El programa lanzado por Donald Trump para que los solicitantes de asilo en Estados Unidos esperen su proceso en México se ha convertido en una vía para rechazar indiscriminadamente a todo tipo de migrantes que llegan al sur de Texas, mientras ambos países trabajan de forma silenciosa para mantenerlos fuera del territorio estadounidense aunque eso ponga en peligro su seguridad.
Los resultados de esta política sirven a dos gobiernos obsesionados con reducir los flujos migratorios para cumplir las exigencias de Trump, cuya amenaza de imponer aranceles a todas las importaciones mexicanas se mantiene sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, obligándole a presentar resultados con rapidez.
Pese a que el programa conocido como “Permanecer en México” solo está dirigido a quienes solicitan asilo, algunos de los que esperan en las ciudades fronterizas de Matamoros y Nuevo Laredo dicen que nunca lo pidieron. Uno de ellos es Wilfredo Álvarez, un albañil hondureño que cruzó ilegalmente por el río con la intención de buscar un trabajo y poder ayudar a los 7 hijos que dejó en su país. Según dice, le pusieron delante los papeles del programa y fue devuelto con la cita para el juez.
“Pensábamos que si nos agarraban nos deportarían a nuestro país, pero no fue así”, lamenta. “Nos tiraron para acá pero no somos de aquí y se nos hace muy difícil, usted sabe cómo es México”.
Otros aseguran que nadie les preguntó si temían ser perseguidos o acosados en México, aunque las leyes estadounidenses establecen que los migrantes no pueden ser enviados a un país si eso les pone en riesgo.
Las autoridades estadounidenses están dando a cada migrante que devuelven a México una fecha para la audiencia ante un juez que comenzarán a realizarse en septiembre mediante videoconferencias en unas carpas que se están instalando en Laredo y Brownsville, en Texas. Sin embargo, las autoridades mexicanas han trasladado a cientos de esos migrantes desde Nuevo Laredo y Matamoros hasta otras ciudades más al sur, algunas a más de 1.600 kilómetros de distancia, con el argumento de garantizar su seguridad.
Y nada hace pensar que el gobierno mexicano vaya a colaborar en regresarlos a la frontera norte para acudir a sus citas. Al contrario, las autoridades mantienen los ofrecimientos para trasladarlos a la frontera sur y ante este escenario, algunos centroamericanos que se sienten engañados y sin alternativas, han decidido costear sus propios viajes de regreso a casa. ecec
Un pastor evangélico que ayuda a los migrantes en Nuevo Laredo calificó todo este plan como una forma de llevar a cabo “deportaciones encubiertas”.
“Es una forma de enviarles a un país que no es el de ellos y evitarse gastos”, afirmó Aarón Méndez. “Y México no dijo ‘no me los mandes’”.
Dos semanas después de hablar con The Associated Press, Méndez fue sacado por hombres armados del albergue que dirigía. No se ha vuelto a saber de él.
El “Protocolo de Protección a Migrantes”, el nombre oficial del programa conocido popularmente como “Permanecer en México” y lanzado para desmotivar a los solicitantes de asilo, se puso en marcha en enero en Tijuana y a mediados de julio se amplió al este de la frontera, lo cual marcó un punto de inflexión.
Al norte del Río Bravo, en el sur de Texas, se encuentra el área en la que la Patrulla Fronteriza realiza el mayor número de detenciones de migrantes. Del lado mexicano está Tamaulipas, uno de los estados más violentos de México, con altos niveles de corrupción y actividad del crimen organizado, y el único de toda la frontera donde el gobierno estadounidense pide a sus ciudadanos que no pongan el pie.
Estados Unidos afirma que ya han sido devueltos a México al menos 32.000 solicitantes de asilo acogidos al nuevo programa. Sólo en Nuevo Laredo, las autoridades locales estiman que han regresado a unos 5.500; en Matamoros, la cifra es de unos 3.000.
Washington / Agencias
