El proyecto de Ley Orgánica sobre las Zonas Económicas Especiales (ZEE) es una propuesta con la que el madurismo pretende atraer nuevas vías de financiamiento desde el exterior, en un momento histórico en el que se ha tenido que reducir el gasto y el tamaño de economía.
Sin embargo, el texto legal -que fue aprobado hace más de dos meses por la Asamblea Nacional (AN) en primera discusión y está a la espera de su segundo y último debate-, ha encontrado detractores dentro y fuera del chavismo. Los primeros –principalmente los representantes de la izquierda crítica al madurismo-, cuestionan el supuesto corte “neoliberal” del instrumento; mientras que los segundos advierten que los incentivos para captar inversiones no son suficientes, ni confiables.
La normativa, de cinco capítulos y 26 artículos, busca la creación de espacios territoriales para la atracción de capitales productivos nacionales y extranjeros, con estímulos fiscales, financieros y aduanales, para “diversificar la economía”.
Según la definición planteada en el artículo 4, una Zona Económica es una “delimitación geográfica que cuenta con un régimen socioeconómico especial y extraordinario, destinado al desarrollo de actividades de inversión pública, privada, mixta y comunal” y cuya creación, según establece el artículo 7, “es una potestad exclusiva del Presidente de la República”.
El diputado Óscar Figuera, del Partido Comunista de Venezuela (PCV) apuntó que la ley es “una puñalada al desarrollo soberano” que presuntamente fomenta la “mano de obra barata” y “beneficios impositivos”.
El propio presidente Nicolás Maduro admitió en un acto público que “no es una ley fácil” y que tampoco está hecha “para complacencias”. Mientras, su hijo, Nicolás Maduro Guerra, quien es diputado y vicepresidente de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional del parlamento, explicó que el articulado busca el impulso necesario tras años de “estancamiento económico”.
La extitular del extinto Ministerio de Economía Popular del gobierno de Hugo Chávez, Oly Millán Campos, explica que la propuesta de norma no se puede ver al margen de lo que es la Ley Antibloqueo –aprobada en octubre de 2020-, y de otros instrumentos, como el decreto 2248 de la Zona Económica Especial Arco Minero del Orinoco (ZEE AMO) de febrero de 2016.
A su juicio, resulta indudable que Ejecutivo nacional viene avanzando en la “consolidación de un modelo autoritario neoliberal extractivista”.
“Sin lugar a dudas, todo el entramado de decisiones institucionales y de las leyes que forman parte de la agenda legislativa 2021, incluyendo la inconstitucional Ley Antibloqueo, no son más que la evidencia de esto”.
Millán apunta que tanto la Ley sobre las ZEE como el decreto del Arco Minero otorgan potestades, fuera de la Constitución Bolivariana, al presidente de la República para cercenar, fragmentar el territorio, según el artículo 2 del decreto 2248, y el artículo 7 del proyecto de Ley de las ZEE.
“En el caso del Arco Minero se constituye una República dentro de la Republica al establecer un marco jurídico, tributario y fiscal distinto al que opera en el resto del territorio nacional (artículos 6 y 21 del decreto). En el proyecto de Ley de las ZEE está definido en los artículos 19,20 y 21. Esto en contravía a lo establecido en el artículo 317 de la Constitución”, indica la economista y docente a través de un escrito divulgado en las redes.
Agrega que en el caso de las Zonas Económicas Especiales, al igual que en el decreto del Arco Minero, se vulneran expresamente los derechos laborales.
“Sin lugar a dudas, estamos en presencia de una estrategia de corte neoliberal, tutelada por un gobierno autoritario”, recalca.
Millán explica que en el artículo 25 del proyecto de ley se habla de una “desregulación financiera y cambiaria”. “Esto es la institucionalización (de un) mecanismo legitimador de capitales y desarrollo de una “economía sumergida” que ha venido operando en el país como expresión de la crisis”.
Algunos expertos advierten que aunque la intención del instrumento legal es atraer capital, el articulado no inspira confianza, ni contiene suficientes incentivos.
Por un lado, los estímulos aduaneros y fiscales deben mejorar si se busca ser competitivo frente a las miles de Zonas Económicas Especiales que existen en el mundo, mientras, el sistema cambiario ofrecido en el artículo 25 del proyecto, no funcionará sin acuerdos de cooperación binacionales o multilaterales, ante el riesgo de conformación de centros de legitimación de capitales.
