“Unión” en la Asamblea Nacional (AN) es una de las palabras que más se repite en los discursos de todos los diputados. Sin embargo, en la práctica no se ha logrado. Quienes hacen vida en el Poder Legislativo se definen como opositores al presidente Nicolás Maduro, pero la falta de consenso se ha convertido en el principal obstáculo para impulsar un movimiento unitario desde este espacio de debate que presente un proyecto de país y cambio de gobierno.
Esa falta de cohesión entre los integrantes del único poder legítimo se ha hecho evidente. Es así como 70% de los ciudadanos consideran que la AN ha tenido una gestión negativa durante este último año, de acuerdo con el estudio más reciente realizado por Datanálisis.
El diputado por Un Nuevo Tiempo (UNT), Carlos Valero, asegura que el adversario político se ha distorsionado, puesto que algunos dirigentes de oposición están dedicados a desvirtuar el trabajo de otros, con la excusa de generar el quiebre del gobierno de Maduro.
“Nosotros necesitamos mucha más unidad; más humildad en el diagnóstico y en el tratamiento con nuestros iguales de la oposición. Debemos ser los primeros en tener unidad de propósito, de acción”, manifestó.
La fracción de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que llegó al Palacio Federal Legislativo en 2015 no es la misma tres años después. Ciertamente las primeras divisiones se dieron en noviembre del año pasado, cuando los diputados José Gregorio Aparicio y Romel Guzamana anunciaron la creación de la fracción Prociudadanos; días después, los parlamentarios de Alianza Bravo Pueblo (ABP), Vente Venezuela (VV) y Convergencia se unieron para crear una fracción denominada 16 de Julio. En ese momento, una de las diferencias era el diálogo que se realizaba en República Dominicana. En 2018, la división se acentuó.
En abril, Chaím Bucarán, Kerrin Mavárez, José Sánchez Mazuco, Timoteo Zambrano, Melva Paredez, Adolfo Superlano, Maribel Guédez, Mary Álvarez, José Antonio España y Freddy Castellanos se unieron a Prociudadanos, que es liderado por Leocenis García. Pero casi un mes después, Zambrano, Álvarez, Paredes, Guédez y Superlano se separaron y fundaron otra fracción denominada Cambiemos.
Luego, en julio, el dirigente de Avanzada Progresista (AP) y excandidato presidencial, Henri Falcón, anunció la creación de la fracción Concertación por El Cambio, conformada por los diputados de AP, y a la cual se sumaron los diputados de Cambiemos. Esta fue la cuarta fractura de la MUD.
Por diferencias en cuanto a las elecciones de concejos municipales, España y Aparicio salieron de Prociudadanos y pasaron a formar parte de las filas de Cambiemos (que lleva Timoteo Zambrano) y, en consecuencia, a la fracción de Concertación.
La quinta división fue la de La Causa R. El diputado Américo De Grazia informó en noviembre la decisión de separarse de la fracción de la Unidad por diferencias en un acuerdo sobre la salida de Maduro a través del acompañamiento de la comunidad internacional, lo cual consideraba como una carta al Niño Jesús que daba muchas expectativas. A su juicio, esta fracción actúa bajo secretismo y los venezolanos ya no aguantan esa actitud.
El año 2019 llegará con la oficialización de otra fracción parlamentaria. Se trata de Encuentro Ciudadano que coordina la diputada Delsa Solórzano, exmilitante de UNT. El jefe de la bancada será Luis Loaiza (Mérida), que también viene de esas filas.
Hasta ahora, en la MUD permanecen los diputados de Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular (VP), Movimiento Progresista de Venezuela (MPV) y Un Nuevo Tiempo. Acción Democrática (AD) se separó de la MUD por retrasos en las agendas de acción, sin embargo, no aclararon si también se retiraban de la fracción parlamentaria.
