“Decir que el boxeador venezolano Eldric Sella no es refugiado porque puede volver a Venezuela es una tontería; decir eso es ignorar cuáles son los estándares internacionales en materia de refugiados”. Así lo expresa a TalCual la abogada Tamara Taraciuk, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), quien indica que la interpretación más amplia surgida a raíz de la Declaración de Cartagena para dar estatus de refugiado a una persona ha ido avanzando en todo el hemisferio.
El boxeador venezolano Eldric Sella, quien participó en los Juegos Olímpicos de Tokio como parte delegación de refugiados y se encontraba antes de la competencia en Trinidad y Tobago, fue notificado por las autoridades de ese país de la necesidad de realizar los trámites pertinentes de visado para poder ingresar de vuelta a la isla, lo que dejó al deportista a la deriva sin saber a dónde dirigirse por su condición de refugiado.
La abogada explica que la definición de refugiado que tradicionalmente se maneja es la contenida en la Convención de Refugiados de Naciones Unidas, que es más limitada de lo que se piensa actualmente sobre el tema ya que indica que el estatus es para quien tuvo que huir por persecución política o ideológica. Pero sus nociones fueron ampliadas por la Declaración de Cartagena, que aunque no es un tratado obligatorio, sus normativas han sido incorporadas en las legislaciones de muchos países de la región.
“Es una visión mucho más amplia de lo que constituye un refugiado a nivel internacional porque incluye aquellas personas que huyeron de una situación generalizada de violación de DDHH (Derechos Humanos) y de un contexto de abusos como el venezolano. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. (Acnur) lo que hace es hacer una representación más amplia sobre la Declaración de Cartagena, y estas normativas están incorporadas en la legislación de países donde hay muchos venezolanos, como Colombia o Chile y es obligatorio para muchos de los gobiernos de América Latina”, señala.
Detalla Tamara Taraciuk que, en Trinidad y Tobago, lo que pasa es que el gobierno ha establecido un requisito de visado en los últimos tiempos, pero que el gran problema es que no ha habido un proceso razonable de registros para que todos los venezolanos que están allá se puedan inscribir. “Hay registrados unos 20.000 refugiados y solicitantes de asilo con Acnur, pero el sistema legal para solicitar el refugio es muy limitado en materia de estándares internacionales. Que Acnur reconozca a esta persona (el boxeador Eldric Sella) en particular implica que están aplicando la Declaración de Cartagena y que él es uno de los pocos que han podido acceder a ese registro. Hay muchos que no han podido hacerlo porque no hay un mecanismo claro, legal para tener estatus específicamente de refugiado en Trinidad y Tobago”, afirma.
–Trinidad y Tobago ahora no quiere recibirlo. ¿Cuáles serían las garantías que él tendría con su estatus de refugiado? ¿Qué procede en su caso?
–El ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago lo que ha dicho es que tiene requisito de visa para venezolanos en ese país, por lo que tendría que aplicar este requisito (trámite que Sella no puede hacer porque se vio obligado a salir de Venezuela) y es algo contradictorio con el estatus de refugiado. Al tener estatus de refugiado otorgado por Acnur dependerá de qué gobierno se lo reconozca y lo quiera tomar.
Añade Tamara Taraciuk que el representante en Canadá del presidente de la Asamblea Nacional de 2015, Juan Guaidó, solicitó a ese país reconcer el etatus del boxeador, pero que aún no hay una resolución al respecto. “Es importante hacer una distinción entre tener un estatus de refugiado y el reconocimiento que te da otro gobierno de ese estatus. No es que porque Trinidad y Tobago no lo deje entrar ya no es refugiado. Lo que él tiene es un reconocimiento por Acnur como refugiado y por eso estuvo en el equipo olímpico y se está buscando qué Estado reconoce ese estatus para darle estadía legal en ese país».
Situación de incertidumbre para venezolanos en Perú
–Actualmente se están produciendo deportaciones masivas en Chile, mientras en Perú ya es presidente quien prometió dar un plazo para que los venezolanos en situación irregular salieran de ese país. ¿Cuál es la situación que han constatado?
