Venezuela se prepara para una campaña electoral reñida y polarizada entre las dos opciones con mayor intención de voto: Edmundo González y Nicolás Maduro. En medio, los periodistas y, en general, los trabajadores de la prensa son hostigados y criminalizados desde el Estado por ejercer sus funciones.
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Caracas, contabilizó entre enero y mayo de 2024 al menos 69 agresiones a la prensa: hostigamientos, detenciones arbitrarias, agresiones, amenazas verbales y órdenes de borrar material son algunos de los casos reportados.
«Los contextos electorales aumentan el número de casos que afectan a periodistas o el derecho a la libertad de expresión en general», afirma el coordinador de Espacio Público, Carlos Correa. Solo en junio se registró la detención de dos periodistas en contexto de actividades políticas: Luis López y Gabriel González, éste último forma parte del equipo de comunicaciones de Vente Venezuela.
Ambos fueron acusados de supuesta incitación al odio tras una actividad política en el estado La Guaira. El CNP denuncia que no han tenido acceso a una defensa justa y sus familiares no han podido verlos desde hace casi dos semanas.
El Instituto de Prensa y Sociedad capítulo Venezuela (IPYS Venezuela) ha documentado siete investigaciones judiciales contra periodistas en lo que va de año: Sebastiana Barráez, Dimas Medina, Claudia Macero, Orlando Avendaño, Carlos Julio Rojas, Luis López e Ismael Gabriel González.
Desde el año 2020 hasta el 27 de junio de 2024, el Instituto ha registrado un total de 42 comunicadores sociales que han sido objeto de hostigamiento judicial.
Daniela Alvarado, coordinadora de Libertades Informativas de IPYS, destaca que con estos obstáculos y amenazas contra periodistas y el ejercicio independiente de la prensa en el país pretenden «que la ciudadanía no disponga de información plural, suficiente y verificable que les permita razonar y fundamentar sus decisiones, reduciendo así la formación de la opinión pública y la participación política, pues no están dadas las condiciones para que el ejercicio del voto sea verdaderamente democrático».
Correa además indica que esta tendencia de calificar a los periodistas y medios de comunicación como «partidarios o de oposición es una manera de descalificarlos y dañarlos» ante las audiencias; sin embargo, expone que «es legítimo que haya periodistas que tomen posiciones partidarias o contrarias abiertamente al gobierno, pero eso no implica que se le deba perseguir, violentar o atacar en sus derechos».
Destaca que, desde la perspectiva ética, «lo importante es que los periodistas no deberían mentir en función de su perspectiva ideológica, sino respetar los hechos».
El periodista Carlos Julio Rojas fue detenido por funcionarios encapuchados en la Candelaria, en el centro de Caracas. Fiscales lo acusan de formar parte de un plan de magnicidio contra Nicolás Maduro
Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, recuerda que «toda esta agresión se profundizó y agarró más fuerza con el cierre de Radio Caracas Televisión, después cayeron en cascada una serie de medios por tener programas de opinión, por hablar de democracia, por ir en contra de gobiernos que se salen del margen democrático».
Señala que, en lugar de corregir entuertos, el gobierno central ha utilizado la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) como arma para cerrar y censurar una mayor cantidad de medios.
«Conatel no informa realmente por qué se cierra un medio, no le permite al dueño de los equipos ir a un tribunal y reclamar lo que ya pagó y que le pertenece, eso es una violación a la propiedad privada. No han permitido tampoco que el Ministerio del Trabajo reclame el desempleo de muchos profesionales de la comunicación, que han tenido que dirigirse a otras áreas o irse del país. Es decir, hay una agresión directamente al pueblo venezolano que es quien recibe la información», afirma.
La labor del periodista está en informar a la colectividad, insiste Tinedo Guía. «¿Qué hace el periodista? Es un ejercicio libérrimo que va en función de la libertad de cada ciudadano. Eso ha sido eliminado, ha sido amenazado, hay periodistas detenidos».
Carlos Correa agrega que «la lógica de polarización es alimentada desde el poder». Esta condena a los periodistas y hacerlos pasar como contrarios al gobierno por ejercer su trabajo, hacer escrutinio público o formular las preguntas incómodas forma parte de la visión del «enemigo».
Daniela Alvarado subraya además que «el mayor impacto de la polarización política en el periodismo se caracteriza por el aumento de la censura y la autocensura. En los últimos meses los medios de comunicación se han enfrentado a mayores presiones directas e indirectas tanto de actores del gobierno como desde los directivos que buscan proteger el funcionamiento de sus medios».
Esto también favorece «una naturalización del silencio» sobre temas de interés público. «Existe el riesgo de que los medios sean cerrados y las personas periodistas perciben una amenaza a su seguridad».
En contraposición, el coordinador de Espacio Público afirma que «si un medio lo que hace es alabar al gobierno, no cumple su papel; sino lo único que hace es propaganda, pues eso no cumple su papel». Eso se llama «palangre», añade Guía.
Una de las leyes utilizadas para la criminalización de las opiniones, políticas o no, ha sido la llamada «Ley contra el Odio». A seis años de la promulgación de este instrumento, por parte de la extinta asamblea constituyente, 90 personas han sido detenidas y judicializadas bajo alguno de los delitos contemplados en ella. 19 de ellos han sido periodistas, trabajadores de la prensa o directivos de un medio, según un recuento de Espacio Público.
«Agredir a un periodista es una torpeza grande porque el periodista no solo representa su trabajo como profesional, sino que hay una comunidad que lo sigue (…) Es una torpeza de quien ejerce un poder temporal porque tampoco se les entregó el país para que hicieran lo que les diera la gana. Somos (los periodistas) contralores de la función pública, es nuestro deber», afirma Tinedo Guía.
El director de Espacio Público comenta que la radio y la televisión son los medios con más autocensura porque hay determinados temas que no pueden abordar. Afirma que los portales web tienen más libertad, pero de igual manera hay medios bloqueados y otros con menos recursos para hacer el trabajo.
En todo caso, esta polarización y la criminalización de la crítica no solo afecta a periodistas, insiste Correa, sino que ataca a líderes sociales y políticos que critican al gobierno «incluso alcanzando a gente que se identifica con el proyecto del chavismo».
Otra de las amenazas contra la profesión es la reforma de la Ley del Ejercicio del Periodismo, que inició en julio de 2022 y se mantiene paralizada por la Comisión permanente de Comunicación de la Asamblea Nacional 2020.
Según explicó entonces la diputada María Carolina Chávez (PSUV-Nueva Esparta), la idea de reformar la ley es adaptarla a los nuevos tiempos y «hacerla más incluyente» porque «ha surgido un nuevo periodismo que no pasa por la academia», en referencia a los llamados comunicadores populares.
El presidente del Colegio Nacional de Periodistas asegura que el fin último es eliminar dicha institución. «Quieren eliminar la Ley, quieren imponer los comunicadores populares, quieren eliminar la profesionalización de la comunicación social. Ahora van a dictar unos cursos de periodista gratuitos vía internet, vamos a profundizar en el tema y vamos a alertar el gremio sobre este tipo de actividades sin tener una legitimidad de formación profesional».
Tinedo Guía considera que la Ley de Ejercicio del Periodismo, vigente desde 1994, sí debe pasar por una reforma en algunos aspectos. «Hay que adecuarla a la modernización de las comunicaciones, hay que salir al paso y estar alertas ante el avance de la inteligencia artificial, que es una amenaza terrible para la verdad».
Caracas / TalCual