El blanco de la persecución
Los diputados posicionan este año como uno de los más difíciles. La persecución por parte del Gobierno ha quedado en evidencia. Con la amenaza al diputado Freddy Guevara, refugiado desde el año pasado en la embajada de Chile, se demostró el talante del Ejecutivo.
Hasta este diciembre, más de siete diputados han salido de Venezuela por haber recibido amenazas de encarcelamiento o muerte, de acuerdo con fuentes de la MUD.
Borges fue uno de los primeros en salir de Venezuela en 2018. No haber firmado el acuerdo del diálogo que se estableció en República Dominicana entre el Ejecutivo y la oposición lo llevó al exilio. Gaby Arellano (VP), Ismael García (independiente), Tomás Guanipa (PJ), Rosmit Mantilla (VP) y Dinorah Figuera (PJ) también fueron condenados a estar fuera de su país. En el caso de Figuera, se conoció de manera extraoficial que el Gobierno quería acallarla por ser una de las que aseguró que al concejal Fernando Albán lo asesinaron en el Sebin de Plaza Venezuela y no se suicidó, como alegaba la versión oficial.
El parlamento tiene a uno de sus miembros en manos de la policía política del país. Juan Requesens fue llevado a la fuerza por funcionarios del Sebin el 7 de agosto por supuestamente estar involucrado en el magnicidio frustrado que se registró contra Maduro el pasado 4 de agosto. Lo acusan de traición a la patria, terrorismo, homicidio en grado de frustración, posesión ilícita de armas, instigación pública continuada y asociación para delinquir; y su defensa conoció la acusación tras 100 días de estar recluido en El Helicoide.
A Requesens le han negado atención médica especializada y las visitas familiares son irregulares.
El pasado 5 de diciembre, el diputado Juan Miguel Matheus solicitó a la Comisión de Política Interior de la AN iniciar una investigación para determinar la responsabilidad penal de cuatro de los funcionarios “involucrados en el secuestro de Requesens”: la jueza Carol Padilla, los fiscales Farid Mora Salcedo y Dinora Bustamante y la secretaria Yasmily Rojas.
El abogado del parlamentario, Joel García, ha argumentado que el tribunal a cargo de esta causa es ilegítimo debido a que la secretaria no es abogada, lo cual es un requisito fundamental. La acusación la componen 219 folios, pero sólo se habla de Requesens en 15 líneas.
Banco de leyes
En febrero de 2018, la junta directiva presidida por Omar Barboza informó que el objetivo en este periodo era aprobar más de 20 normas legales como parte de un banco de leyes que serán aplicadas en un gobierno democrático. Sin embargo, al cierre de esta gestión se han aprobado al menos seis textos: Ley de Creación y Protección de la Mega Reserva Nacional de Agua Dulce, la reforma de la Ley Orgánica que Reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos a la Actividad de Hidrocarburos, Ley de Semillas, Ley sobre el Régimen de Pensiones de Vejez No Contributivo, Ley de Calabozos Policiales y Ley de Migración de Retorno.
En primera discusión queda el proyecto de Ley del Banco Central de Venezuela, reforma de la Ley del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y la reforma de la Ley de Consejos Comunales. Para el año próximo estará pendiente por aprobar la segunda discusión del proyecto de ley de recuperación de activos producto de la corrupción. Asimismo, se crearon comisiones para evaluar la retención de ganado y alimentos en los estados Apure y Zulia y en defensa de la Constitución. Esta la integran Juan Miguel Matheus (PJ), Freddy Valera (AD), Luis Emilio Rondón (UNT), Ramón Flores (suplente de Luis Parra, de VP), Simón Calzadilla (MPV), José Antonio España (Concertación) y Américo De Grazia (LCR).
A propósito del proceso judicial que se realiza en Estados Unidos sobre casos de corrupción que involucran a exfuncionarios de Chávez y empresarios, la Asamblea Nacional designó una comisión especial para investigar lo que ocurrió y haga seguimiento específico al caso Gorrín-Andrade. Pero los diputados escogidos aún no han instalado la comisión, lo cual significa una “Operación Silencio” para quienes conforman la fracción 16-J.
