El titular del Ministerio Público (MP) de Venezuela, Tarek William Saab, afirmó que la reciente visita al país del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, fue un «éxito para el Estado», que podrá trabajar conjuntamente con la oficina de asistencia técnica de la Fiscalía del tribunal de La Haya inaugurada recientemente en Caracas. A la vez, criticó que se cuestione al país, «que ha tenido avances impactantes en materia de derechos humanos».
«La visita del fiscal de la CPI fue un éxito para el Estado venezolano, para el pueblo venezolano, para la nación venezolana, puesto que se ha creado una oficina técnica muy importante, donde vamos a trabajar en formación de funcionarios, fiscales y jueces», dijo Saab en una entrevista en el canal privado Globovisión.
El fiscal general venezolano aseguró que, junto con el equipo de la oficina, también se promoverán «leyes que se sumen a decenas de leyes» en favor de los derechos humanos.
Saab criticó que se cuestione a Venezuela, que ha tenido «avances impactantes» en «materia de derechos humanos», mientras a Israel, que «desapareció a Palestina, nadie lo toca», lo que considera una «doble moral» por parte de «organismos internacionales».
Entre los supuestos avances en el país caribeño, indicó que, desde agosto de 2017, se han realizado 227.867 «diligencias de investigación», han sido acusados 2.795 funcionarios de seguridad y se han emitido 580 «sentencias condenatorias por diversos delitos transgresores a los derechos humanos», lo que -aseguró- «nutre el expediente a favor de Venezuela en la investigación que tiene en curso» la Fiscalía de la CPI.
Venezuela es objeto de una investigación desde noviembre de 2021 por parte de la Fiscalía de la CPI por presuntos crímenes de lesa humanidad.
La investigación quedó en suspenso, a petición de Caracas, a condición de que el Estado venezolano investigara, internamente, los supuestos crímenes cometidos durante las protestas de 2017, una tarea que la Justicia venezolana asegura estar haciendo.
En noviembre de 2022, Khan solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para retomar la investigación, al desestimar los argumentos presentados por el Gobierno venezolano para que no continuaran las pesquisas por parte del alto tribunal.
No obstante, la CPI considera que debe continuar la investigación, por lo que, en 2023, rechazó una apelación del Gobierno venezolano, que alegó que debía respetarse el principio de complementariedad, por el que el tribunal internacional complementa la justicia del país, no la sustituye, y solo puede intervenir si el Estado no investiga.
En marzo pasado, la Sala de Apelaciones dictó sentencia contra el recurso venezolano, lo que autoriza a la CPI a continuar la investigación.
Caracas / EFE
