El gobierno de Nicolás Maduro se ha manejado entre dos aguas desde el año 2014. Por un lado asoma su supuesta disposición a dialogar con una parte de sus oponentes, mientras que, por el otro, ejecuta medidas en contra de sus principales adversarios políticos. Este patrón lo ha adoptado de manera repetitiva. Esta vez, cuando la oposición se encuentra notablemente fracturada y evaluando la posibilidad de acudir a las urnas electorales, el régimen arrecia y sigue generando descrédito.
El politólogo Pierto Trepiccione describe este comportamiento como una estrategia que busca sembrar desconfianza en la población para que disminuya la intención de tomar parte en las elecciones: “Usan la persecución con pincelada para seguir dividiendo a la oposición y limitar su accionar. Esto es para que no se pueda producir un efecto electoral contrario a lo que el gobierno estima”.
De acuerdo con un informe semestral del Centro de Justicia y Paz, publicado el 21 de julio de 2021, cada 10 horas una persona es perseguida o criminalizada en Venezuela. Datos del Foro Penal revelan que en el país hay actualmente 276 presos por razones políticas. Solo 129 son militares.
Previo a las últimas cinco detenciones, entre las que destacan la del activista Javier Tarazona y el político Freddy Guevara, además de la persecución a Juan Guaidó, el gobierno había dado dos concesiones importantes: un Consejo Nacional Electoral más equilibrado y la devolución de la tarjeta electoral de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
“Estas flexibilizaciones están muy bien calculadas. Ellos (el gobierno) confían en que no habrá una unidad efectiva en el G-4, están jugando a que no haya una apuesta electoral amplia, que tampoco haya unanimidad, y por lo tanto les permita no estar tan expuestos. Así no tendrán que hacer nuevas concesiones”, opina Fernando Spiritto, politólogo y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab).
A través de la persecución contra algunos miembros de la oposición venezolana, el gobierno da una patada a las conversaciones que se venían adelantando con un sector, profundiza las divisiones y compromete la posible consolidación de la unidad ante el evento electoral del próximo 21 de noviembre.
Según el director de la encuestadora Delphos, Félix Seijas, 53% de los electores están dispuestos a manifestar su voluntad en los venideros comicios. Esta posibilidad, a juicio de los politólogos, es la que el chavismo busca revertir.
“El peor escenario para Maduro sería una participación de 60% del electorado. Pero con una participación reducida, su margen de control del proceso electoral es mayor, y su rango de posibilidad de ganar la mayoría de las gobernaciones y alcaldías aumenta”, expresa Trepiccione.
La mayor persecución hacia la disidencia se ha gestado durante los últimos siete años de gestión chavista, en los que ha mandado Nicolás Maduro.
“Cuando Chávez dejó el poder (2013) quedaron 11 personas como presos políticos, eran básicamente los hermanos Guevara y los funcionarios de la Policía Metropolitana. En aquella época, las detenciones no pasaron de 300, pero desde 2014, por motivos políticos y por protestar, han sido detenidas más de 6.000 personas”, dijo uno de los directores del Foro Penal, Gonzalo Himiob, en diciembre de 2016.
Ese año cerró con 109 presos políticos. La mayoría había sido detenida en 2014, cuando se inició el movimiento La Salida, que encabezaron los dirigentes María Corina Machado, Antonio Ledezma y Leopoldo López.
En 2017, la cifra subió a 214. Fue el año en que se registraron más de cuatro meses de protestas, lo que dejó la aprehensión de 849 personas y 756 excarcelaciones.
Al año siguiente, la cantidad de presos de conciencia aumentó a 288, y en 2019, casi 400 personas permanecían tras las rejas.
Foro Penal resalta que en 2020, la persecución fue más selectiva que masiva debido a que por la pandemia por COVID-19 las protestas disminuyeron. Fue así como el año pasado, la organización contabilizó 421 personas detenidas por motivos políticos, para cerrar con 351 privados de libertad.
“Este número es el menor de detenidos políticos desde el año 2014, que en total, hasta el final del 2020 suman un total de 15.668 detenidos políticos desde el 2014”, refiere esta organización dedicada a la defensa de éstos.
Traición a la patria, asociación para delinquir, ultraje al centinela y financiamiento al terrorismo son los delitos que, de manera recurrente, imputan los tribunales confabulados con el Ministerio Público. En muchas ocasiones, a los presos políticos se les impone un defensor público que responde al oficialismo y no vela por el cumplimiento del debido proceso.
Un ejemplo reciente de ello es el caso de Freddy Guevara, exdiputado de la Asamblea Nacional y miembro de la dirección nacional de Voluntad Popular. Tras cumplir 58 horas detenido, fue presentado el 15 de julio en un tribunal de la República, en horas de la madrugada.
A Guevara se le negó el derecho a la defensa privada y lo acusaron de cometer los siguientes delitos: terrorismo, traición a la patria, asociación para delinquir y atentado contra el orden constitucional. La instancia tribunalicia, a cargo del juez Mascimino Sánchez, ordenó la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en El Helicoide como centro de reclusión.
La oposición no puede estar más dividida, advierte Spiritto, quien aclara que si el liderazgo opositor a Maduro estuviese unido, el gobierno no hubiese cedido la tarjeta electoral de la MUD que le dio el triunfo con 112 diputados, el pasado 6 de diciembre de 2015.
“El gobierno no tiene que hacer mucho. Saben que las divisiones son muy profundas”, recalca Spiritto.
Trepiccione, por su parte, recomienda a los opositores tomar decisiones de forma madura y en unidad. Esto les podría servir para enfrentar la división y confrontación que busca el oficialismo.
“La idea es reabrir el juego democrático del país y reacomodar las fuerzas para alinearlas con el descontento de la población. El foco de la articulación no se debe perder”, considera.
Ante las últimas persecuciones, Spiritto duda que se reinicien negociaciones entre el gobierno y la oposición. Y esta situación solo podría favorecer a Maduro que, como ocurre desde 2017, diseñará las elecciones regionales y municipales para hacerse la mayoría de los cargos y apartar a la oposición del terreno político.
Apenas faltan cuatro meses para que se celebren los comicios y Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo no han anunciado públicamente si asistirán o no. Desde las últimas elecciones de gobernadores, llevadas a cabo en octubre de 2017, la oposición no se lanza en bloque porque alegan que las elecciones son a la medida del chavismo.
No obstante, algunas facciones de estos partidos y otros aliados consideran que la nueva conformación del Poder Electoral abre la puerta a la lucha por condiciones que permitan la participación, la habilitación política de dirigentes y la observación internacional. Es el caso de Henrique Capriles Radonski, Roberto Patiño, alcaldes e integrantes de Fuerza Vecinal y miembros de Fedecámaras.
Spiritto concluye que, tomando en cuenta la intención de participación, la oposición tendría que crear una plataforma parecida a la de 2015. Sin embargo, las divisiones a lo interno podrían retrasar este objetivo.
Caracas / Sammy Martínez
