La Red Venezolana de Medios Independientes (REMI) emitió un comunicado en el que exige que se desbloqueen todos los portales informativos.
La Red de Medios Independientes recibe con expectativa el levantamiento de las restricciones de acceso a un grupo de medios de comunicación digitales en Venezuela, pero el desbloqueo debe alcanzar a todos los medios independientes que siguen siendo víctimas de censura.
Hasta la publicación de este comunicado, la restitución del acceso ha sido parcial. Numerosos medios, organizaciones y plataformas continúan bloqueados sin que exista una explicación pública que justifique por qué unos recuperan el acceso y otros permanecen censurados.
Por eso afirmamos que un derecho aplicado selectivamente deja de ser una garantía y se convierte en una concesión discrecional
Durante al menos doce años, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ha utilizado el bloqueo de portales como un mecanismo de censura.
Primero alcanzó a medios internacionales y, desde hace al menos nueve años, se extendió de manera sistemática contra medios nacionales, regionales y locales.
Los bloqueos fueron aplicados sin procedimientos transparentes, sin explicaciones públicas sobre sus causas y sin que los medios afectados pudieran ejercer efectivamente su derecho a la defensa.
No fueron incidentes aislados.
Durante años se desarrollaron mecanismos técnicos de bloqueo que cambiaban según el proveedor y que dificultaban a los ciudadanos el acceso a la información. Su ejecución involucró a empresas públicas y privadas proveedoras de servicios de telecomunicaciones, sobre las cuales Conatel ejerce facultades regulatorias.
El resultado fue una gigantesca barrera levantada entre los venezolanos y la información.
Antes de los recientes levantamientos, organizaciones especializadas documentaban más de 200 dominios bloqueados en Venezuela, entre ellos decenas de sitios informativos.
Pero detrás de esas cifras hay una historia que no puede borrarse con una nueva instrucción de Conatel.
Durante años, los ciudadanos fueron privados de información y los medios independientes perdimos lectores, ingresos, posibilidades de crecimiento y oportunidades de llegar a nuevas audiencias. Periodistas y trabajadores dedicaron incontables horas a buscar formas de evadir la censura: dominios alternativos, páginas espejo, herramientas tecnológicas, redes sociales, boletines, mensajería y estrategias offline.
Investigamos corrupción. Documentamos violaciones de derechos humanos. Contamos las consecuencias de la emergencia humanitaria. Acompañamos a comunidades que habían desaparecido de la agenda pública. Construimos alianzas entre medios nacionales, regionales y locales. Innovamos para llevar información allí donde el Estado intentaba impedir que llegara.
Por eso este desbloqueo no puede borrar lo ocurrido ni ser presentado como una concesión graciosa del poder; y, por eso, ante el último comunicado del Ministerio de Comunicación e Información rechazamos de forma contundente que hoy se hable de “medidas administrativas”, pues nunca en más de una década de bloqueos, ningún medio fue informado de las razones y motivos de la acción censora ejecutada por Conatel y complicidad con las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones.
Tampoco puede considerarse suficiente, pues no todos han sido desbloqueados.
El país merece conocer el alcance completo de la medida, los dominios incluidos y las garantías existentes para impedir que vuelvan a ser bloqueados.
El contexto obliga, además, a mantener la vigilancia.
El 16 de septiembre, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas advirtió que, pese a algunos cambios ocurridos durante 2026, los mecanismos fundamentales del aparato represivo venezolano permanecen en gran medida intactos y que algunas de las reformas observadas pueden ser reversibles.
Los hechos demuestran por qué un desbloqueo tecnológico, aunque importante, no equivale por sí solo a libertad de expresión.
Mientras existan medios bloqueados; mientras permanezcan vigentes normas utilizadas para restringir la expresión y el ejercicio periodístico; mientras periodistas y trabajadores de la prensa puedan enfrentar procesos penales por informar; mientras persistan restricciones al acceso a la información pública y mientras el Estado conserve la capacidad de encender y apagar discrecionalmente el acceso a un medio, la libertad de expresión en Venezuela seguirá condicionada.
El momento en que ocurre esta decisión también exige transparencia. El desbloqueo coincide con un proceso de conversaciones políticas respaldado por Estados Unidos en el que la libertad de expresión forma parte de los asuntos planteados públicamente. Esa coincidencia genera legítimas preguntas sobre las razones y la permanencia de la medida.
Por eso exigimos que el desbloqueo sea total, inmediato, transparente y permanente.
Que Conatel publique las decisiones y órdenes mediante las cuales fueron impuestas estas restricciones y explique sus fundamentos.
Que se establezcan garantías para impedir nuevos bloqueos arbitrarios.
Que sean revisadas y derogadas las normas que restringen ilegítimamente la libertad de expresión.
Que cesen los procesos y mecanismos de persecución contra periodistas y trabajadores de medios por ejercer su oficio.
Y que se garantice el acceso efectivo a la información pública.
Durante años intentaron decidir qué podían leer, escuchar y conocer los venezolanos.
No lo consiguieron.
Los medios independientes seguimos publicando. Los periodistas seguimos investigando. Las audiencias aprendieron a saltar bloqueos, descargar herramientas, compartir enlaces y buscar caminos alternativos hacia la información.
Hoy algunas de esas puertas vuelven a abrirse.
Exigimos que se abran todas.
Porque la libertad de expresión no es una concesión del gobierno de turno. No depende de una negociación política, de una orden administrativa ni de la voluntad de quien controle Conatel.
Y los derechos
Se ejercen.
Se defienden.
Y se garantizan.
Red de Medios Independientes