Otro de los temas que quedan pendientes es la reforma constitucional que planteó la exfiscal de la República, Luisa Ortega Díaz. La Comisión de Política Interior se comprometió a evaluar la situación y brindar una pronta respuesta.
La próxima gestión
Hace un mes el partido Voluntad Popular (VP) acordó postular al diputado Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, siguiendo el acuerdo de gobernabilidad que firmó la oposición en 2016. La noche del miércoles 5 de diciembre, los partidos Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática y Primero Justicia avalaron el acuerdo de Voluntad Popular.
Guaidó asumió presidencia de la AN con el objetivo de articular estrategia unitaria (Foto: Archivo)
Sobre la primera vicepresidencia del parlamento, que le corresponde a Acción Democrática, el nombre que más suena es el de Edgar Zambrano.
La candidata para asumir la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional era la diputada Delsa Solórzano, pero su ruptura con el partido Un Nuevo Tiempo le quitó esta posibilidad. Fuentes de UNT confirmaron que el cargo parlamentario le corresponderá a Stalin González, quien fue jefe de fracción de la Unidad en el año 2015.
VP indicó que asumía la jefatura del parlamento con la intención de ser un “eje articulador de la estrategia unitaria” contra el Gobierno.
Sin embargo, la dirigente de Vente Venezuela (VV), María Corina Machado, hizo un llamado a la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional (AN) a que nombren un gobierno de transición después del 10 de enero.
“El 10 de enero concluye un periodo presidencial y no hay presidente electo. Hay un vacío de poder que tiene la obligación de llenarlo la Asamblea Nacional, designando un período de transición encabezado por el propio presidente de la asamblea (…) No es el momento de la repartición de cargos o de los acuerdos entre cúpulas... Está en juego la dignidad del Poder Legislativo”.
Tales declaraciones provocaron de nuevo polémica y fueron objetadas desde otras organizaciones. “Lo triste del maricorinismo es que sabe muy bien que sus planteamientos son irrealizables en la práctica, pero sus objetivos son captar incautos y terminar de destruir a la oposición organizada pensando que así van a situarse como la única alternativa. Por eso el régimen ni los toca!”, dijo Oliver Blanco, dirigente de AD.
Las tensiones entro opositores tienden a continuar, a pesar de los intentos de reagrupamiento y cohesión.
Fracción de PJ propone renegociar la deuda externa
Para los diputados que conforman la fracción de Primero Justicia (PJ) las finanzas públicas de Venezuela son inviables, por lo que debe plantearse una renegociación de la deuda externa de forma expedita y transparente.
“El Gobierno optó en noviembre de 2017 por incumplir selectivamente el pago de la deuda externa, tanto la soberana como la emitida por PDVSA. De esta manera, se les paga a ciertos acreedores como Goldman Sachs, ConocoPhillips y a los tenedores del bono PDVSA 2020 en tanto que al resto se le mantiene sin cobrar”, expusieron durante un balance en materia económica que ofrecieron al cerrar el periodo legislativo 2018-2019.
En lo que está relacionado con la estabilización de la economía, apuntan que la orientación fundamental consiste en parar en seco la hiperinflación y para lograrlo es fundamental detener el financiamiento monetario del déficit fiscal, acudir al financiamiento internacional y fijar la tasa de cambio del bolívar respecto al dólar por un plazo razonable.
“El BCV debe recuperar su autonomía para manejar la política monetaria, potenciar sus capacidades técnicas y publicar todas las estadísticas que actualmente están en situación de atraso”.
En materia de hidrocarburos, señalan que con nuevas inversiones y una gerencia competente y honesta se puede frenar la caída de la producción, así como aumentar la producción a razón de 200.000 barriles diarios por año.
Caracas / Sammy Martínez