–El desafío que enfrentan los venezolanos afuera es enorme, sobre todo tener estatus legal. En otros países es más sencillo la regularización que es súper importante para poder acceder a distintos servicios de salud, educación para los chicos, permisos de trabajo para impedir condiciones laborales abusivas. Es un desafío en muchos países, la respuesta es muy distinta en Colombia, que es el país donde más venezolanos hay: dos millones de los cinco millones 600 mil que se han ido en los últimos tiempos. Allí el gobierno estableció el TPS, un permiso de protección temporario, pero sí ha habido mucha resistencia, sobre todo en el último tiempo cuando las economías se complican por la pandemia, en países como Chile y Perú con una respuesta bastante complicada.
“En Perú (el presidente, Pedro) Castillo, antes de la elección, había hecho unos comentarios desafortunados -prosigue Tamara Taraciuk-. Y en su discurso de asunción dijo que a los delincuentes extranjeros les daba 72 horas para salir del país. No sabemos a qué se refiere, Pareciera que se refiere a los venezolanos, y el tema es cómo define delincuente porque una cosa es expulsar a alguien que tenga una condena firme por haber cometido un delito, y muchos gobiernos tienen esa regla. Pero si no existe tal sentencia, sería expulsar arbitrariamente a un montón de gente que estás exponiendo a un riesgo mayor al hacerlos regresar a Venezuela. Habrá que ver en qué se materializa esto”.
Tamara Taraciuk dijo que en Chile lo que viene ocurriendo es que el gobierno ha hecho varias deportaciones sumarias de venezolanos, decenas de casos y los procesos se han hecho violando el debido proceso. “A muchos les piden que se auto denuncien, que vayan a la Policía con la idea de que va a servir para regularizar su situación y luego es la base para su deportación. Es un proceso en el que no es posible presentar evidencia de que se tienen que quedar».
Detalla que en Human Rights Watch "conocemos un caso de una señora que la deportaron a pesar de tener hijo con discapacidad, así como un señor que lo deportaron y su pareja está embarazada. Son deportaciones que en muchos casos ocurrieron con una notificación que no les dio mucho tiempo para que pudieran recurrir, y que también ocurren los fines de semana, cuando los tribunales de apelaciones están cerrados”, agrega Tamara Taraciuk.
Resalta que hay una serie de sentencias en la Corte Suprema de ese país, y en varias cortes de apelaciones locales, que piden a las autoridades que no continúen esos casos, pero como los tribunales están cerrados los fines de semana y la deportación la hacen un domingo, la sentencia sale una vez que la persona ya está de vuelta en su país.
El gobierno chileno debe poner fin a las deportaciones sumarias de venezolanos y asegurar que las deportaciones cumplan con el derecho internacional de los derechos humanos.
Tamara Taraciuk explica que las deportaciones sumarias, rápidas, incumplen el debido proceso. También, que las colectivas , con órdenes o resoluciones administrativas donde deciden la expulsión, no toman en cuenta la situación particular de cada caso, «sino que copian y pegan y les dan el mismo papelito a todas las personas».
Comenta la abogada que se trata de una práctica que "no solamente la condenamos nosotros sino también agencias de Naciones Unidas que trabajan temas de refugio y migración, y como no tienen la posibilidad de explicar las condiciones particulares y la familia que tienen en Chile, termina habiendo separación de familias”, indica.
Advierte Taraciuk que esto es un claro tema de derecho internacional porque hay que priorizar el tema del interés superior de los niños y niñas, en deportaciones donde la gente no puede mostrar evidencia porque es complicado presentar recaudos o conseguir documentos por parte de las autoridades venezolanas. «No es fácil probar que uno tiene vínculo familiar. Y no se tiene tiempo porque se hacen de manera sumaria», acota.
–A partir de los sucesos en Apure se conoció que hubo desplazados hacia Colombia, ¿cuál es la situación que ustedes han verificado?
–Cuando hubo los enfrentamientos (marzo de 2021) salieron unos 6.000 venezolanos del estado Apure para el (departamento del) Arauca (en Colombia). La mayoría estaban en albergues que habían sido montados por agencias humanitarias, otros en casas de familias o fincas y son personas desplazadas por el conflicto que había en Apure. Era una situación particular porque se habían ido de Apure por los enfrentamientos, y fueron regresando de a poco. Pero en Apure sigue tensa la frontera, hay mucha ida y vuelta cuando hay picos de violencia.
