empadronamiento pero para dar apoyo.
Al respecto, el profesor Gerardo Correa, del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), subrayó que el recurso humano usado para todos los censos debe ser estrictamente civil y en la formación previa que realiza se le hace recomendaciones sobre lo que debe o no hacer, y entre lo que se debe evitar está el uso de elementos políticos.
El experto en el área de estudios demográficos alertó que un censo mal hecho llevaría a una planificación a ciegas desde el Estado, puesto que existe el riesgo de que la población no responda o si lo hace aporte información falsa sobre aspectos como el número de habitantes en un inmueble porque tiene temor de ser despojada de la propiedad.
“Puede levantarse un censo con información de muy baja calidad. El Gobierno dirá que se empadronaron no sé cuántas viviendas y lo venderá como una cifra real pero al final esa información será poco creíble. Si el país no cuenta con información de calidad que esté validada, con un sistema estadístico confiable con los parámetros adecuados, se hará difícil que cualquier organismo internacional como la Corporación Andina de Fomento, la Organización de Naciones Unidas o algún gobierno financien cualquier programa o proyecto nacional, si no se tienen datos que les permitan saber si la inversión de los recursos es confiable o a qué población está destinada”, explicó.
Igualmente añadió que de acuerdo con estándares internacionales las encuestas de este tipo deben hacerse en los años que terminan en 0 o en 1. Para Santana ese “apuro” también puede obedecer a que se avecinan procesos electorales de importancia tales como los comicios de la Asamblea Nacional y al Gobierno le convendría modificar los circuitos, tomando en cuenta a la diáspora.
Menéndez igualmente negó tal apuro porque la cartografía censal necesaria para trazar la ruta que seguirán los empadronadores fue preparada desde 2018.
Caracas / Deisy Martínez