El economista y miembro de la AN de 2015, José Guerra, asegura que la implementación de las Zonas Económicas Especiales busca “dar marcha atrás” a una época plagada de expropiaciones, confiscaciones y del “modelo estatista” que fue la bandera de Hugo Chávez desde 1999.
“Después de haber expropiado empresas privadas para implantar el modelo socialista del siglo XXI, entre 2005 y 2012, una vez declaradas en quiebra todas esas compañías que pasaron a mano del Estado, ahora Maduro da marcha atrás y pretende crear las llamadas Zonas Económicas con el objeto de atraer inversiones, nacionales y extranjeras, las mismas inversiones que él y Chávez se encargaron de ahuyentar de Venezuela”.
Aduce que una vez evidenciado el fracaso y la quiebra de las industrias en manos del Estado, se busca hacer un viraje a un nuevo ensayo, que consiste en la copia del “modelo chino de zonas económicas especiales, para darles facilidades a los empresarios, principalmente extranjeros, a fin de que se instalen en Venezuela, mediante exoneraciones fiscales, terrenos, cierto nivel de infraestructura y, sobre todo, lo único que el régimen puede asegurar: salarios miserables de la fuerza de trabajo nacional, hoy pagada a precio de gallina flaca”.
Asegura que esas zonas económicas son conocidas en América Latina, y en particular en México, “donde se instalaron las denominadas ‘maquilas’ para elaborar productos para la exportación al mercado de Estados Unidos, aprovechando justamente las ventajas que proporcionaba la mano de obra barata”.
Según Guerra, para que las Zonas Económicas Especiales fructifiquen deben darse un conjunto de condiciones que ahora no parecen estar presentes en Venezuela, salvo lo barato de la mano de obra y la ausencia de sindicatos.
Tipos de Zonas Económicas Especiales
El proyecto de ley de ZEE aprobado en primera discusión señala que estas “se organizan y definen de acuerdo con la disponibilidad de recursos naturales, sus capacidades productivas instaladas, las condiciones regionales, sociales e históricas y su ubicación geográfica”. Se plantean tres tipos de ZEE:
Guerra opina que en medio de la hiperinflación que aún se mantiene en el país y la inestabilidad del tipo de cambio, no parece haber ambiente propicio para que se materialice el proceso de inversión porque ninguna empresa foránea sabrá a qué atenerse en materia de rentabilidad.
“Si los bienes producidos son destinados al mercado interno en una buena parte, entonces sobre ellos pende la amenaza del control de precios, todavía vigente. En caso de que los bienes se destinen al mercado exterior para favorecer la base exportadora, la única posibilidad de éxito es que se termine dolarizando todas las actividades asociadas a esas zonas para aislarlas así de la hiperinflación y la inestabilidad de la moneda”.
Oficialistas desconfían
Pero la principal oposición a este planteamiento de zonas especiales ha salido de los sectores disidentes del chavismo y las bases del oficialismo.
Muestra de ello es la posición de José Antonio García, vocero de la Central Sindical Unete, quien indica que las Zonas Económicas Especiales generan daños ambientales y han sido abolidas en los países donde se crearon. Argumentó García que en México se establecieron las ZEE en siete ciudades, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador procedió a retirarlas posteriormente.
García pidió estar alertas ante las transnacionales que vienen al país que, como en cualquier otra nación, “tratan de imponer condiciones laborales en detrimento de la masa trabajadora”.
“Esto es una constante en la historia, pero en revolución no podemos permitir esto (…) en ninguno de los puntos presentados en el proyecto de ley se deja claro que las relaciones laborales se regirán por la Ley Orgánica de los Trabajadores (Lottt). Creo que dejaron esto a interpretación, pero es un peligro si esto no está expresamente indicado y regulado por las leyes venezolanas”.
García puntualiza que lo único que pide el sector que representa es “reglas claras”, porque, aunque confían en el presidente Nicolás Maduro y en la comisión especial de la AN que discute esta ley, no confían “en las intenciones de las transnacionales en cualquier área”. Advierte que el capitalismo siempre busca mano de obra barata en diversas naciones para manufacturar mercancías (como en el caso de las maquilas). “No podemos caer en prácticas de la Cuarta República”, sentencia.
Caracas / Rafael Arias
