Un tribunal ordenó que el jefe del despacho y mano derecha del líder opositor venezolano Juan Guaidó permanezca detenido mientras enfrenta un juicio por presunta conspiración, en la antesala de la visita al país de la alta comisionada de la ONU (Organización de Naciones Unidas) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Durante una audiencia preliminar que se extendió por nueve horas un juzgado capitalino acordó la madrugada del martes que el abogado Roberto Marrero permanezca en prisión mientras se le sigue un juicio por los supuestos delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y conspiración, se anunció en un comunicado que difundió el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Asimismo se decidió mantener detenido y enjuiciar a Juan Antonio Planchart, vinculado al proceso del político.
Marrero, estrecho colaborador de Guaidó, fue apresado en marzo por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) -la policía política- durante un allanamiento a su apartamento ubicado en el este de Caracas.
Su abogado, Joel García, denunció el martes que el caso de Marrero “está plagado de irregularidades” que van desde el acta policial que lo incrimina hasta cuando le “siembran los fusiles” en su apartamento. Tras el anuncio del tribunal García pidió a Bachelet que se reúna con organizaciones humanitarias, abogados y víctimas para que escuche al “otro lado que está clamando por los derechos humanos”.
Acusaciones
Las autoridades acusan a Marrero de formar parte una “célula terrorista” que preparaba una serie de asesinatos selectivos para generar desestabilización en el país sudamericano.
El fallo se produjo pocas horas después de la liberación de tres de los llamados presos políticos, entre ellos el diputado suplente Gilber Caro. Asimismo, fueron excarcelados Melvin Farías y Junior Rojas tras permanecer detenidos 14 meses en la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
De acuerdo con estimaciones de la organización humanitaria local Foro Penal en el país hay 715 presos políticos de los cuales unos 600 son civiles y el resto militares.
Bachelet estará entre el 19 y el 21 de junio en Caracas y sostendrá encuentros con el presidente Nicolás Maduro y Guaidó, además de otras autoridades venezolanas. En su visita también tiene previsto reunirse con organizaciones humanitarias y víctimas de violaciones de derechos civiles y políticos.
El viaje de la alta comisionada ha generado gran expectativa debido a que desde hace varios años no visitaba Venezuela un funcionario internacional de alto nivel en materia de derechos humanos.
El antecesor de Bachelet, Zeid Ra'ad al Hussein, había solicitado venir a Caracas pero las autoridades le negaron el pedido y lo acusaron de emitir comentarios “infundados” e “irresponsables” al denunciar violaciones a los derechos humanos en el país sudamericano.
El sociólogo Rafael Uzcátegui, coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) -una de las principales organizaciones humanitarias del país-, indicó a The Associated Press (AP) que el viaje de Bachelet se concretó tras los compromisos a los que llegó el gobierno de Maduro de tomar decisiones en materia de derechos humanos e iniciar un proceso de trabajo con la oficina de la alta comisionada.
Uzcátegui indicó que es muy posible que el gobierno de Maduro tome en las próximas semanas algunas medidas en materia de derechos humanos para tratar de lograr un “resultado favorable” en el informe final que emitirá el próximo mes Bachelet.
Informe previo
La funcionaria presentó en marzo un informe oral sobre Venezuela en el que manifestó preocupación por la “magnitud” y “gravedad” de la repercusión de la crisis económica y política del país sobre los derechos humanos y sostuvo que las sanciones económicas que recibió la corporación petrolera estatal podrían agravar la situación.
En esa oportunidad la expresidenta chilena afirmó que las autoridades “se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad” de la crisis en materia de salud, alimentación y servicios públicos, por lo que las medidas que han adoptado “no han sido suficientes”.
Asimismo, se refirió a las denuncias de asesinatos extrajudiciales cometidos por integrantes de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la policía nacional y los casos de violaciones y abusos cometidos por miembros las funcionarios de orden seguridad y orden público durante las protestas antigubernamentales.
Al criticar el pronunciamiento de la alta comisionada el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, dijo que Bachelet sólo leyó “lo que le entregaron los escuálidos (opositores) con información tergiversada”.
Caracas / Fabiola Sánchez / AP
