La importancia de los primeros anuncios de la Mesa de Trabajo tutelada por Estados Unidos, y que fueron divulgados el miércoles pasado a través de un comunicado conjunto entre los representantes del Gobierno y la oposición, parecen haber pasado por alto ante la población, ensombrecidos por la ola de apagones que actualmente atraviesa el país y que la población ha puesto como prioridad a sus problemas.
No obstante, el primer paso escogido por los negociadores, especialmente, el referido a la transformación del sistema de justicia, será la bisagra principal que abra la puerta a una eventual transición que permitirá la realización de nuevas elecciones, previsiblemente, a finales del próximo año, según han señalado distintos negociadores de forma extraoficial.
“Vienen tiempos de muchos cambios y muy profundos para Venezuela”, aseguró el parlamentario opositor, José Miguel Matheus uno de los seis miembros de la delegación opositora, junto a Dinorah Figuera, que preside este sector, Marco Aurelio Quiñonez, Ramón López, Jorge Millán y Sergio Vergara.
La media docena de legisladores que integraban la llamada Comisión Delegada de la Asamblea Nacional electa en 2015, una instancia reducida, que en este caso sólo cuenta con representación de los partidos Voluntad Popular (VP) y Primero Justicia (PJ).
El nuevo proceso suspende totalmente la reforma judicial que adelantaba el parlamento presidido por Jorge Rodríguez, desde mediados de este año.
En abril pasado, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dio luz verde la instalación de una comisión para la Gran Consulta sobre la Reforma a la Justicia Penal, con el objetivo de enfrentar, entre otros males, el retardo procesal y la corrupción. Comenzó el 1 de junio.
Asimismo, el martes 12 de mayo se aprobó por unanimidad legislativa una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para aumentar de 20 a 32 el número de magistrados. Los parlamentarios acordaron que la Sala Constitucional estuviera conformada por siete magistrados, mientras que el resto de las salas del TSJ estarán integradas por cinco.
Aunque el proceso se había prorrogado dos veces, se esperaba que el 3 de julio finalizara la fase de impugnaciones.
El listado completo de postulados se publicó el viernes 19 de junio. La cifra de aspirantes a magistrados llegó a 561 nombres -de estos se escogerían 20, de los ahora 32 cargos existentes.
Hasta la fecha no se ha hablado de reducir el número de puestos a elegir, por lo que se mantiene la cifra de 32 magistrados.
El nuevo documento, publicado el pasado miércoles 12 de agosto, no obstante, comienza presentar cambios que buscan “despolitizar, despartidizar y depurar” la Alta Corte, para evitar la habitual parcialidad de las decisiones a favor del Gobierno.
En el lapso de los últimos 30 años, esta sería la séptima renovación del TSJ que se registra en el país. Todos los integrantes de la delegación opositora, AN-2015, han coincidido en que se debe actuar con celeridad, pero con rigor académico, blindado la escogencia hacia las personas más idóneas y preparadas.
Hasta hace una semana se habían celebrado cinco sesiones de trabajo con las mesas técnicas -una para la atención del doble terremoto del 24 de junio y otra sobre el fortalecimiento de la democracia y cambios en el Poder Judicial-, además de cinco plenarias entre ambas delegaciones.
Según la delegación de apoyo de la Comisión de la AN-2015, la intención es que para finales de agosto y comienzos de septiembre ya se pueda tener un primer cronograma de trabajo para la selección de magistrados, de manera que los nuevos integrantes de la Alta Corte, sean juramentados en noviembre.
El trabajo de la Mesa de Trabajo tutelada por EE.UU.
Según el artículo 270 de la Carta Magna, “El Comité de Postulaciones Judiciales es un órgano asesor del Poder Judicial para la selección de los candidatos o candidatas a magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. Igualmente, asesorará a los colegios electorales judiciales para la elección de los jueces o juezas de la jurisdicción disciplinaria. El Comité de Postulaciones Judiciales estará integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad, de conformidad con lo que establezca la ley”.
Habitualmente está conformado por 11 diputados y 10 integrantes de la sociedad civil, para un total de 21 integrantes.
“En este caso se espera que haya una mayor participación de la ciudadanía y de la sociedad civil, para que haya más credibilidad en el proceso y una mayor posibilidad de actuación. Es una buena noticia para el país de que muchos hombres y mujeres de la sociedad civil también puedan poner su nombre y ser custodios de los requisitos constitucionales y las evaluaciones para tener el mejor TSJ que podamos tener”, dijo José Miguel Matheus integrante de la Mesa de Trabajo.
Para el anterior proceso de postulaciones (que fue suspendido en junio) presentaron su solicitud 561 personas.
Del listado de nombres hay una gran cantidad de nombres que fueron cuestionados por algunos sectores de la oposición Entre ellas se encontraban Katherine Harrington Padrón. Esta abogada egresada de la UCV es conocida por llevar los casos de la jueza María de Lourdes Afiuni, contra María Corina Machado y el ex acalde de Caracas, Antonio Ledezma. Sobre ella existe una sanción del Departamento del Tesoro de EE.UU., desde 2015, acusada por violaciones de Derechos Humanos y corrupción.
Otro de los nombres es el de Aime Nogal, quien actualmente es una de las cinco rectoras del CNE que estuvo a cargo de los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024. En ningún momento, Nogal llegó a pronunciarse sobre las denuncias de los fraudes procesales que impidieron declarar como ganador al candidato de la MUD, Edmundo González Urrutia.
Carolina García Carreño, fue designada en 2021 como Comisionada Nacional de la Gran Misión Cuadrantes de Paz. El ex fiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray, señaló a través de su cuenta en X que el diputado Pedro Carreño trabaja “actualmente para que su sobrina (Carolina García) haga parte de la Sala Penal del TSJ”.
Todos estos 561 aspirantes pueden volver a postularse.
El diputado, José Miguel Matheus considera que esta vez habrá más interesados en participar en la escogencia de magistrados, porque muchos más “venezolanos van a confiar en el mecanismo de selección”.
Otro elemento que se espera de esta selección de magistrados es que haya una rigurosa revisión de los requisitos académicos que se requieren para ser juez del Máximo Tribunal.
De acuerdo al artículo 263 de la Carta Magna:
Todo aspirante al máximo tribunal debe cumplir con los siguientes puntos de forma excluyente:
-Cumplir con al menos uno de estos tres caminos de trayectoria legal:
De acuerdo a un informe publicado el viernes por la Organización No Gubernamental (ONG), Transparencia Venezuela, los vicios políticos, la falta de cumplimiento del Baremo y la parcialidad y distribución de cuotas partidistas, han llevado a que “en las últimas dos décadas, familiares de miembros del Gobierno, exministros, diputados, oficiales de la Fuerza Armada y reconocidos militantes del partido en el poder, así como algunos integrantes de la llamada oposición reconocida por el Ejecutivo, han terminado vistiendo toga y portando mazo para dictar sentencias”.
Pero, en el actual caso, habrá una diferencia, según el diputado de la AN 2015, Julio César Moreno -también integrante de la Mesa de Trabajo, se aplicará “un candado adicional”.
“Tendremos una comisión de exmagistrados, profesores, académicos, personas de reconocida trayectoria en el derecho para revisar el trabajo que haga el comité de postulaciones y el baremo. Eso es inédito”, apuntó Moreno.
El parlamentario hizo un llamado a la incorporación del país a esta renovación no sólo de decanos, abogados y juristas sino de la sociedad toda.
Caracas / Rodolfo Baptista
