La Oficina para el Control de Activos Extranjeros, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, autorizó este martes algunas operaciones internacionales necesarias para el funcionamiento de los puertos y aeropuertos de Venezuela. Es una licencia en medio de las sanciones impuestas al régimen de Nicolás Maduro.
“Están autorizadas todas las transacciones y operaciones que involucran al régimen de Venezuela, prohibidas por la orden ejecutiva 13.884 del 5 de agosto de 2019, que de manera ordinaria son incidentes y necesarias para las operaciones o uso de puertos y aeropuertos en Venezuela”, señala el documento.
El Departamento del Tesoro emitió la licencia 30A, que permite tratar con el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) de Venezuela, o cualquier entidad que esta posea, para posibilitar la operativa portuaria y aeroportuaria ordinaria, algo prohibido en agosto de 2019 por el gobierno de Trump.
La nueva licencia no autoriza, sin embargo, ninguna transacción o actividad relacionada con la exportación o reexportación de diluyentes, claves para que Venezuela pueda procesar su pesado crudo, así como ninguna transacción con personas o entidades objeto de sanciones del gobierno estadounidense.
Esta es la primera medida de Biden, que asumió el 20 de enero, con respecto al régimen de sanciones a Caracas instaurado por Trump con el fin de presionar la salida del poder del mandatario Nicolás Maduro, cuyo gobierno Washington desconoce por considerarlo resultado de elecciones fraudulentas.
El Tesoro autoriza actividades con el INEA
Estas actividades involucran también al Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA). Inicialmente esas operaciones estaban prohibidas en la orden ejecutiva emitida por el gobierno de Estados Unidos el 1 de noviembre de 2018. Y enmendada el 25 de enero de 2019.
También afectan a cualquier entidad en la cual el INEA posea, directa o indirectamente, 50% o más de los intereses de propiedad, advierte el Tesoro.
La medida indica que no está permitida ninguna transacción o actividad, directa o indirectamente, relacionada con la exportación o reexportación de diluyentes. Estos son usados en la industria petrolera y petroquímica.
Análisis
Mariano de Alba, especialista en derecho internacional y relaciones internacionales, dijo a la AFP que esto muestra una intención revisionista.
“La licencia es una primera señal de que hay disposición por parte del nuevo gobierno estadounidense a revisar el ámbito de aplicación de las sanciones impuestas en los últimos años y aclarar su alcance, para que el comercio y transporte de personas por parte de compañías internacionales no sea visto por sus asesores legales como excesivamente riesgoso”, indicó.
El gobierno de Trump incrementó las sanciones económicas a Caracas en enero de 2019, cuando Maduro asumió un segundo mandato hasta 2025. La batería de medidas incluye un embargo de facto al crudo venezolano, crucial para la economía de la otrora potencia petrolera.
Hace dos semanas, el hoy secretario de Estado de Biden, Antony Blinken, llamó “brutal dictador” a Maduro y dijo apoyar la presión contra su régimen, al ser consultado sobre Venezuela durante su audiencia de confirmación en el Senado.
Sin embargo, entre los aspectos “a considerar” de la política hacia Caracas, Blinken señaló un enfoque “más efectivo” de las sanciones estadounidenses.
Nueva York / Agencias
