Familiares de los 23 hombres privados de libertad en la isla de Margarita desde diciembre de 2022 rompieron tres años de silencio y se manifestaron frente al Palacio de Justicia de Nueva Esparta. La principal exigencia es que se les aplique la Ley de Amnistía, tras considerar que el proceso judicial carece de pruebas y estuvo marcado por irregularidades vinculadas al conflicto con Guyana.
Los detenidos son pescadores, trabajadores de Pdvsa y un inspector de la Policía Nacional Bolivariana. Según los testimonios de los familiares, las aprehensiones ocurrieron tras la detención de una embarcación con bandera guyanesa que, presuntamente, presentaba fallas mecánicas cuando fue interceptada. “Todo inició con la detención de un barco con bandera de ese país, que luego desapareció”, explicó una de las allegadas, en referencia a las tensiones geopolíticas que enmarcaron el procedimiento.
Los familiares denunciaron que desde el momento de la captura se cometieron múltiples violaciones. Maritza Guevara, familiar de uno de los detenidos, relató que los hombres fueron trasladados sin orden judicial y permanecieron toda la noche en un operativo sin control hasta que los presentaron al día siguiente en Playa Valdez.
En el caso de los trabajadores de Pdvsa, Milagros Moreno detalló que los llamaron a una reunión después de cumplir su guardia y terminaron privados de libertad sin explicación clara. “En los informes de Pdvsa no se registran pérdidas durante el día de la guardia, ni antes ni después. Toda la documentación de la embarcación estaba en regla”, afirmó.
Agregó que durante el juicio no se pudo hacer la reconstrucción de los hechos porque la embarcación ya no tenía combustible, había sido modificada y finalmente desapareció con nombre y bandera cambiados.
Petición de amnistía y gestiones ante la AN
Los manifestantes aseguraron que durante estos tres años han acudido a distintas instancias: defensores públicos y privados, la jueza de circuito, la Fiscalía y la inspectoría de tribunales. Sin embargo, aseguran que en reiteradas oportunidades se les advirtió que guardaran silencio por tratarse de “una orden de arriba”.
Ante la falta de lo que consideran una respuesta judicial justa, los familiares han solicitado que el caso sea revisado bajo los principios de la Ley de Amnistía. Esta petición también fue planteada ante la Asamblea Nacional durante la consulta pública de la ley, en un encuentro que sostuvieron con el diputado Omar Veracierto en Nueva Esparta.
“Hemos vivido en un psicoterror, a veces no sabíamos ni el nombre de la jueza, todo lo que nos decían era no hablen, no digan nada a los medios”, expresó uno de los familiares, que prefirió mantener reserva de su identidad. “Siempre fue una incógnita saber quién estuvo detrás de todo esto”.
Nueva Esparta / Mario Guillén Montero
