Productores del circuito arrocero de Calabozo, en el estado Guárico y de Portuguesa, mantienen la exigencia de que el precio de recepción de la cosecha sea fijado de acuerdo con la estructura real de costos y advierten que no permitirán que se repita la crisis registrada durante el ciclo anterior, cuando las importaciones durante la época de recolección nacional generaron una sobreoferta y presionaron a la baja el valor pagado al agricultor local.
Los agricultores aseguran que para el ciclo invierno 2026 se sembraron unas 55.000 hectáreas de arroz en el país y, a pocos días del inicio de la cosecha, persiste la incertidumbre sobre el precio que recibirán por el arroz paddy.
En Portuguesa, los productores consignaron ante la sede regional del Ministerio para la Agricultura Productiva y Tierras (MAT), en Acarigua, un documento formal acompañado de un estudio técnico sobre la estructura de costos del cultivo. El vocero agrícola Edgar Miranda, en representación de los productores, explicó que el análisis establece que el precio sugerido de compra de $0,40 por kilogramo no permite cubrir los costos de producción y coloca a las unidades agrícolas en números rojos.
De acuerdo con el estudio presentado ante las autoridades, el paquete tecnológico para cultivar una hectárea de arroz alcanza, en promedio, los $2.620. Con base en esta estructura, los productores calculan que necesitan obtener un rendimiento mínimo de 6.500 kilogramos por hectárea para alcanzar el punto de equilibrio.
Miranda señaló que el valor mínimo requerido para cubrir los costos de producción es de $0,49 por kilogramo de arroz paddy, siempre que la liquidación se realice efectivamente en divisas, debido a que buena parte de los insumos, la mecanización, las labores de campo y los fletes están dolarizados.
En Calabozo, estado Guárico, los productores también elevaron su voz durante una protesta realizada el miércoles 12, ante la proximidad del inicio de la cosecha y la falta de certezas sobre el precio de recepción. Anyer Partidas, vocero de los productores de este eje arrocero, exigió al ministro para la Agricultura Productiva y Tierras, Vladimir Padrino López, respuestas a los planteamientos formulados por el sector.
"Le decimos al ministro Padrino López de manera frontal y responsable que si no teníamos una respuesta saldríamos a la calle. Él tiene que escuchar al sector productivo porque no es un asunto ni un capricho de un grupo de personas", expresó.
Partidas recordó que el pasado 23 de junio Padrino López se comprometió con los productores de arroz a elevar ante la mandataria Delcy Rodríguez las propuestas consignadas por el sector, surgidas del tractorazo realizado ese mismo mes. "Vamos alzando la voz una vez más y no descansaremos", afirmó.
Los agricultores también cuestionaron la conformación de las mesas de trabajo realizadas durante esta semana. Aseguraron que algunas de las personas convocadas las escogieron "a dedo" y no representan las exigencias de la mayoría de los productores. "Se quieren hacer las cosas una vez más de manera sesgada para que no se encuentre la solución", reclamaron.
Los agricultores sostienen que la discusión no se limita a establecer un precio de compra, sino a garantizar la viabilidad económica de uno de los principales rubros agrícolas del país.
Los productores de Guárico exigieron un precio que permita cubrir los costos de producción y mantener la rentabilidad de un municipio como Calabozo, cuya economía depende en buena medida de la actividad arrocera.
También reclamaron un subsidio para la cosecha entrante del ciclo norte-invierno y rechazaron que las estructuras de costos sean elaboradas con cifras que, según denuncian, no reflejan la realidad de las unidades productivas.
El presidente de la Federación Venezolana de Organizaciones de Productores de Arroz (Fevearroz), José Luis Pérez, ratificó que el sector exige garantías para la recepción del 100 % de la cosecha y la fijación de un precio base.
Pérez sostuvo que el valor no debería ubicarse por debajo de los $0,40 por kilogramo (USDT), tarifa que, según explicó, fue tomada como referencia durante el ciclo anterior. Además, pidió que los plazos y modalidades de pago permitan preservar el valor de la producción en divisas y evitar distorsiones cambiarias.
Uno de los principales puntos de conflicto entre los productores y las autoridades es el ingreso de arroz importado durante el período de cosecha nacional. Según el estudio entregado por los productores de Portuguesa, las importaciones realizadas durante la cosecha generan una sobreoferta que puede provocar una disminución de hasta 35 % en los precios pagados al agricultor.
El sector reclama que el arroz importado no ingrese al país mientras exista producción nacional disponible y que se priorice la compra de la cosecha venezolana. Fevearroz informó que uno de los compromisos alcanzados en las conversaciones con el Ministerio de Agricultura y Tierras y otros organismos gubernamentales consiste en condicionar futuras importaciones a la compra previa y prioritaria de la producción nacional.
Para los agricultores, esta medida permitiría reducir la competencia que consideran desleal y evitar que la llegada de materia prima importada coincida con el momento de mayor disponibilidad del arroz producido en Venezuela.
Según los agricultores, en el ciclo pasado, varias plantas agroindustriales limitaron o retrasaron la recepción del grano argumentando falta de capacidad de almacenamiento, situación que atribuyeron al ingreso de arroz importado.
Los productores aseguraron que esto generó largas colas de camiones, con esperas de entre tres y cinco días para descargar la cosecha. La demora, según denunciaron, provocó deterioro del grano por exceso de humedad y fermentación.
Aunque los productores sostienen que el precio acordado para el arroz paddy húmedo era de $0,40 por kilogramo calculado a tasa USDT, denunciaron que parte de la cosecha fue comercializada por debajo de ese valor y que algunas agroindustrias mantienen retrasos en los pagos.
Desde Guárico, Partidas pidió a Delcy Rodríguez atender las condiciones del sector y cuestionó que mientras se garantizan los derechos económicos de las empresas receptoras e importadoras, productores nacionales continúan enfrentando dificultades para cobrar por el arroz que producen.
Los agricultores señalaron a empresas como Polar, Puro Lomo, Caly y Arroz Mary al referirse a la comercialización e importación del grano y afirmaron que estas agroindustrias todavía mantienen deudas con productores nacionales.
En sus planteamientos ante el Ejecutivo también incluyen la renovación de la Gaceta que exime al sector primario del pago del Impuesto Sobre la Renta y la creación de una comisión agraria nacional que permita evaluar las políticas de importación de alimentos.
Según los voceros, los agricultores venezolanos aportan alrededor de 65 % del arroz que se consume en el país, por lo que consideran necesario priorizar la producción nacional antes de autorizar nuevas importaciones.
Caracas / El Pitazo
