El Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia en materia de terrorismo absolvió y declaró libre de responsabilidad penal a la defensora de derechos humanos y directora de la organización Control Ciudadano, Rocío San Miguel, concluyendo un proceso judicial que se extendió por más de dos años.
La activista confirmó la medida a través de su cuenta en la red social X, donde expresó que con esta resolución judicial culmina un duro capítulo de su vida. En su mensaje, San Miguel enfatizó que la decisión del tribunal ratifica la postura de inocencia que sostuvo desde el momento de su aprehensión, ocurrida el 9 de febrero de 2024.
Durante su declaración, la dirigente manifestó su gratitud hacia su entorno familiar, destacando especialmente el apoyo de su hija. Asimismo, reconoció el acompañamiento de la sociedad civil venezolana, misiones diplomáticas, organismos internacionales y organizaciones defensoras de derechos fundamentales como Amnistía Internacional, Front Line Defenders y Human Rights Foundation. En sus palabras de agradecimiento incluyó a su equipo de abogados defensores y al expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.
San Miguel extendió un mensaje de solidaridad hacia las personas que continúan enfrentando procesos penales en el país y se encuentran en situación de vulnerabilidad. Al referirse al panorama institucional, afirmó que la justicia en la nación solo alcanzará su plenitud cuando las garantías del debido proceso y los derechos fundamentales se respeten de manera efectiva para la totalidad de los ciudadanos.
En relación con las condenas impuestas a otros implicados en la misma causa judicial, la activista calificó dichas sentencias como profundamente injustas y manifestó su expectativa de que sean anuladas en instancias posteriores. Finalmente, la directora de Control Ciudadano ratificó su determinación de mantener su labor en favor del respeto a los derechos humanos y la consolidación del Estado de derecho en Venezuela.
La detención de Rocío San Miguel en febrero de 2024 derivó en una reclusión de casi dos años en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional conocida como El Helicoide. Durante dicho periodo de internamiento, la activista permaneció varios meses con una fractura ósea sin recibir la atención médica oportuna, condición que posteriormente requirió dos intervenciones quirúrgicas para su recuperación.
Caracas / Redacción Web
