La ola represiva que desencadenó el Gobierno luego de asociar al partido Voluntad Popular (VP) con los enfrentamientos registrados entre bandas de antisociales y cuerpos policiales en la Cota 905 de Caracas, ponen en tela de juicio las promesas que el oficialismo está haciendo en negociaciones con sectores de la oposición.
Al menos media docena de dirigentes de la tolda naranja han sido detenidos desde el lunes 12, como es el caso de Freddy Guevara, uno de los dialogantes y coordinador nacional de la organización, quien fue objeto de desaparición forzada por más de 55 horas.
Previo a los recientes sucesos, parte de los representantes de partidos opositores veían en forma positiva las concesiones que el chavismo estaba dando, con intermediación de la comunidad internacional, para que el llamado G4 - Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), VP y Un Nuevo Tiempo (UNT)- concurriera a las elecciones regionales pautadas para el próximo 21 de noviembre.
Hasta la semana pasada, las toldas mayoritarias del antichavismo esperaban los resultados de la auditoria al sistema electoral y los avances de los encuentros de la misión técnica exploratoria de la Unión Europea (UE), que llegó al país este 7 de julio, para definir su participación en los comicios. Durante más de una semana, la instancia internacional ha sostenido reuniones con los Poderes Públicos y actores políticos del Gobierno y sus adversarios –de hecho, en el acercamiento con la dirigencia antichavista estuvo presente Guevara.
La decisión de la oposición de acudir a la contienda dependía de las garantías que los observadores europeos pudieran asegurar tras conversaciones con los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE). Sin embargo, las amenazas y represión nublaron el camino no solo para postular candidatos -algunos de ellos perseguidos-, sino también para sentarse a negociar en México, como estaba previsto.
De acuerdo con fuentes consultadas dentro del G4, las exigencias expuestas en reuniones con la misión técnica fueron: el cese de la persecución, habilitación de candidatos, equidad en la campaña electoral, anulación de puntos rojos y respeto de los resultados.
“Primero el régimen dice que está dialogando con Freddy Guevara; ahora lo detienen. ¿Qué ala de los rojos lo captura? Para mí que esa ala del régimen, débil, quiere abortar una negociación y posible participación en elecciones en unidad”, expresó Luis Florido, diputado de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, a través de la redes sociales.
Abstención y unidad
De cualquier manera, en caso de que emerjan dudas y prevalezca la falta de consenso en la oposición, la sombra de la abstención comenzará a extenderse hacia algunos partidos y afectará la intención del voto de los ciudadanos y, “por supuesto, eso se va a reflejar en los resultados del próximo 21 de noviembre”, refiere Marcos Hernández, director de Hercon Consultores.
En caso de que la oposición opte por participar en las elecciones de gobernadores y alcaldes contra todo pronóstico, el gran reto sería lograr candidaturas unitarias y concurrir todos los partidos en una sola tarjeta para poder enfrentar a la maquinaria del chavismo.
Según analistas, la división y persecución política parece ser la estrategia del primer mandatario Nicolás Maduro para tener el camino fácil el 21 de noviembre y seguir siendo mayoría, pese al rechazo y decepción de gran parte de la población venezolana. En medio de negociaciones y el uso de la fuerza e instituciones para perseguir a posibles candidatos opositores, Maduro va construyendo su “ajedrez político electoral” y revela intenciones de transitar el proceso con una oposición hecha a su manera. “Esta estrategia tiene resultados positivos en la tendencia histórica de las victorias revolucionarias en elecciones”, opina Hernández.
Aníbal Sánchez, analista electoral, recomienda a los sectores que adversan al régimen hacer un ejercicio de “madurez política”, de reconocimiento y concertación, para presentar candidaturas unitarias en el mecanismo de una “alianza perfecta”. Esto garantizaría mejores resultados que los de los últimos comicios regionales. De no ser así y concurrir por separados, estaría en ventaja el chavismo que, con un bajo porcentaje de votos, obtendría la victoria en 18 o 20 estados. En ello coinciden ambos analistas.
En total, son 42 partidos opositores nacionales y 64 regionales habilitados para participar el 21 de noviembre, algunos de ellos, jurídicamente en manos de los denominados “alacranes”, que son las juntas directivas impuestas por sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y que han sido vistos en reuniones con Maduro en Miraflores.
