El procurador especial del gobierno interino, José Ignacio Hernández puso su cargo a la orden este miércoles a raíz de "diferencias de opinión" respecto a la aprobación del límite máximo del fondo de litigio realizado por la Asamblea Nacional el pasado 28 de enero.
Según información de El Nacional, Hernández envió un documento a Juan Guaidó en el cual expresó su preocupación por la ejecución de pagos con el fondo de litigio sin haber establecido previamente estrategias en el marco de los intereses de la nación.
"La aprobación de la Asamblea Nacional al fondo de litigios es legal y está ajustada al estatuto. Esa es mi opinión jurídica puesto que para defender los activos, es necesario poder ejecutar una estrategia que permita representar adecuadamente los intereses de la República", dijo el funcionario en su cuenta en la red social Twitter.
En la carta, el político sugirió que no se hicieran pagos en base al acuerdo del 28 de enero. Según él, esto podría generar incertidumbre y el desarrollo de una investigación sobre el uso del patrimonio público.
A su vez, esto podría desencadenar responsabilidades penales para el procurador a largo plazo.
Puerto La Cruz / Redacción web
