Según los recientes reportes del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (Ovcs), en los primeros 23 días del año se han registrado más de 500 protestas en todo el país, siendo uno de los principales motores, las exigencias de mejoras en las reivindicaciones laborales.
Los dos días con mayor registro de manifestaciones, según la Organización No Gubernamental (ONG), fueron el 9 de enero, con 85 acciones de calle, y el 16 de enero con 101 protestas, la mayoría de ellas encabezadas por maestros, profesores y empleados públicos.
Una de las características más importantes de este tipo de manifestaciones es que han estado desvinculadas de conducción partidistas además de haber tenido convocatorias masivas de gremios y sindicatos en al menos15 entidades.
Luego de 2017, la protesta política cayó en un letargo. A ello le siguió el freno para la población que impuso la aparición del Covid. Sin embargo, la pandemia no desmovilizó del todo a la ciudadanía ya que durante 2020 y 2021 se contabilizaron también acciones de calle, aunque más reducidas y focalizadas a reclamos puntuales de las comunidades.
"Según los reportes en Twitter del Ovcs, los primeros 17 días del mes acumularon 400 protestas. Posteriormente , el 18 de enero se sumaron 30 mas en 19 entidades. El día 19 fueron otras 30 en 15 estados y el 20 de enero, 34 manifestaciones en 14 entidades. Agregando las actividades de calle del fin de semana y del 23 de enero, superan las 500."
De acuerdo al Ovcs, en enero de 2020 -cuando todavía no se había declarado las restricciones de movilización por el virus-, se reportaron 618 protestas, un promedio de 21 diarias, mientras en enero de 2021 se contabilizaron 489 acciones -durante el primer trimestre de ese año hubo una disminución de 24% con respecto al mismo lapso de 2020.
Pero hasta el año pasado, las manifestaciones estaban muy lejos de compararse con las protestas masivas de los años 2014 y 2017, aupadas por la oposición política y que se replicaron en varias entidades, En un lapso de dos años, los reclamos ciudadanos cambiaron a otras variantes –como concentraciones de vecinos o los “pancartazos-, para mantenerse como válvulas de escape frente al malestar por la crisis.
Para el coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui, “no debería ser una sorpresa esta reacción de los gremios educativos a comienzos de 2023 de movilizarse en todo el país para exigir una mejora en sus condiciones de vida, en su poder adquisitivo”. Indica que, a finales de 2022, las expectativas estaban dirigidas a que la economía tuviera una cierta mejora, las cuales se incumplieron, “debido a la devaluación de la moneda venezolana”.
“A pesar de que se intente que 2023 sea el año de la coyuntura electoral, creo que va a ser, en cambio, el año de los derechos sociales. Esto tiene que ver con el terrible y dramático deterioro de las condiciones de vida”, apuntó Uzcátegui quien no duda que a las acciones de calle de los docentes y maestros se sumen otras movilizaciones sindicales y laborales.
Algunas protestas registradas en las últimas tres semanas han sido objeto de acciones represivas por parte de organismos de seguridad del Estado.
“Tenemos muchas preocupaciones con la respuesta represiva e intolerante de las autoridades a estas movilizaciones. La gente está mostrando un malestar y ese malestar debería ser canalizado (…) No hay que caer en la tentación de la violencia, le da excusas a las autoridades para reprimir ese ejercicio legítimo de la manifestación pacífica”, agrega el vocero de la ONG de Defensa de Derechos Humanos en entrevista divulgada por Provea a través de sus redes.
Considera Uzcátegui que en la actualidad no hay respuesta de los ministerios, ni hay una Defensoría del Pueblo al lado de la ciudadanía, ni los entes en la Administración Pública dan garantías para el disfrute de derechos.
De lado del Ejecutivo, otra de las respuestas es atribuir la responsabilidad de la merma en las condiciones de vida, a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, situación que, a juicio del gobierno madurista, ha impedido contar con los recursos suficientes para incrementar los salarios.
El último ajuste del ingreso fue decretado en marzo de 2022, cuando se llevó el sueldo mínimo a Bs 130, en aquel momento equivalente a $30. Hoy en día, producto de la devaluación, sólo equivale a $6,33.
En los últimos siete años, se han registrado “protestas espontáneas” -e incluso en algunos casos pequeños estallidos sociales-, en distintas zonas del país que surgen sin convocatorias previas de organizaciones o toldas partidista, nacidas de las necesidades de la población, ya sea por exigencias laborales, déficit en el sistema de salud y alimentación, colapso de servicios públicos -falta de luz, agua y gas- o la escasez de combustible.
Desde el año pasado se han agregado otros reclamos como son la dolarización el salario. Pero las manifestaciones estrictamente políticas han ido quedando relegadas.
Para el coordinador de Provea, el actual diálogo político que se espera continue en México, necesita también de un foro social.
“Se tienen que abrir mecanismos para que los gremios y las asociaciones del país puedan tener interlocución con las autoridades que van a tomar decisiones. Si el diálogo se limita a la esfera política (electoral) y no va acompañado de mejoras de las condiciones para la población, lamentablemente ese escenario de diálogo no va a cumplir las expectativas”.
En los momentos en los que han ocurrido protestas espontáneas, desvinculadas de la conducción política opositora, muchos analistas y voceros políticos han pronosticado un aumento pronunciado de las manifestaciones de calle que a la larga sería incontrolable para el Gobierno. Sin embargo, esto no ha sido así, ya sea por la represión de los organismos de seguridad del Estado, o, según algunos, por falta de dirigencia que canalice el descontento.
Una de las primeras manifestaciones –aunque no fue generalizada-, ocurrió el 2 de junio de 2016, cuando un grupo de vecinos se movilizó en la avenida Fuerzas Armadas, en el centro de Caracas, exigiendo la venta de productos regulados, ante la amenaza de que éstos sólo fueran distribuidos por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).
Los manifestantes, muchos de ellos amas de casa, se desplazaron por la avenida Urdaneta con dirección al Palacio de Miraflores. Aunque fue una protesta espontánea, el Gobierno la atribuyó a sectores del partido Bandera Roja y grupos de bachaqueros.
De igual forma se dieron intentos de saqueos, muchos de los cuales permanecían “invisibles” a la opinión pública. El Ovcs contabilizó, durante el primer cuatrimestre de 2016, 166 saqueos e intentos de violentar comercios.
En diciembre de 2016, la crisis de efectivo generada por la decisión del Gobierno de retirar de circulación el billete de Bs 100 provocó una ola de protestas en el país. 286 detenidos fueron privados de libertad en el estado Bolívar -durante los hechos fueron saqueados 320 negocios en Ciudad Bolívar.
En los últimos días de 2017 y comienzos de 2018 resurgió la protesta popular espontánea, distintas a las manifestaciones políticas de abril a julio de ese año. En este caso, también se originaron sin convocatoria, y obedecían a las fallas de alimentos, gasolina u otros insumos. Diciembre, aunque era un mes históricamente más tranquilo, reportó en 2017 índices de protesta altos. Más de 100 acciones se realizaron en los días previos a 2018 donde la motivación principal fue la comida. En 63 de ellas los ciudadanos exigían las cajas del Clap y la entrega de perniles.
Luego en 2019 otra oleada de manifestaciones populares detonó en el marco de los mega apagones que afectaron al país la primera mitad del año. En Caracas, el último día de marzo de ese año se registraron protestas en al menos 18 zonas de Caracas -muchas de ellas populares-, incluyendo una a pocos metros del Palacio de Miraflores, donde ciudadanos se movilizaron para exigir el suministro de energía eléctrica y de agua potable.
Caracas / Rodolfo Baptista
