Sindicatos de maestros y trabajadores salieron a las calles de Colombia este jueves para protestar contra las intenciones del gobierno de reformar las leyes laborales del país. Las manifestaciones se dieron en las principales ciudades colombianas horas después de que un alto tribunal fallara en contra de una medida tributaria mediante la cual el gobierno de Iván Duque pretendía solventar su déficit fiscal.
La derogación de la Ley de Financiamiento marca un fuerte revés para la agenda legislativa del presidente colombiano, que ya enfrenta resistencia a sus planes para cambiar las leyes laborales y el sistema nacional de pensiones.
La ley ya mencionada incluye un impuesto a las bebidas azucaradas, otro a las ganancias de las instituciones financieras y también rebajas de impuestos para empresas que importan maquinaria y otro tipo de capital.
“Todo esto complica la agenda legislativa”, dice Sergio Guzmán, Director de Colombia Risk Analysis. “El gobierno no va a poder introducir o flotar las demás reformas hasta que al menos tenga claridad sobre la Ley de Financiamiento.”
En una votación el miércoles por la noche, la Corte Constitucional de Colombia derogó la ley citada argumentando que hubo vicios en su proceso de aprobación. Ésta fue aceptada por el Congreso a finales del año pasado pero sin un debate en la plenaria de la cámara de representantes. Tras varias demandas de políticos y grupos ciudadanos, la corte decidió que la medida quedará sin efecto a partir del primero de enero de 2020.
El gobierno ahora tendrá que renegociar con el Congreso todos los artículos de la norma, lo que podría resultar en un proceso tedioso que relegaría a las demás reformas económicas a un segundo plano.
“Los congresistas no van a aguantar las ganas de modificar la ley (de financiamiento)” asegura Guzmán. “Todo lo que se logró en la legislatura pasada queda otra vez sobre la mesa.”
Contexto
En los últimos meses, funcionarios del gobierno han argumentado que el país necesita hacer cambios a su código laboral para permitir la reducción del empleo informal. Un cambio propuesto por la Ministra de Trabajo es que las empresas puedan contratar a sus empleados por horas, reduciendo así sus gastos en pensiones y salud.
Los sindicatos creen que estos cambios atentarían contra la seguridad laboral de quienes ya tienen trabajos de tiempo completo, ya que podrían ser despedidos y remplazados por trabajadores temporales.
También expresaron su preocupación por una propuesta del gobierno para recaudar fondos mediante la venta de acciones de la empresa nacional de petróleos, Ecopetrol.
Bogotá / AP
