El recluso Eduardo Barrera denunció que ya purgó su pena de cinco años de prisión en el Centro Penitenciario Agroproductivo José Antonio Anzoátegui de Barcelona, pero no le han dado la libertad porque carece de recursos para cancelar una multa de 50.000 euros.
El interno contó que en 2001, las autoridades apresaron a dos personas, cuyas identidades no suministró, que al parecer transportaban droga de forma intraorgánica en el Aeropuerto de Roma, Italia.
Adicionó que los dos ciudadanos, a quienes les sirvió de guía cuando estuvieron en Venezuela, lo nombraron a él cuando fueron interrogados por funcionarios de la fiscalía.
Según indicó Barrera, nunca le informaron que fue juzgado en ausencia en aquel país. Se enteró de ello luego de que lo una comisión de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) lo capturara el 24 de mayo de 2016 en su sitio de trabajo, en Lechería.
“La última vez que estuve en Italia fue en 1997, y nunca fui a Verona. Pese a ello, en 2003 el Tribunal Monocrático de Verona me condenó a ocho años de prisión por el delito de complicidad en tráfico, tenencia y comercialización de droga. Además, a pagar una multa de 60.000 euros”.
Barrera adicionó que en 2007, el gobierno italiano emitió un decreto presidencial de amnistía general parcial, que rebajó tres años de todas las condenas. Y su propia sentencia bajó de ocho a cinco años de cárcel. La multa también disminuyó a 50.000 euros
El informante dijo que en abril de 2016 el Juzgado Monocrático de Verona emitió una requisitoria con alerta roja en su contra, y al mes siguiente fue apresado por oficiales de Interpol en Lechería.
Sin defensa
Eduardo Barrera refirió que Venezuela e Italia tienen un tratado de extradición vigente, que data de 1936, que no permite la extradición de sus nacionales, pero se comprometen a que paguen las penas en sus patrias.
Mencionó que si un extranjero comete un delito, las autoridades de su país piden al otro que envíe las pruebas del expediente en un lapso de 100 días. En caso de que no lo hagan, se declara el caso cerrado.
Según indicó Barrera, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela lo condenó a terminar de cumplir su pena en este país. Aseveró que no le permitieron aclarar que jamás estuvo detenido en Italia. Estimó que su juicio fue ilegal, pues no le permitieron tener derecho a la defensa.
El interno recordó que el 16 de diciembre de 2019 las autoridades penitenciarias consultaron al Juzgado 1 de Ejecución del estado Anzoátegui, a cargo de Eloísa Matute, a fin de darle uno de los beneficios previstos en la Ley de Redención de la Pena.
Barrera expresó que hace dos años que debió recibir un beneficio de libertad, y sigue tras las rejas por carecer de dinero para cancelar una multa de 50.000 euros. Opinó que esa multa es impagable en Venezuela, donde la sanción pecuniaria más alta debe estar en unas dos mil unidades tributarias.
Barcelona / Yraida Núñez
