Miles de comerciantes y vendedores callejeros protestaban este martes en varias ciudades de Bolivia en rechazo a un proyecto de ley impulsado por el presidente Luis Arce que busca adecuar las leyes locales a la normativa internacional de lucha contra el terrorismo y que, según dicen, podría usarse para perseguir a los trabajadores informales.
La protesta es impulsada por los trabajadores no registrados que representan a cerca del 80% de la economía de Bolivia y cuyos líderes temen que la ley que debate el Legislativo sea utilizada contra el sector, que el año pasado logró frenar el debate de la iniciativa tras multitudinarias marchas.
“Esta es una primera movilización. Esta ley nos afecta a los trabajadores por cuenta propia, comerciantes, artesanos, transportistas. Si compras un bien inmueble y no tienes una factura para justificar la compra porque somos informales, te pueden quitar la casa, te acusarán de lavado de dinero y te pueden procesar por terrorismo”, explicó Jesús Cahuana, dirigente en la ciudad de Santa Cruz, en el oriente.
Las autoridades han calificado de “infundados” esos temores pero no han logrado convencer a los sectores en contra. “Esta ley prevé el congelamiento de activos de terroristas en el ámbito mundial, tiene que ver con los talibanes, con lo ocurrido en las Torres Gemelas. No está pensada para una situación local, es parte de un compromiso internacional”, explicó el ministro de Justicia, Iván Lima.
El proyecto endurece las penas para el delito de terrorismo hasta de 25 años de cárcel e incluye nuevos delitos como financiamiento del terrorismo, legitimación de ganancias ilícitas y prevé la confiscación de bienes. También obliga a los notarios a remitir información a las autoridades sobre transacciones de bienes inmuebles sospechosas. La iniciativa define al terrorismo como las acciones que buscan “subvertir el orden constitucional o deponer al gobierno elegido constitucionalmente” y aquellos delitos “contra la seguridad común o la salud pública”.
La Paz / Con información de AP