Entre las concesiones desprendidas de las negociaciones previas está la habilitación de algunas tarjetas de la oposición, como la de La Fuerza del Cambio que pertenece a Henrique Capriles y de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que está en manos de José Luis Cartaya, su último secretario general y que había sido confiscada luego de los comicios legislativos de 2015.
“Por ahora, la oposición, agrupada en el G4, está exigiendo condiciones electorales para participar; solo formalizarán su asistencia si se garantiza un sistema electoral que respete los resultados. De no ocurrir así, el chavismo continuará ganando la mayoría de las gobernaciones y alcaldías. En este escenario, más de 85% de los gobiernos regionales y municipales quedarían en manos de la revolución”, refiere Hernández.
Las divisiones en la oposición provienen de un tema de liderazgo entre dos grupos; uno que apoya al presidente de la AN de 2015, Juan Guaidó, y otro liderado por el exmandatario de Miranda, Henrique Capriles.
El primero se niega a aceptar la propuesta de Maduro de hacer “borrón y cuenta nueva”, es decir, ir a elecciones regionales y olvidarse de las presidenciales por lo menos hasta 2025, reveló una fuente involucrada en las conversaciones que se están dando entre sectores de la oposición y Maduro con la intermediación de Noruega.
Este grupo conformado por las toldas del G4 -y está amparado por una parte de los países que apoyan a la presidencia interina-, son partidarios de que la negociación sea más incluyente. Proponen lograr un calendario electoral (presidenciales y regionales) que involucre como árbitro a la comunidad internacional, que velen porque se cumplan los acuerdos.
También está el sector liderado por Capriles y Stalin González, quienes están negociando con Maduro al margen del resto del G4 e, inclusive, de la comunidad internacional. Dicen tener acuerdos firmes con Maduro y el aval de la cancillería de España y de Josep Borrel, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
“Este grupo confía en la palabra de Maduro y cree que los acuerdos que puedan lograr al margen del resto de la oposición, sin un sistema de verificación ni de seguimiento, se van a cumplir. Asumen que no habrá elecciones presidenciales sino al final del periodo y creen que deben negociar también un cambio en el Poder Judicial y que van a lograr concesiones del chavismo. Proponen ir a las regionales y olvidarse de todo lo demás”, asegura la fuente, quien pidió no revelar su identidad.
Las sanciones por parte de EE.UU., la Unión Europea y Canadá hacia la cúpula chavista y Pdvsa han sentado a Maduro a negociar y lo han obligado a ceder en algunos aspectos políticos y humanitarios.
El 12 de julio, luego de las reuniones pendulares de la delegación de la oposición con Noruega, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) de Estados Unidos autorizó transacciones de gas licuado con Pdvsa. Ese mismo día detuvieron a Guevara e intentaron lo mismo con Guaidó en su residencia.
Tras estos hechos, países que mantienen sanciones contra funcionarios del régimen de Maduro ratificaron que no van a flexibilizarlas. El 14 de julio, un tribunal de justicia de la Unión Europea desestimó los recursos presentados por la vicepresidenta Delcy Rodriguez para levantar el bloqueo.
Morales, exrector del CNE, asegura que las concesiones que está dando el régimen obedecen a la necesidad que tiene Maduro de salir del “bloqueo económico”.
A cambio de la flexibilización de las sanciones, una parte de la oposición llegó a ganar –antes de las detenciones- no sólo la habilitación de sus partidos, sino también el retorno de varios dirigentes que estaban en el exilio como José Manuel Olivares y Américo De Grazia, quienes serían candidatos para la gobernación de los estados Vargas y Bolívar, respectivamente.
Morales, exrector del CNE, asegura que las concesiones que está dando el régimen obedecen a la necesidad que tiene Maduro de salir del “bloqueo económico”.
A cambio de la flexibilización de las sanciones, una parte de la oposición llegó a ganar –antes de las detenciones- no sólo la habilitación de sus partidos, sino también el retorno de varios dirigentes que estaban en el exilio como José Manuel Olivares y Américo De Grazia, quienes serían candidatos para la gobernación de los estados Vargas y Bolívar, respectivamente.
Caracas / Rafael León
