El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) exigió este jueves el cierre definitivo de las causas judiciales y la concesión de libertad plena para los periodistas Rory Branker, Carlos Julio Rojas y Jonathan Carrillo. Aunque los comunicadores fueron excarcelados en lo que va de año, continúan sometidos a medidas cautelares impuestas por los tribunales venezolanos.
A través de un pronunciamiento difundido en su cuenta oficial de la red social X, la organización gremial demandó además justicia para los profesionales de la comunicación perseguidos en el exilio, garantías claras para un retorno seguro al país y el cese de la criminalización del ejercicio de la libertad de expresión.
Las detenciones de los tres comunicadores responden a distintos contextos dentro del patrón de persecución documentado por organizaciones de derechos humanos. Rory Branker, editor del portal informativo La Patilla, fue arrestado el 20 de febrero de 2025 por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y excarcelado el pasado 4 de febrero.
Por su parte, el activista y periodista Carlos Julio Rojas —quien ha sufrido múltiples encarcelamientos— fue aprehendido en 2024 bajo la acusación de estar supuestamente vinculado a un plan contra el expresidente Nicolás Maduro durante la inscripción de su candidatura. Rojas obtuvo su excarcelación el pasado 14 de enero. En el caso de Jonathan Carrillo, extrabajador del Parlamento detenido desde julio de 2022 y liberado el 26 de febrero reciente, la fiscalía imputó delitos como uso de documento público falso, usurpación de funciones, asociación para delinquir y migración ilícita de extranjeros.
El reclamo del SNTP se produce tras la reciente absolución de los periodistas Luis López y Gabriel González, quienes enfrentaban cargos por presunta instigación e incitación al odio tras ser arrestados en junio de 2024. Ambos comunicadores habían sido liberados en enero bajo régimen de presentación y prohibición de salida del país, hasta que la decisión judicial puso fin a un proceso penal de más de dos años.
Estas resoluciones judiciales coinciden con la orden emitida semanas atrás por las autoridades para desbloquear decenas de portales digitales de noticias. No obstante, la ONG especializada Ve Sin Filtro advirtió que al menos 145 dominios de internet permanecen bajo restricción y censura en el territorio nacional.
El deterioro del ecosistema informativo local fue ratificado recientemente por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su informe anual difundido en marzo. Según los datos presentados en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2025, Venezuela figura en el último lugar entre los 23 países evaluados en las Américas, situándose como la nación con las condiciones más adversas para el ejercicio del periodismo independiente.
Caracas / EFE