–¿Cuál es su visión del proceso sobre Venezuela en la Corte Penal Internacional (CPI)? ¿Cree que con el nuevo fiscal Karim Khan se pueda avanzar a la fase de investigación?
–La Fiscalía ya dijo que existe evidencia de crímenes contra la humanidad. La Fiscal anterior había hecho una determinación sobre si avanzar o no con una investigación, y no la hizo pública. Con el cambio de Fiscal, deberá evaluar la información que tiene la Fiscalía. Pero si cambió algo la situación en Venezuela será para peor. No hay razón por la que el fiscal no debiera seguir avanzando con su determinación de la misma forma que la Fiscal anterior. Es razonable que se tome su tiempo, pero la evidencia ya está.
–Tarek William Saab pidió un diálogo a la CPI, ¿es esto posible?
–La facultad de la Fiscalía es determinar si existe evidencia de posibles crímenes de lesa humanidad; si son lo suficientemente graves para avanzar en una investigación y si no hay investigaciones a nivel interno que justifiquen que la Corte no se meta. Los dos primeros elementos, ya lo ha dicho la Fiscalía públicamente (que se cumplen). Lo que queda es la parte más fácil, determinar que no hay independencia judicial para investigar delitos y mucho menos violaciones de DDHH, y esto ha sido probado por todos los medios.
“Faltaría una determinación pública sobre eso. La Fiscalía en Venezuela va a querer empapelar a la Fiscalía de la CPI con documentos para demostrar que están haciendo cosas, pero para que avance este argumento de complementariedad, que es como se llama, deberían demostrar que efectivamente están investigando los mismos delitos, las mismas personas, y que existe un intento serio de modificar el sistema judicial para que haya independencia judicial, y nada de eso se ha hecho hasta ahora”,
–¿Cómo constata la situación en Cuba, a raíz de la serie de protestas, la represión policial? ¿Qué denuncias tienen sobre violaciones de DDHH?
–La situación en Cuba ha sido grave en el último mes, hemos venido trabajando documentando detenciones de artistas, periodistas, activistas, para evitar que se reunieran y participaran antes de las protestas del 11-J. Lo que pasó fue que la gente salió a protestar masivamente por la situación, y la respuesta fue la represión por parte de autoridades. Hay alrededor de 600 personas detenidas en el marco de las protestas, entre quienes estaban participando, y activistas opositores, artistas para que no vayan a las protestas, hay muchos que fueron golpeados, muchos sometidos a juicios sumarios, y esto ocurre en un contexto donde el gobierno cubano ha usado cortes de internet selectivos para tratar de evitar que la gente se pueda comunicar y movilizar. Internet ha jugado un muy papel importante. El acceso es reciente, de los últimos años y eso ha contribuido a la movilización. La respuesta del gobierno fue cortar internet de manera selectiva hacia quienes podrían participar o movilizar las protestas.
–¿Qué pueden hacer las organizaciones internacionales?
–Es súper importante generar un consenso, una respuesta internacional consistente sobre lo que está ocurriendo. La Unión Europea ha emitido un comunicado fuerte y contundente. Estados Unidos trató de impulsar la resolución, pero como mantiene un embargo que no ha servido para nada, es muy divisivo, genera una reacción que usa el gobierno cubano y sus aliados para distraer la atención y hablar de otra cosa. Lo importante es generar un consenso y en ese sentido la resolución de la UE es muy importante.
Atención sigue puesta sobre Venezuela
–¿Cuál es el balance que ustedes hacen de la situación de las ONG de DDHH en Venezuela? Recientemente fueron detenidos activistas de la ONG Fundaredes.
–El trabajo que hacen es súper valioso y valiente en un clima de hostigamiento constante que claramente va en contra de estándares internacionales no solo por libertad de expresión y asociación, sino porque gobierno no puede adoptar medidas que limiten trabajo de los defensores de DDHH y con el clima de amedrentamiento hace precisamente eso, trata de limitar su trabajo. Es importante remarcar que existe muchísima atención a nivel internacional sobre esto. Muchísimos de nosotros estamos pendientes de los defensores de DDHH cualquier cosa que les pase es responsabilidad del gobierno.
Caracas / TalCual
