La salud de los presos políticos detenidos tras las elecciones presidenciales de 2024 se ha deteriorado en los comandos policiales y militares, sitios que solo deberían funcionar como prisión preventiva por un máximo de 48 horas pero que en la práctica, según denuncias de organizaciones de derechos humanos, han pasado a ser «centros de reclusión permanentes».
El Foro Penal ha calculado 940 detenidos por razones políticas en todo el país hasta el 30 de junio, de los cuales se desconoce el paradero de 50. Según el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, al menos 80 permanecen detenidos en comandos policiales o militares.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha calificado los centros de detención preventiva como sitios «de tortura prolongada», debido a que miles de personas «permanecen detenidas durante semanas, meses e incluso años sin juicio ni sentencia firme».
Las condiciones de estos lugares, según el OVP y Una Ventana a la Libertad, replican lo que sucede en las cárceles en mayor escala: hacinamiento que alcanzó un 312,5% hasta junio del año pasado, escasez de agua potable, falta de ventilación, carencia de servicios sanitarios y de atención médica.
La carga y violencia de estos lugares también se traspasa a los familiares de los detenidos, quienes deben suplir las necesidades básicas de los detenidos y llevar de forma diaria comida y agua, al igual que procurar medicamentos y artículos de higiene, «muchas veces a costa de ser extorsionados por funcionarios o de dormir en las afueras de comandos policiales, bajo condiciones humillantes», ha señalado el OVP.
«En muchos casos, los detenidos ni siquiera han sido presentados ante tribunales o enfrentan procesos viciados por el retardo procesal, quedando atrapados en un limbo legal sin condena ni posibilidad de defensa. Esta situación vulnera principios fundamentales del debido proceso y convierte la detención en una pena anticipada e injusta», insistió el OVP en una alerta.
Esa «condena anticipada» la viven Mayra Castro, Génesis Riera o Jesús Enrique Barreto, tres de los más de 80 presos poselectorales que están detenidos en comandos policiales o pasaron por esos lugares antes de su traslado a una cárcel.
En el caso de la activista de Primero Justicia Mayra Castro, de 47 años, fue detenida cerca de su vivienda –ubicada en el sector La Fila de Cúa, estado Miranda– el pasado 2 de agosto por funcionarios de la Policía Municipal de Urdaneta, luego de visitar a sus dos hijos más pequeños.
La detuvieron con un listado de militantes de PJ y dos modelos de actas electorales, que utilizó para la formación de testigos electorales que participaron en la elección del 28 de julio. El Ministerio Público la acusó de terrorismo, instigación al odio y ultraje a funcionario.
La activista política se encontraba detenida en el comando policial de Nueva Cúa; sin embargo, el pasado 6 de junio fue trasladada al centro penitenciario de mujeres La Crisálida, en Los Teques, por órdenes de tribunales.
«Sigue complicada de salud, puros pañitos de agua tibia, como dice el dicho. Incluso el día que nos enteramos que iba a ser trasladada estábamos en el hospital de Cúa con ella por problemas de la tensión y el dolor de la cervical», señala una familiar.
Además de problemas de hipertensión e infecciones en los ojos producto de las condiciones de reclusión, que causaron traslados constantes a un centro de salud, Castro tiene mucha inflamación en las piernas por la retención de líquidos. Su familia esperó casi un mes para poder ir a visitarla en La Crisálida por el llamado «periodo de adaptación».
«Seguimos sin noticias, sin apertura de juicio, sin nada. Esta es una situación que cada vez que vamos al Palacio de Justicia regresas con más impotencia, sentimientos encontrados, al no obtener una respuesta», afirma la familiar de Castro.
Génesis Riera va a cumplir pronto 11 meses desde su detención arbitraria. La modelo y estudiante del tercer semestre de Comunicación Social fue arrestada el 8 de agosto de 2024 en una zona rural de Punto Fijo (estado Falcón).
Desde entonces permanece recluida en la sede «Banco Obrero» del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de esa ciudad, bajo los cargos de terrorismo, incitación al odio y daños a la propiedad privada. Su madre resalta que «la misma prueba que la acusa es la que demuestra su inocencia», pues se evidencia que intentó mediar para evitar daños en locales o hechos de violencia de los manifestantes.
Su madre, Dairelis Chirinos, ha comentado que la información sobre el caso es limitada, y los recursos tampoco le alcanzan para viajar frecuentemente desde Punto Fijo a Caracas para solicitar información a la defensora pública que lleva el caso.
Génesis fue pasada a juicio, pero aún no se ha fijado la fecha de apertura. Su madre señala que la joven padece de problemas de cervical agravados por las condiciones de reclusión dentro de ese lugar, al que debe llevarle todas las comidas, medicinas, ropa limpia o lo que requiera.
Chirinos insiste al fiscal general Tarek William Saab que retome las revisiones de casos de presos poselectorales y otorgue las excarcelaciones correspondientes. «Esto va para un año, mi hija está presa y no sabemos qué va a pasar».
Pablo Barreto es padre de Jesús Enrique Barreto Juárez, un estudiante de Ingeniería Agrícola de 23 años detenido el 24 de septiembre de 2024 en la ciudad de Trujillo por funcionarios de la policía estadal. Desde entonces se encuentra detenido en el retén policial número 20 de esa localidad.
Los efectivos de la Policía de Trujillo ingresaron a su vivienda apenas se levantaba y se lo llevaron «con la excusa de radiar la cédula en el comando, pero al final no fue así. Lo sembraron con gasolina, un revólver y dos bombas molotov. Lo acusan de terrorista, de incitación al odio», destaca su padre.
A Barreto y otro joven, de nombre Antonio González, los relacionaron con disturbios contra una marcha del Partido Socialista Unido de Venezuela en el sector El Calvario de Trujillo, pero su padre niega los hechos. «Mi hijo nunca participó en marchas».
Barreto padre señala que Jesús Enrique, que padece de lupus desde los 12 años, ha sufrido varios desmayos y no han podido llevarlo a consultas especializadas porque la defensora pública no ha hecho las diligencias correspondientes. Asegura que en los más de ocho meses que ha estado detenido su hijo, la abogada Andrea Scott no lo ha atendido ni una sola vez.
«Pido que se aclaren las cosas, que se investiguen cómo es porque es inocente, todos esos jóvenes son inocentes. Le hago un llamado a los organismos para que intercedan por eso. Hay muchos detenidos que están enfermos», solicita.
Pablo Barreto dice que la carga «para nosotros los padres es fuerte. Hay que viajar, sacar dinero de dónde no lo hay, viajar a Caracas cada dos o tres meses a ver si encuentro la solución para que lleven a mi hijo a la cita médica. En tribunales atienden bien, pero la abogada Andrea Scott nunca está, no dice nada. En la Fiscalía 58 (que lleva el caso) sí me han atendido bien, me han ayudado, pero estamos esperando».
Caracas / TalCual
